Se agrava la carencia de médicos en las prisiones del Estado

Las prisiones bajo dependencia del Gobierno central sufren una endémica falta de médicos que ya supera el 66% de las plazas, según han denunciado los sindicatos penitenciarios ACAIP y UGT. La denuncia, hecha pública por las dos centrales con ocasión de la festividad este domingo de La Merced, patrona del personal de Instituciones Penitenciarias, tilda la situación de “colapso”.

El porcentaje de falta de cobertura de plazas vacantes multiplica la media del déficit de personal en las prisiones: mientras ésta se sitúa en el 13,57%, la carencia de médicos ya está en el 66,86%, habiéndose agravado en tres puntos a la vuelta del verano.

Tres prisiones españolas, las de Murcia, Cáceres y Tenerife, no tienen en este momento ningún médico asignado. Eso afecta a algo más de 1.500 reclusos, la población sumada de esos tres centros penitenciarios.

En cárceles como las de Zuera (Zaragoza), Castellón II y Valladolid, falta el 90% de los facultativos previstos. Valencia, la prisión más grande de España con 2.000 reclusos, cuenta con tres médicos.

En todas esas prisiones, explican fuentes penitenciarias, se recurre a conducciones extraordinarias al exterior, a telemedicina ejercidea por el doctor o doctora de otra prisión en horas extra o a contratación eventual de algún médico cuando surge la necesidad de consulta.

Enfermos especiales

La denuncia de los sindicatos incide en que la falta de médicos afecta no solo a la atención a los internos, también a la seguridad dentro de las cárceles. Los médicos “deben atender a los internos a su ingreso y hacer una valoración clínica y cribado para evitar problemas de salud pública en el interior, como brotes de enfermedades infecciosas o parasitarias”, dice la nota sindical, que continúa: “Además, es imprescindible una detección precoz de enfermedades mentales y una correcta administración de fármacos”.

Por esas razones, los vigilantes de las prisiones creen que los médicos son esenciales para la calma y el tratamiento penitenciario intramuros, y para todo lo relacionado con incidentes regimentales que pueden alterar la vida en prisión. La presencia de un médico es importante, por ejemplo, cuando los vigilantes han de inmovilizar a un preso que se ha puesto violento.

Las patologías más frecuentes entre los internos de las cárceles españolas son, por este orden, la enfermedad mental (incidencia de más del 30% de la población reclusa), las enfermedades infecto-contagiosas derivadas de la drogodependencia y las hepáticas.

“El seguimiento directo de cada historial se hace muy complicado con esta falta de médicos”, indica un portavoz de Acaip. A los funcionarios les preocupa además la prevención y el seguimiento de males específicos como la sarna. “Sin atención inmediata, puede convertirse en un problema en el interior”, indica la misma fuente.

Cuestión de dinero

Por regla general, y según suelen coincidir sindicatos sanitarios y sindicatos penitenciarios, un médico de prisión gana al año 20.000 euros brutos menos que uno empleado en la atención primaria pública desde hace al menos cinco años.

Al ramo de la sanidad pública autonómica mira Instituciones Penitenciaras. Desde 2018, el secretario general Angel Luis Ortiz “ha contactado con todas las autonomías”, indican fuentes de ese departamento de Interior, para dar cumplimiento a la disposición adicional VI de la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Fue promulgada en 2003, gobernando José María Aznar.

Esa ley dice que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”. El texto daba 18 meses desde su entrada en vigor para cumplirlo. Han pasado 20 años.

De momento tienen médicos del sistema público los centros penitenciarios dependientes de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno Vasco y Gobierno Foral de Navarra. No se registra, según fuentes penitenciarias catalanas, carencia de personal facultativo en los territorios con competencias penitenciarias transferidas, donde los reclusos se consideran parte de la población general a efectos sanitarios, y los de cada cárcel dependen de los centros de salud del término municipal en el que se enclava.

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El año pasado, Instituciones Penitenciarias explicó al Defensor del Pueblo su problema: los médicos no acuden a sus ofertas de empleo en prisión. Las plazas “quedan desiertas debido a la falta de demanda”, constató el Defensor. Así ocurre en el 80% de los casos, por lo que no se llega en las cárceles dependientes de Interior a cubrir las ausencias que provoca el mero movimiento vegetativo de sus profesionales.

Por La Mercé, Acaip y UGT han llamado al Gobierno y a las comunidades autónomas a “no dejar caer el sistema sanitario penitenciario” y a “no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad”.