Apertura del año judicial
El fiscal general defiende que la democracia "no es ni puede ser inmóvil" en plena negociación por la amnistía
García Ortiz afirma que el sistema democrático puede "soportar las más fuertes tensiones"
Defiende la ley del 'sí es sí' y reivindica "la lucha de las mujeres y los logros del feminismo como motor de transformación social"

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop a su salida de la apertura del año judicial 2023/2024. / José Luis Roca


Cristina Gallardo
Cristina GallardoRedactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.


Ángeles Vázquez
Ángeles VázquezPeriodista
Periodista especializada en tribunales desde 1996. Primero en Europa Press, donde fui jefa de la sección de tribunales hasta que me incorporé a 'Público'. El cierre de su edición en papel me llevó a pasar al 'otro lado' e incorporarme a prensa del Ministerio de Justicia. Acabada esa etapa colaboré con el 'Ara' hasta que me incorporé a la redacción de 'El Mundo'. Llegué a 'El Periódico' en 2016 y desde entonces vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, eludió hacer una referencia expresa a la amnistía en su discurso en el acto de apertura del año judicial, pero sí resaltó "la fortaleza del sistema democrático", que "no es ni puede ser un sistema inmóvil: evoluciona, aprende de sí mismo y es el reflejo de la sociedad a la que sirve", para a continuación añadir que es "capaz de soportar las más fuertes tensiones", si sus titulares son "capaces de cuidar y preservar las instituciones".
"Nos corresponde a nosotros, a quienes somos depositarios temporales de su representación, aun esta sea en funciones o de manera interina. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Y las instituciones democráticas nos sucederán, como antes sucedieron a quienes históricamente nos precedieron, también con problemas o con tensiones que entonces parecían imposibles de superar. El resultado es esta sociedad española plural, diversa y democrática, el Estado de derecho en pleno ejercicio, en la tensión que corresponde al recto funcionamiento de sus poderes y a los necesarios contrapesos entre ellos", señaló.
Para ello defendió que "promover la confianza institucional es esencial para el correcto desenvolvimiento de la convivencia, para la integración de la ciudadanía en torno a los valores y principios democráticos, para fortalecer culturas cívicas, plurales y respetuosas con los derechos de los demás".
Unas horas antes de que el fiscal general pronunciara su dicurso la Asociación de Fiscales hizo público un comunicado en el que sí se refería expresamete a la reclamación de Carles Puigdemont para que "la fiscalía dé un paso atrás en todas aquellas causas judiciales abiertas con ocasión" de una amnistía. A juicio de este colectivo, mayoritario en la carrera y de carácter conservador, el silencio de García Ortiz "ante la gravedad de lo pedido no es una opción válida para quién ostenta la dirección del ministerio fiscal".
Colaboración institucional y feminismo
El fiscal general se limitó a señalar que "el Estado de derecho, el Estado social y democrático de derecho, se construye a través de la colaboración institucional. Un espacio, además, de convivencia, de concurrencia de responsabilidades y competencias. El desarrollo de los derechos fundamentales y de los derechos sociales exige esta lealtad institucional que debe reclamarse de los poderes público".
Lo que sí destacó García Ortiz fue la labor desarrollada por el ministerio público en general y sus miembros e hizo un llamamiento al Gobierno que finalmente se constituya tras las últimas elecciones para proceder a cambiar el sistema procesal español, de tal forma que la instrucción sea asumida por los fiscales.
A partir de ahí el discurso se centró en describir la evolución de la criminalidad, como es habitual en estos actos. En este sentido ha incidido especialmente en aspectos referidos a la violencia contra la mujer, al destacar que desde el año 2009 y hasta 2022, en España se han interpuesto más de dos millones de denuncias. Para el fiscal general "el discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres".
Como sociedad, incidió, se ha de "reinvindicar la lucha de las mujeres y los logros del feminismo como motor de transformación social, evidenciando y combatiendo patrones de conducta incompatibles con los valores democráticos". Por ello cree que las mujeres deben ocupar, definitivamente, "todos los espacios sociales, públicos y privados, en condiciones de igualdad, libertad, seguridad y dignidad".
Además, García Ortiz se ha referido expresamente a 'ley del sólo sí es sí', de la que ha destacado que ha supuesto "un trascendente cambio de la regulación de los delitos contra la libertad sexual, y ha defendido la postura de su departamento al ofrecer a los tribunales "una tesis jurídica rigurosa e impecable, coherente y aplicable a todas las causas y en todos los supuestos".
La Memoria que hoy ha presentado ante la cúpula del Poder Judicial y en presencia del rey Felipe VI alerta también de la "vulnerabilidad de las personas extranjeras", especialmente de las mujeres, al subrayar que de las 50 víctimas de feminicidio de 2022, 14 eran extranjeras. El documento también alerta expresamente de lo que el fiscal general considera "el peligro que supone proyectar un aspecto negativo de la diversidad".
Otro punto destacado por el fiscal general en su discurso ha sido el de las agresiones sexuales "cometidas por y sobre menores". Estos ascendieron a lo largo de 2022 a un total de 974, "lo que supone un notabilísimo y preocupante incremento del 45,80% respecto al año anterior".
Al acto han asistido la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente del Senado, Pedro Rollán; del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; de la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop; de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio; de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
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