El fiscal Narváez, de impulsar la ilegalización de las sucesoras de Batasuna a defender que Bildu es un partido democrático

"Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática, y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad". Esta frase se incluye en el informe por el que la Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza de plano la posibilidad de aplicar a Bildu la Ley de Partidos de cara a una posible ilegalización, un texto que viene firmado por la fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, pero también por el máximo representante del Ministerio Público en el ámbito de lo contencioso-administrativo, Antonio Narváez, hasta el pasado mes de diciembre magistrado del Tribunal Constitucional.

Narváez es una auténtica autoridad para hablar de este asunto desde 2007, cuando fue ascendido a fiscal de Sala de lo Contencioso siendo fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y hasta casi su entrada en el órgano de garantías en 2014.

La Fiscalía del Supremo rechaza ilegalizar Bildu por su carácter democrático

En este puesto fue el encargado de impulsar la aplicación de la Ley de Partidos Políticos en los sucesivos procesos de ilegalización de las formaciones herederas de Batasuna, ilegalizada cuatro años antes, siguiendo la estela ya emprendida por el Ministerio Público respecto de formaciones como Herritarren Zarrenda, y Auzkera Guztiak. Como jefe del departamento del Ministerio Público competente en esta materia, impugnó durante dicha etapa las candidaturas y agrupaciones electorales como para evitar la inscripción de partidos políticos en las elecciones al Parlamento Vasco, al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo.

En 2023, doce años después de la disolución de la banda, el escenario es muy diferente. Tanto que el mismo fiscal asegura en su informe que es con "esta perspectiva" con la que se que han de valorar todas las circunstancias. Desde el punto de vista de la Fiscalía, el intento de inclusión en las listas electorales de antiguos etarras con crímenes de sangre a sus espaldas no constituye 'per se' causa de ilegalización.

Paradójicamente, el nombre de Narváez ha salido a relucir en la prensa en las últimas semanas como uno de miembros de la conservadora Asociación de Fiscales que llevó la voz cantante durante la reunión a la que asistió el líder del PP Alberto Núñez Feijóo y en la que se criticó como "malas prácticas del sanchismo" las últimas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

En mayo de 2007, Narváez estrenaba su cargo como fiscal jefe de lo Contencioso del Supremo impugnando tres diferentes intentos de los herederos de Batasuna por acceder a las instituciones. Con ello se logró impedir la constitución de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), así como la anulación de 123 candidaturas de un antiguo partido, Acción Nacionalista Vasca (ANV), que el Tribunal Supremo consideró contaminadas. 

Argumentos para ilegalizar

En enero de 2008, el propio Narváez presentó la demanda de ilegalización del partido ante la Sala Especial del Tribunal Supremo competente para ello, la denominada del artículo 61 (de la Ley Órgánica del Poder Judicial) con un escrito en el que argumentaba como causas de ilegalización la "colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo", en referencia a Batasuna, y la de "minimizar" las acciones terroristas y no condenarlas. Ese mismo año se instó también la demanda de ilegalización de otro intento de Batasuna -con ETA operativa- para llegar a las instituciones, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV).

 En este segundo caso, la demanda firmada por Narváez optó también por la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos para presentar la petición de ilegalización, alegando como causa principal la "colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo". Se aludía igualmente al abono de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellas destacados miembros de la Mesa Nacional. Tanto ANV como PCTV fueron ilegalizados.

La acción de Narváez continuó en 2009, frenando las candidaturas proclamadas para las elecciones autonómicas del País Vasco celebradas ese año de las agrupaciones de electores D3M y Askatasuna, un partido ya inscrito desde 1998. En las europeas celebradas en junio de ese mismo año, la izquierda abertzale probó una nueva fórmula, la de la coalición de partidos Iniciativa Internacionalista. Las demandas instadas por Narváez fueron exitosas ante el Supremo, pero el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo y estos candidatos pudieron presentarse a los comicios

El "hábito" de Sortu no hace al monje

En marzo de 2011, y tras las vistas celebradas en el Tribunal Supremo, las demandas del fiscal Narváez también tuvieron éxito y la Sala del 61 acordó declarar la improcedencia de la constitución del partido político Sortu por ser continuidad o sucesión del partido político declarado ilegal y disuelto Batasuna, impidiendo así inscripción en el Registro de partidos políticos.

En su alegato, el fiscal defendió que esta formación estaba cometiendo "un verdadero fraude de ley y un abuso de derecho" al "cumplir aparentemente" el canon de legalidad pero no "aceptar materialmente" sus planteamientos. "El hábito no hace al monje", destacó entonces el principal representante fiscal en materia de aplicación de la Ley de Partidos.

Ese mismo año, dos meses más tarde, el Tribunal Supremo anulaba 254 candidaturas de una nueva coalición de partidos denominada Bildu, pero se repitió lo ocurrido unos años antes y el Constitucional les permitió presentarse, lográndose una representación de 1.138 concejales, según datos aportados a este diario por el entorno de las asociaciones de víctimas. En las generales de ese mismo año se repitió la fórmula de la coalición con Amaiur, que ya no fue impugnada.