Memoria democrática

La Comunidad Valenciana se reafirma en su ley de concordia tras el varapalo de la ONU

Mazón insiste en que la propuesta valenciana "blinda" a las víctimas del franquismo y a la vez amplía el reconocimiento a "otras víctimas de violencia política"

PSPV y Compromís salen en tromba a solicitar la retirada de la norma mientras el PP critica la injerencia de Sánchez en el informe y Vox ataca a Naciones Unidas

El síndic del PPCV, Miguel Barrachina, y el adjunto de Vox, David Muñoz, ayer en las Corts.

El síndic del PPCV, Miguel Barrachina, y el adjunto de Vox, David Muñoz, ayer en las Corts. / JOSÉ CUÉLLAR

Mateo L. Belarte / Diego Aitor San José

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Con el don de la oportunidad, el informe de la ONU sobre las leyes de concordia pactadas por PP y Vox en la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León se conoció este viernes, apenas unas horas antes de que arrancaran en las Corts valencianas las comparecencias de representantes de la sociedad civil para realizar aportaciones a la norma autonómica, que se tramita estos días en el parlamento valenciano. El varapalo de Naciones Unidas a los tres textos, que según los relatores firmantes vulneran los derechos humanos por "invisibilizar" los crímenes del franquismo, marcó la jornada, dando munición a la izquierda para exigir su retirada y forzando al president Carlos Mazón a cerrar filas con la ley de PP y Vox.

El jefe del Consell, que aseguró no conocer el documento original, señaló que si en él se han incluido críticas a la ley valenciana es porque la ONU “no se ha leído” la iniciativa valenciana. El tirón de orejas de Naciones Unidas no hizo moverse un ápice de su posición a Mazón, que insistió en el argumentario desplegado por su Ejecutivo desde la presentación de la iniciativa conjunta de PP y Vox.

"Consolida y blinda los derechos de las víctimas de la dictadura franquista” y, además, “incorpora derechos a otros que han sido víctimas de violencia política, que también tienen derechos”, dijo. Por ello, cuestionó el grado de conocimiento de la ONU sobre la propuesta valenciana. “Ni se la ha leído ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana”, dijo antes de remarcar que “en tan solo diez meses” en el cargo ha firmado “422 exhumaciones provocadas por la violencia de la dictadura franquista”.

Estas iniciativas efectivamente han sido ejecutadas por el nuevo Consell, si bien fueron adjudicadas por el Botànic en una de las últimas órdenes firmadas por la Conselleria de Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de Rosa Pérez Garijo y no podían ser revertidas. El propio Mazón se comprometió al poco de asumir la presidencia a mantenerlas "por seguridad jurídica" si bien ya avanzó entonces un giro en esta materia.

Lo que sí ha hecho el actual Ejecutivo autonómico ha sido ordenar la retirada de 500.000 euros del presupuesto de 2024 destinados a actuaciones de memoria como exhumaciones y retirada de simbología franquista. Presidencia asegura que se trata de un "aplazamiento temporal" forzado por los retrasos heredados del Botànic y que los fondos se recuperarán en 2025.

La izquierda pide la retirada de la ley

La izquierda, por su parte, recibió como agua de mayo el informe de la ONU y lo convirtió en munición política contra la norma valenciana de PP y Vox. PSPV y Compromís cargaron duramente contra los socios del Consell al señalar que la propuesta sitúa a la Comunitat Valenciana como "capital de la vergüenza".

"Hemos conocido un informe que nos deja en muy mal lugar, es muy triste que tenga que venir la ONU a defender los derechos humanos en la Comunitat Valenciana", expresó la socialista Mercedes Caballero, quien lamentó que el Consell es "un gobierno irresponsable". Además, reclamó al Ejecutivo autonómico que "escuche a las víctimas e historiadores" que acudieron ayer a la cámara autonómica, "a ver si rectifica".

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, amplificó la ofensiva socialista y defendió que las conclusiones de la ONU refuerzan la posición del Gobierno central, del que forma parte. Así, señaló que el informe prueba que las leyes "atentan contra los derechos humanos y blanquean el franquismo" y avala los recursos judiciales anunciados por Moncloa: "La ONU lo tiene claro", sentenció.

Por su parte, Isaura Navarro, representante de Compromís en la comisión, vinculó la orientación de la ley de Concordia con la influencia que según la valencianista tiene Vox sobre Mazón. "Es uno de los precios de la presidencia de Mazón", dijo Navarro, que añadió que ese "precio" supone "vulnerar los derechos humanos", ir "contra la Constitución" y "vulnerar los derechos de las víctimas y las normas internacionales". "Somos el hazmereír de la comunidad internacional, ya está bien", protestó.

PP y Vox, contra Sánchez y la ONU

Desde el otro lado del arco parlamentario, PP y Vox replicaron el cierre de filas de Mazón con la ley, con algunos matices. Los populares cargaron contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuyendo el informe a una supuesta denuncia del socialista ante la ONU, mientras sus socios atacaron directamente a Naciones Unidas por inmiscuirse en la "soberanía nacional".