García Ortiz, señalado

Manos Limpias denuncia al fiscal general ante el Supremo por la revelación de secretos de la pareja de Díaz Ayuso

El TSJ ultima su decisión para elevar al alto tribunal la investigación de este asunto tras reconocer la fiscal superior que la orden para publicar la nota de prensa partió de García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, en el Pazo de Mariñán

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, en el Pazo de Mariñán / M. Dylan - Europa Press

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Manos Limpias ha presentado en el Tribunal Supremo una denuncia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos al ser responsable último de la difusión por la Fiscalía de Madrid de una nota de prensa que contenía datos del pacto que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ofrecía para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda. 

Solicita que se abran diligencias contra él y agrega que, además, su presunta "responsabilidad criminal" se vería agravada por ejecutar el hecho con abuso de superioridad y prevalerse de su cargo público, según el escrito de siete páginas registrado este mismo lunes al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El movimiento de esta organización --la misma que interpuso la acción penal que originó la apertura de un procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez-- coincide con el análisis que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid está realizando sobre la posibilidad de elevar al Supremo una exposición razonada contra García Ortiz por el mismo asunto. El órgano superior madrileño investiga a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y al fiscal Julián Salto, adscrito a la causa contra Alberto García Amador, por la difusión de la nota, pero carece de competencia contra el fiscal general dada su condición de aforado.

Por el momento, y tras recibir un escrito del propio García Ortiz atribuyéndose la responsabilidad final sobre la difusión de la nota --con el objetivo de responder a unas informaciones falsas en prensa que atribuían a la fiscalía, y no al empresario, la iniciativa de llegar a un pacto-- el magistrado del Tribunal Superior Francisco Goyena está esperando que tanto la defensa de éste como el Colegio de la Abogacía de Madrid le respondan qué procede hacer en función de lo dicho en el citado escrito.

¿Ampliación de querella?

Fuentes del Colegio de la Abogacía de Madrid han señalado que el traslado de este asunto que les hizo el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Madrid no tiene por qué suponer una ampliación al fiscal general de la querella que ellos presentaron inicialmente contra los dos fiscales de Madrid. "No se amplia querella una vez está identificado autor, no hace falta", señalan a este diario en fuentes del Colegio.

Se refieren con ello, al igual que hace Manos Limpias en su denuncia, a las consecuencias que puede tener para el futuro del procedimiento la declaración prestada el pasado jueves por la l fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien ratificó que el fiscal general le ordenó que publicara la citada nota de prensa, una decisión con la que ella no estaba de acuerdo. Apuntó que las órdenes le fueron trasladadas tanto a través de WhatsApp como en correos electrónicos, según detalla la denuncia.

"Es obvio que después de los testimonios ante el Instructor y de las propias declaraciones en medios televisivos del denunciado asumiendo la responsabilidad del referido comunicado está más que justificada la presente denuncia", agrega Manos Limpias, que añade unas manifestaciones incluidas por el propio García Ortiz en su escrito al Tribunal Superior. "La publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas”.

Consideran que en este caso se quebrantó por parte de García Ortiz el deber de sigilo y discreción que se impone al funcionario público por el artículo 80 de la ley de funcionarios civiles. "Pero el daño generado en el caso que nos ocupa, ha adquirido unas dimensiones y una relevancia desorbitada, desbordando el marco de ilicitud administrativa para integrarse en un ilícito penal", agrega Manos Limpias.