Jurar la Constitución "por la República Catalana": ¿Es legal o no?

En el Congreso de los Diputados se ha sufrido este jueves un déjà vu. Al igual que ocurrió hace cuatro años, los parlamentarios independentistas de ERC y Junts han prometido la Constitución "por imperativo legal" y haciendo alusión a "los presos políticos" o a la "República catalana". Y, como también ocurrió en 2019, tanto el PP como Vox se han quejado, alegando que con estas fórmulas se incumple tanto el reglamento del Congreso como la doctrina del Tribunal Constitucional. Sin embargo, aferrándose tanto al reglamento interno de la Cámara baja como a las sentencias del TC, la reción elegida presidenta, Francina Armengol, ha dado por válidas sus promesas.

"Por imperativo legal y hasta la consecuención de la República Catalana, sí prometo", han pronunciado los siete diputados electos de ERC en catalán. La fórmula escogido por los parlamentarios de Junts ha sido diferente: "Con lealtad al pueblo de Catalunya y al mandato del 1 de octubre, y comprometido con la defensa de todos los represaliados y exiliados, por imperativo legal, prometo". No han sido los únicos que han utilizado frases diferentes al escueto "sí, prometo" o "sí, juro". Los diputados de Vox han acatado la Constitución "por España", algunos de Sumar por "la lucha antifranquista", "por la República" o "por seguir avanzando en un país de países más justo".

La nueva portavoz de Vox, Pepa Millán, ha sido la primera en solicitar la palabra ha denunciado las fórmulas empleadas por los independentistas y ha llegado a alegar que muchos diputados no las han entendido, al haber sido en catalán, por lo que no saben si han "acatado la Constitución o la han atacado". Acto seguido, su homóloga en el PP, Cuca Gamarra, ha señalado que las expresiones empleadas han "desnaturalizado y vaciado de contenido el acatamiento", por lo que han pedido que se declaren inválidas esas promesas. No obstante, Armengol ha dicho que se ajustaban a los previsto en la normativa: "Entiendo que todas las señores han adquirido la condición plena de diputados y diputadas"

Los antecedentes

La polémica, aunque avivada en los últimos años por el independentismo catalán, viene de largo. El 21 de noviembre de 1989, tres diputados de Herri Batasuna prometieron la Constitución "por imperativo legal". Aquella coletilla llevó al recién elegido presidente del Congreso, el socialista Félix Pons, a expulsarles y negarles la condición plena de diputados por no ajustarse al tradicional 'Sí, juro/prometo'. El Tribunal Constitucional no vio el asunto de la misma manera.

En la sentencia 119/1990, el tribunal de garantías dejó claro que usando la expresión 'por imperativo legal' se cumplía la fórmula de juramento. En concreto, el TC detalló que "no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata". La única limitación, detallaron, es que "su formulación desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo mediante fórmulas que supongan un fraude a la Ley o priven de sentido al propio acatamiento". Algo que, hasta el momento, no se considera que haya ocurrido nunca.

Los casos más recientes

Con la doctrina del TC bajo el brazo, la propia Junta Electoral Central, encargada de tomar juramento a los europarlamentarios electos, se pronunció en 2019 sobre fórmulas utilizadas como "desde mis principios republicas, sí promero por imperativo legal" o "prometo por imperativo legal, hasta la consecución de la república vasca". A este respecto, y esgrimiendo la sentencia de 1990, la JEC acordó que tales promesas "contienen expresiones que tienen un 'sentido modal o causal', que no implica condición, reserva ni limitación alguna del acatamiento a la Constitución".

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El último respaldo a este tipo de fórmulas se produjo hace apenas dos meses, cuando el Tribunal Constitucional rechazó un recuerso interpuesto por ocho diputados del PP contra la decisión de Mertixell Batet en 2019 de aceptar el acatamiento de 29 parlamentarios de partidos independentistas. Los conservadores alegaron que las expresiones empleadas no eran válidas y que, por tanto, se vulneraban sus derechos dado que suponía un trato de desigualdad.

Sin embargo, el tribunal de garantías aseguró que no se produjo "un trato desigual entre los diputados, ya que fueron validadas todas las fórmulas de acatamiento". Además, añadió que el uso de esas fórmulas de acatamiento "no afecta" al derecho de los diputados del PP que recurrieron la decisión "a ejercer también en plenitud sus funciones parlamentarias de acuerdo con las previsiones legales".