La jueza aplaza la declaración de la derivada del caso Mediador por la huelga de funcionarios

La titular del Jurado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, ha decidido retrasar la declaración voluntaria de Carlos Alonso, el teniente coronel de la Guardia Civil investigado por la derivada del caso Mediador. La jueza ha tomado esta decisión, según ha podido confirmar El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, que únicamente garantiza los servicios mínimos. Por el momento no hay una nueva fecha decidida.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que se retrasa el testimonio de Carlos Alonso, pues la jueza ya tuvo que aplazarlo un mes al coincidir con otro juicio que tenía programado la nueva fiscal asignada al caso.

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La intención del que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila con esta declaración voluntaria era demostrar su "falta de conocimiento y participación" en el caso que, destapado en exclusiva por este periódico a principios de marzo, investiga la presunta adjudicación irregular de más de 3 millones de euros en 13 comandancias de la Guardia Civil en distintos puntos de España.

La investigación, sin embargo, apunta a dos nombres clave por encima de Alonso: el teniente general Pedro Vázquez Jarava y el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León. De lo sucedido, plantean la jueza y la investigación, podrían llegar a resultar delitos de cohecho, falsedad continuada en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Es por esa razón por la que Carlos Alonso, que ya había declarado en una primera fase del proceso cuando este estaba aún en Ávila, había pedido testificar de forma voluntaria ante Durántez. Él fue, además, el encargado de 'tirar de la manta' y señalar a Jarava como el responsable de haber decidido contratar a Tejera de León para llevar a cabo obras en su comandancia por valor de más de 120.000 euros en adjudicaciones menores.

Todo queda aplazado

La fecha elegida, hoy 17 de mayo, ha coincidido, sin embargo, con la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, un paro al que están convocados por los sindicatos más de 45.000 empleados públicos para manifestarse ante la sede del ministerio.

Este miércoles también estaba previsto que comparecieran ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid el resto de investigados en el procedimiento para comunicarle su situación procesal, pero tampoco va a ser posible.

En lo que respecta al teniente coronel, que es el responsable de la única comandancia en la que se han podido hacer peritajes hasta la fecha, la persona encargada de evaluar qué se hizo realmente con los 120.000 euros adjudicados en 2016 a las empresas del constructor canario constató la deficiencia del trabajo.

En el informe de la perito, al que ha tenido acceso este periódico, se explica que los "trabajos no han sido ejecutados completamente y que hay una discrepancia entre lo facturado y lo realmente ejecutado". Sin embargo, la firma en su momento de Carlos Alonso daba por bueno lo realizado, razón por la que podría llegar a enfrentarse a un delito de falsedad continuada en documento oficial.

Allí, en Castilla y León, según ha podido constatar El Periódico de España a través del acceso en exclusiva a una circular interna, la Guardia Civil ya ha empezado a blindarse para que lo sucedido en el caso de las adjudicaciones irregulares no vuelva a repetirse. Al menos desde el 22 de marzo, momento en que se envió ese correo electrónico, todas las obras que se adjudiquen en sus comandancias deberán ir acompañadas de fotografías antes y después para comprobar que lo contratado era necesario y que realmente llegó a producirse.