¿Qué se puede hacer ahora en catalán en la Unión Europea?

Fue durante el mandato de otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, a mediados de 2005, cuando las tres lenguas cooficiales lograron la visibilidad que tienen hoy en día. La solicitud inicial, lo mismo que la cursada este verano por el Gobierno de Pedro Sánchez, apostaba por modificar el reglamento para reconocer oficialmente, en plena igualdad de condiciones, a las lenguas distintas del castellano que cuentan con estatus oficial en España y que citaron entonces como “el euskera, el gallego y la lengua que se denomina catalán en la Comunidad Autónoma de Catalunya y en la de las Islas Baleares y que se denomina valenciano en la Comunidad Valenciana”.

1,5 millones al año

La iniciativa chocó entonces con las reservas de otras delegaciones aunque el Consejo de Asuntos Generales (CAG en sus siglas en inglés) sí aceptó mejorar el reconocimiento por medio de acuerdos administrativos entre España y las instituciones europeas. Eso sí, para lograr luz verde, el Gobierno español tuvo que asumir los gastos administrativos de la interpretación y traducción y estimados en aquel entonces por el Gobierno de Rodríguez Zapatero entorno al medio millón de euros anuales para cada una de las tres lenguas, es decir 1,5 millones de euros al año. 

A raíz de dicho pacto, España logró firmar acuerdos con el Consejo (2005), la Comisión Europea (2005), el Comité de las Regiones (2005), el Consejo Económico y Social (2005), el Defensor del Pueblo (2006) y el Tribunal de Justicia de la UE (2009) para posibilitar las traducciones en las comunicaciones e incluso la interpretación en algunas reuniones del Consejo y el Comité de las Regiones (CdR), lo que ha permitido que consejeros y representantes autonómicos puedan hablar euskera, gallego y catalán en reuniones oficiales y en los plenarios del CdR.

Revés en la Eurocámara

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Es decir, todas las instituciones salvo el Parlamento Europeo, presidido por aquel entonces por Josep Borrell, cuya mesa -que reúne a presidente, vicepresidentes y cuestores- rechazó el acuerdo en abril de 2006. Fue a instancias del Partido Populares Europeo -el popular Alejo Vidal Cuadras era vicepresidente de la cámara- y de los Liberales que se escudaron en “razones técnicas” y en las dificultades para cubrir los servicios de interpretación y traducción a las nuevas lenguas oficiales de los Estados miembros recién incorporados a la UE. Lo que sí admitió finalmente la cámara -en julio de 2006- fue la posibilidad que los ciudadanos pudieran comunicarse con la institución en catalán, gallego euskera. Un derecho que, según las cifras que maneja la propia institución, no ha sido excesivamente ejercitado, particularmente en euskera y gallego. 

Durante los dos primeros años en los que se admitió el uso de las tres lenguas en la correspondencia con el Parlamento Europeo, desde mediados de 2006 a mediados de 2008, no llegó ni una sola misiva, propuesta o queja en euskera mientras que en gallego fue recibida 1 sola petición y unas 40 en catalán. Desde entonces ha situación ha mejorado aunque solo ligeramente. Desde 2017, según los datos de los que dispone la Eurocámara, el número de las solicitudes de ciudadanos recibidas en alguna de las tres lenguas asciende a 687, todas ellas en catalán: 223 en 2017, 51 en 2018, 118 en 2019, 9 en 2020, 13 en 2021, ninguna en 2022 y 273 en 2023. La delegación del Parlamento Europeo en Cataluña traduce además notas de prensa y presentaciones al catalán lo mismo que la oficina de la Comisión Europea cuya web y notas de prensa también están en catalán.