Campaña del 28-M

Melilla, a la espera tras el golpe policial de 9.000 votos por correo escondidos que no se han formalizado

La Junta Electoral avala 700 votos entregados en Melilla sin DNI

Corrupción electoral en Melilla: las claves

Cesado el consejero de Coalición por Melilla supuestamente implicado en la trama

Agentes de la Policía Nacional, durante uno de los registros practicados este martes en Melilla. Ilies Amar Europa Press

Agentes de la Policía Nacional, durante uno de los registros practicados este martes en Melilla. Ilies Amar Europa Press / Ilies Amar Europa Press

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Magistrados de la Junta Electoral, miembros de las mesas, compromisarios de los partidos, las cúpulas políticas... y la Policía: tras el golpe policial contra la trama de compra de votos en Melilla -en una operación que sigue abierta-, todos en la ciudad autónoma quedan a la espera de 9.905 votos por correo que aún no se han terminado de tramitar ante el servicio público postal. Ese es el contingente de "voto escondido" -así lo bautiza una fuente cercana a la investigación del caso- que no acaba de tramitarse, desde que la Junta Electoral impuso a Correos la exigencia de pedirle el DNI a cada persona que le lleve un voto.

El escaso goteo de ahora en las instalaciones de Correos en Melilla contrasta con las enormes colas que daban la vuelta al edificio en las primeras fechas de mayo, formadas por residentes que querían solicitar su voto postal. Acudieron un total de 11.707 ciudadanos de Melilla, de los 55.186 electores que integran el censo de la localidad para estos comicios del 28-M. De esos casi 12.000 votantes, este martes solo 1.802 habían formalizado su voto; o sea, habían acudido a las oficinas de Correos con su DNI y habían, efectivamente, depositado su voto para que Correos envíe a su vez el sufragio a la Junta Electoral, o bien no habían acudido pero había llevado su voto a Correos un representante debidamente autorizado y previa solicitud de permiso a la Junta Electoral.

Las fuentes policiales consultadas no estiman que todos los votos de los 9.905 pendientes integren la bolsa de fraude. Calculan que de aquí al jueves, día en que se acaba el plazo para votar por correo, el número de votantes efectivos -y auténticos- por esa vía alcance los 3.000. Otras fuentes, en este caso de la política local, apuestan por que se rebase esa cifra. Pero nadie espera ya que el resto de los votos, casi 7.000 en el mejor de los casos, vaya a integrar el recuento final del 28-M, salvo colas de última hora que serían otro espectáculo.

Al fin y al cabo, los titulares de esos sufragios siguen conservando su derecho al voto... hasta el jueves. Y los policías de paisano siguen en las instalaciones de Correos, por si alguien viene con un taco de votos en la mano. "La Junta Electoral de Zona exigió la presentación del DNI en Correos precisamente para evitar que se presentara gente con sacas de 500 votos", explica una de las fuentes consultadas. Ese efecto se da por conseguido en el operativo policial que ha encabezado la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía.

Con el golpe policial, Melilla recupera un porcentaje más o menos normal de voto por correo, después de convocatoria tras convocatoria triplicando o cuadruplicando la media española de voto postal. Pero ahora puede pasar a los puestos en cabeza en dato de abstención. Se espera un porcentaje superior al 40%.

Cese del consejero

Son consecuencias de "una obvia corrupción del sistema electoral que debilita al Estado", como dijo el Tribunal Supremo en la sentencia con que, en 2021, confirmó las condenas impuestas a los integrantes de otra trama de compra de votos que actuó en 2008, con Mustafá Aberchan, líder de Coalición por Melilla (CpM) como principal procesado, cuya inhabilitación dura todavía hoy.

Lejos de aclararse, el clima en la ciudad política en la ciudad se enturbia. Desde Madrid, el número 3 del PP, Elías Bendodo, ha pedido al PSOE que rompa con Coalición por Melilla (CpM), el partido del principal implicado en la trama, informa Pilar Santos; o sea, romper el gobierno local y reconocer "un socio indeseable" en plena campaña electoral.

Mientras las fuerzas políticas de la ciudad hacen cálculos de a qué partidos puede beneficiar una alta abstención, especialmente de seguidores de CpM, en la mañana de este miércoles el Boletín Oficial de la ciudad autónoma hacía oficial el cese del consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal, técnico informático de 40 años de edad detenido este martes. Y en la misma resaca del golpe policial el PP local, en boca del expresidente Juan José Imbroda, salía al paso tajantemente contra quienes habían difundido que dos de los detenidos trabajaban para los populares.

Al tiempo, la Junta Electoral Central hacía pública una validación de 700 votos por correo tramitados en Melilla sin presentación del DNI, o sea presentados antes de que la Junta Electoral de Zona exigiera, desde el pasado jueves, a los funcionarios de Correos el control sobre la identidad de los que llegaran con votos a las oficinas. La Junta Electoral Central, informa Miguel Ángel Rodríguez, ha considerado que primaba el derecho de sufragio de quienes hasta ese momento habían votado -quién sabe si a cambio de dinero- conforme a las disposiciones legales.

El caso de la compra de votos por Correo que a punto ha estado de convertirse en pista para el descrédito del proceso electoral contra el que se aprestan las Fuerzas de Seguridad llevaba camino de subir en el escalafón judicial de haberse tenido en cuenta una condición de aforado a Ahmed Al-Lal que esgrimían algunos de sus cercanos, pero fuentes próximas al gobierno melillense han aclarado que el cesado Al-Lal no tiene fuero -la figura de un consejero en Melilla es similar a la de un concejal en ciudades de la península- ni le corresponde por tanto protección especial alguna, ni que la instrucción de su caso se lleve en el Tribunal Superior de Andalucía.

El cese se ha producido antes de que la magistrada del juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Carmen Perles, le haya confirmado su calidad de investigado en la causa por supuesto delito electoral y otro, también presunto, de integración en organización criminal.