El Parlament retira el escaño a Laura Borràs y votará su relevo el viernes que viene

Justamente ha sido Madaula, del circulo próximo a Borràs, quién ha salido a valorar la decisión. Como era previsible, ha optado por usar un tono duro contra Esquerra, a quien ha acusado de acatar a la JEC y ha evitado deslizar el nombre de un posible sustituto.

Madaula, que en su día planteó la posibilidad de renunciar al cargo a modo de protesta, ha asegurado que tiene que ser Borràs quien decida cómo proceder y designe, si lo considera oportuno, a su sustituto. "Primero hay que informar a la presidenta y escuchar qué quiere hacer ella", ha zanjado. Tampoco ha querido aclarar si Toni Castellà, el siguiente de la lista de Junts, recogerá el acta de diputado, aunque si no lo hiciera, la lista seguiría corriendo.

Posibles sustitutos

Madaula ha salido en rueda de prensa acompañada de la portavoz de Junts, Mònica Sales, pero la posición que ha expresado no es compartida por todo el grupo parlamentario. Fuera de los círculos próximos a la presidenta de Junts, la mayoría de parlamentarios consideran -aunque no lo expresen en público- que el partido no puede renunciar a presidir la segunda institución del país.

De hecho, hace semanas que suena con fuerza como posible relevo el nombre de Anna Erra, la hasta ahora alcaldesa de Vic. También tenía buenas cartas para hacerse con el cargo Marta Madrenas, tras haber dejado la alcaldía de Girona, pero con la convocatoria de elecciones generales anticipadas se ha perfilado como candidata por la provincia, algo que la aleja de la institución catalana. El partido reunirá su ejecutiva el próximo martes para abordar la situación.

El pacto con ERC

Sea finalmente Erra, o otro diputado de Junts el que finalmente se postule, deberá tener el visto bueno de los republicanos, que -sin no hay cambios de última hora- prevén mantener el pacto que permitió la investidura del 'president' Pere Aragonès y cederán esta posición a sus exsocios. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, llamó el miércoles a "rehacer las confianzas" y a "reforzar las instituciones", empezando por el Govern y por la presidencia del Parlament -que señaló que tenía que ser para Junts-, y siguiendo por los pactos municipales.

Quién no acepta este final son los Comuns, que insisten en su anhelada alianza de izquierdas y, para intentar remover el tablero, han puesto sobre la mesa el nombre de su diputado Joan Carles Gallego como postulante. Así lo ha anunciado el portavoz David Cid nada más consumarse la destitución de Borràs. Así, ha asegurado que Gallego es una figura de "consenso" y, emplazando desde el PSC y ERC hasta la CUP, ha afirmado que no tiene "ningún sentido que habiendo una mayoría de izquierdas" en la Cámara, la presidencia vuelva a ser para Junts.

Nuevas diferencias

Pero el intento de abrir una nueva etapa, rehaciendo puentes y priorizando pactos entre independentistas, no empieza con buen pie. Las tensiones y recelos entre ERC y Junts se han vuelto a evidenciar este jueves en el Parlament. Y es que mientras que Madaula reprochaba a los republicanos haber procedido a la retirada del acta sin haber agotado todas las vías y sin esperar un último requerimiento de la JEC, desde Esquerra defendían haber llegado "hasta el final" y haber dado "un paso más" que en los precedentes de Quim Torra y Pau Juvillà, este último baja la presidencia de la líder de Junts.

Los republicanos, que han evitado salir ante las cámaras, aseguran que el Parlament ya no tenía más margen de maniobra tras recibir la interlocutoria del Supremo y que dilatar más la decisión podía llevar a la vicepresidenta Alba Vergés a incurrir en un delito de desobediencia. En cambio, Madaula ha sostenido que no había peligro de delinquir porque Borràs no está en nómina ni puede votar desde que fue suspendida hace 11 meses, y ha considerado inédito el acuerdo de la Mesa. Según las mismas fuentes de ERC, el desenlace estaba pactado y ven en Junts una simple escenificación.

Periplo judicial

A mediados de abril, la JEC ordenó declarar inelegible y retirar el escaño a Borràs, tras ser condenada a 4 años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Fue entonces cuando empezó un periplo de recursos y peticiones de medidas cautelares, que han ido postergando la ejecución final, que ya se preveía que no sería otra que la retirada definitiva del acta, como ya pasó con los casos de Torra y Juvillà.

Borràs está suspendida como presidenta desde julio del año pasado y su condena aún no es firme. Sin embargo, la LOREG considera que incurren en una situación de inelegibilidad sobrevenida -y deben perder su escaño- aquellos diputados que sean condenados por delitos contra la administración pública, como es el caso del delito de prevaricación.

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El reglamento del Parlament, en cambio, considera que si no hay sentencia firme, no se debe proceder a dejarla sin acta. De aquí que la mayoría independentista de la Cámara decidiera recurrir la decisión -como también se hizo en los dos precedentes-, alegando que había que defender la soberanía de la Cámara.

Sin embargo, el lunes hubo una estocada definitiva. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo acordó no dar la razón al Parlament, que pedía anular de forma cautelar la orden de la JEC, por lo que mantenía vigente la obligación de la Cámara de retirarle el acta.