La 'Púnica' se desinfla entre reproches de jueces, fiscales, acusaciones y funcionarios: "Desconoce la instrucción"

La 'Operación Púnica', que se dio a conocer en octubre de 2014 con la detención del exconsejero madrileño del PP Francisco Granados por orden del entonces instructor de la causa Eloy Velasco, se ha venido desinflando poco a poco tras casi una década de pesquisas. A la decisión de archivar la imputación de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, y de no investigar como persona jurídica al PP nacional, la Audiencia Nacional ha dictado de forma reciente la sentencia de la pieza separada de los trabajos de la Púnica en León, que se ha saldado con inhabilitaciones, por lo que los acusados han sorteado las elevadas penas de prisión que reclamaban para ellos la Fiscalía y las acusaciones populares. Además, este fallo allana el camino a las defensas de los investigados en la Comunidad de Madrid, tal y cómo adelantó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que están pendientes de juicio.

El desplome de la investigación de la Púnica se produce en medio de agrios reproches cruzados entre los jueces, los fiscales, los funcionarios y las acusaciones populares que han participado en la instrucción, una de las más extensas que se ha desarrollado en la Audiencia Nacional.

La tensión entre los jueces se evidencia con la lectura de un auto de 9 de marzo, dictado por los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Teresa Palacios Criado, Carmen Paloma González Pastor y Fermín Echarri. Esta resolución archivaba la acusación contra Francisco Lobo Montalbán, directivo de la empresa Laboratorio de Almagro 36, una de las mercantiles implicadas en la supuesta financiación ilegal del PP de Aguirre: "Habida cuenta de que la decisión dictada se limita a recoger como hechos los ya mencionados y como fundamentación jurídica, bien el parecer del fiscal o de la UCO, y no el del juez, entiende el tribunal que de la decisión impugnada no constan indicios suficientes de la comisión de delito alguno".

"No resulta fácil"

La resolución critica incluso la redacción del auto del Juzgado Central de Instrucción número 6: "Debe precisarse que no ha resultado fácil al tribunal ni la lectura del extenso auto, ni su entendimiento ni, sobre todo, en este caso en concreto, conocer cual ha sido el elemento determinante de la inclusión del recurrente en las presentes actuaciones".

De esta forma, la Sala sobresee la imputación de Lobo Montalbán tras constatar que su nombre y el de su empresa aparecen "en contadas excepciones" en las acusaciones del Juzgado y del fiscal Alejandro Cabaleiro. "Y con estos antecedentes", prosiguen los magistrados, "tras hacer un breve currículum de sus cargos, el juez a quo, indica en su apartado tercero el porqué de su imputación por parte de la Fiscalía, sin desprenderse de todo el párrafo si el contenido de las manifestaciones que contiene es del instructor o del fiscal, si bien, el hecho de que estén entrecomilladas, parece dar a entender que el parecer que refleja no es del juez, sino del fiscal".

Los magistrados también censuran que el Juzgado de Manuel García Castellón incluya en el auto con el que finaliza la instrucción las conclusiones de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la actuación de Lobo Montalbán, "sin que tampoco se desprenda con claridad si las conclusiones son del instructor judicial o de la policía, aunque teniendo en cuenta que el texto aparece igualmente entrecomillado, parece dar a entender que las conclusiones sobre su implicación son policiales y no judiciales".

Y por eso, la Sala considera erróneo que el juez concluya que existen indicios para la continuación del procedimiento contra Lobo Montalbán, ya que este no ha expresado "claramente" por qué había decidido continuar la investigación con respecto a Lobo Montalbán.

Cabaleiro, Gálvez y García Cerdá

Pero el reproche de los magistrados al instructor no es el único que se cruzan los investigadores. El fiscal Alejandro Cabaleiro redactó en noviembre un escrito en el que realizaba críticas contra la actuación de las acusaciones populares del PSOE y de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), a quienes acusó de hacer un uso "mediático" de su personación en la causa. Para censurar su actuación también les acusó de "desconocer la instrucción" realizada durante casi una década.

En el documento, el responsable de las pesquisas de la pieza separada denominada 'Financiación ilegal del PP' también señala errores cometidos por sus compañeras María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, que en un informe elaborado el 1 de agosto de 2019 defendían que había existido un plan concertado desde 2003 para financiar al PP madrileño de forma irregular: "Cuando se dictó no existía base indiciaria sólida que permitiese fundamentar muchas de sus afirmaciones. Se puede considerar, no obstante, que ello fue así como consecuencia de una inexacta narración, haciendo constar afirmaciones cuando debería de haberse hecho constar presunciones de hechos".

Incluso llega a destacar que el mencionado nombre de la pieza separada de Púnica denominada 'Financiación ilegal del PP' tenía una denominación errónea, pues ese delito no se incluyó en el Código Penal hasta 2015, cuando los hechos investigados ya se habían producido.

Contra la UCO y la IGAE

Cabaleiro también censura la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Intervención General del Estado (IGAE). En el caso de la Guardia Civil, en concreto en lo referente a la empresa Over Marketing Comunicación, propiedad de Daniel Mercado. Considera que en su oficio los agentes "ocultan" o "soslayan" todos los concursos que no le adjudicó la Comunidad de Madrid a este empresario.

También advierte, en relación a los trabajos elaborados por la IGAE, que una cosa es que este organismo dependiente de Hacienda afirme "categóricamente la existencia de fraccionamiento a través de contratos menores y, otra, la valoración técnico penal de tal afirmación". En este sentido, concluye que si varias empresas con el mismo administrador pueden licitar al mismo contrato, "la afirmación categórica de la IGAE, trasladada al ámbito penal, resulta ya no tan categórica".

Cambio "sin fundamento"

Los escritos de Cabaleiro no cuentan con la firma de las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, que el 18 de abril sí rubricaron un documento en el que censuraban la actuación del juez Manuel García Castellón por cambiar de opinión de forma "sorpresiva y sin fundamento" respecto a los indicios de pago de comisiones.

Ambas representantes del Ministerio Público también reprocharon al magistrado que en el auto de incoación de procedimiento abreviado de 12 de abril de 2023 sobre las actividades de la Púnica en los Ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle sus conclusiones eran "contradictorias con todos los precedentes que sobre estos pagos de corrupción ya había valorado previamente el magistrado como existentes y sólidos".