En el Congreso
La amnistía se aprobará de manera definitiva el 30 de mayo
La mayoría de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG levantará el veto que aprobó el PP en el Senado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras el pleno sobre los tres primeros decretos de la legislatura. / / JOSÉ LUIS ROCA
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Por qué confiar en El Periódico La ley de amnistía ya tiene fecha para su aprobación definitiva. Será el jueves de la próxima semana, 30 de mayo, cuando la mayoría absoluta que hizo presidente a Pedro Sánchez vote a favor de la norma y levante el veto del Senado. 200 días después de que el PSOE registrara la ley en solitario y tras una tramitación digna de estudio, la medida de gracia quedará aprobada y entrará en vigor en los días siguientes, nada más se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aun así, a la amnistía le queda después otro periplo por superar, la batalla judicial.
Retrasos de por medio, zancadillas de propios y ajenos y saltos dobles con tirabuzón han ido alargando la tramitación parlamentaria de la amnistía, cuyo final se esperaba en marzo. Sin embargo, será la próxima semana, a finales de mayo, cuando la Cámara Baja, con la mayoría de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, levante el veto que aprobó el PP la pasada semana en el Senado. De esta forma, la medida de gracia estará en vigor en los primeros días de junio, justo antes de las elecciones europeas del 9-J.
La votación será un momento clave en la legislatura, ya que la amnistía surgió del pacto del PSOE con ERC y Junts para hacer presidente a Sánchez. De esta forma, los socialistas darán por cumplida la principal demanda de las formaciones independentistas. Además, como ocurrió ya la semana pasada, tanto en el PSOE como en el Gobierno reivindican aún más la amnistía tras los resultados electorales que logró Salvador Illa en las elecciones catalanas.
Su aprobación en la Cámara Baja será su último trámite parlamentario, pero aún le quedará camino por delante. Tras amenazar con un choque institucional entre el Congreso y el Senado que ha quedado en nada, el PP insiste en que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional. Además, todos los jueces que deben aplicar la ley podrán presentar recursos ante el TC o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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