Laura Borràs asegura que no pedirá la prestación de expresidenta del Parlament

Laura Borràs no piensa solicitar la prestación que le correspondería por ley como expresidenta del Parlament. Así lo ha anunciado en una entrevista en TV3, en la que ha dejado claro, sin embargo, que considera que ese salario se lo ha "ganado con creces" por el trabajo hecho. La dirigente tiene derecho, tras ser apartada del cargo, a recibir el 80% de su salario durante la mitad del tiempo que ha ejercido o un mínimo de cuatro años, es decir, más de 8.000 euros mensuales a los que piensa renunciar.

"No tengo previsto pedir nada al Parlament. Lo único que pido es que sea capaz de dignificar lo que representa", ha asegurado. De hecho, esa decisión echa agua al vino a la propuesta que se debatirá en el pleno de la semana que viene para eliminar por ley que los expresidentes de la Cámara tengan derecho tanto a la prestación cuando dejan de dirigir la institución como a la pensión una vez cumplen los 65 años, una iniciativa que puso encima de la mesa el PSC pensando en el caso de Borràs y a la que se sumaron con sendas propuestas tanto Ciutadans como los Comuns.

Como ya hizo este martes, Borràs ha cerrado filas con la exalcaldesa de Vic Anna Erra, escogida por Junts para relevarla al frente de la presidencia del Parlament, y ha relatado que la decisión se ha tomado mano a mano con el secretario general, Jordi Turull, y con el consenso de la dirección. Ha precisado, de hecho, que el melón no se abordó hasta que se le retiró de forma definitiva el escaño y que se valoraron todos los posibles escenarios, también el de dejar la silla vacía, que finalmente quedó descartado. "Toda decisión tenía pros y contras", ha defendido.

Continuará como presidenta de Junts

Lo que sí que ha dejado claro es que piensa continuar siendo presidenta de Junts, una responsabilidad que ha subrayado que asumió y seguirá asumiendo "hasta el próximo congreso del partido". Por ahora, la sentencia de cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental no es firme y Borràs la atribuye a un caso de "persecución política" por su condición de independentista. Este miércoles ha vuelto a defender que "fraccionar contratos no es delito" y ha recordado que no ha habido "lucro económico" en su gestión en la Institució de les Lletres Catalanes.

Una vez más, y pensando también en los retos que Erra tiene por delante, Borràs ha reivindicado que hay que eliminar del reglamento del Parlament el artículo 25.4 por el que ella fue suspendida cuando se le abrió juicio oral. Tanto ERC como el PSC y la CUP, los tres partidos que votaron que fuera apartada el 28 de julio del año pasado, avalaron la aplicación de ese precepto al considerar que el caso judicial que le afecta es "por corrupción".