Conferencia de la ministra

Raquel Sánchez: "La ley de vivienda no provocará una caída estrepitosa de los precios de los alquileres"

La PAH se cuela en una conferencia de la ministra Raquel Sánchez y Salvador Illa en Barcelona

Las claves de la ley de vivienda: subidas del alquiler inferior al IPC y sin pagar a inmobiliarias

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este viernes antes de empezar la conferencia

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este viernes antes de empezar la conferencia / ACN

Sara González
Carlota Camps
Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El día después de que el Congreso haya aprobado la primera ley de vivienda de la democracia, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha cargado contra aquellos que "generan ruido" y que promueven que se trata de una ley que lesiona a la propiedad y que promueve las ocupaciones. "No va en contra de nadie", ha reivindicado en una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum en la que ha advertido de que la ley "no provocará una caída inmediata y estrepitosa de los precios de los alquileres".

Sánchez ha pronunciado esta frase justamente para defender que la nueva norma "no es una ley de arrendamientos" y "no atenta contra la propiedad", aunque precisamente las críticas por parte de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) van en la línea de señalar que no se va a producir una bajada significativa del precio del alquiler. Justo antes de la conferencia, una decena de activistas de la entidad se han colado en el acto para denunciar que la nueva norma "no topa el precio" de los alquileres, no frena los desahucios ni "hace nada" por las hipotecas.

Sánchez ha argumentado que la ley pretende garantizar el acceso a la vivienda a un precio que sea "razonable" en las área tensionadas y que por ello se busca no retraer la oferta de vivienda, sino decir a los grandes tenedores que el precio del alquiler tiene que se accesible y comentar que al propietario le salga "más a cuenta congelar el precio o incluso bajarlo" para tener beneficios fiscales. También ha defendido que, en contra de lo que promueve la derecha, tampoco es una ley que "ampare ocupaciones". Precisamente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado desde Tarragona al Gobierno de Pedro Sánchez de "facilitar" las ocupaciones de viviendas.

Feijóo, contra las ocupaciones

Según el popular, la ley es "sensible" con los ocupas, pero "insensible" con las familias que padecen esta situación. Feijóo asegura que la mayoría de ocupaciones las perpetran "gente que lo único que les interesa es vivir a costa de los otros", y ha señalado que hay entre 48 y 50 ocupaciones al día en España y que la "mitad" tienen lugar en Catalunya. Además, ha acusado a Sánchez de aprobar una ley "intervencionista y populista", que asegura que ha sido "dictada" por Bildu, y que es el "precio" a pagar para "mantenerse en la Moncloa". El dirigente popular ha asegurado que la solución al problema pasa por "facilitar la vivienda, pero no interviniendo los precios" y ha propuesto la creación de un fondo con los bancos para afrontar las hipotecas, avales a los jóvenes y ayudas de hasta 750 euros por familia.

"No hay que generar miedo y alarma y social"

Raquel Sánchez

— Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

"No hay que generar miedo y alarma y social", ha reclamado la ministra, que ha defendido que los delitos de usurpación "han bajado", motivo por el que ha exigido "rigor" a sus rivales. Ha subrayado que, en caso de familias vulnerables, se prioriza el acuerdo con grandes tenedores para fijar un alquiler social y, si este acuerdo no se produce y no se cumplen las condiciones, el desahucio "continúa". En todo caso, ha afirmado que los desahucios "están paralizados", afirmación que niegan desde la PAH y el Sindicat de Llogateres.

Sin embargo, para "cambiar el paradigma" con unas nuevas bases de política de vivienda, ha añadido la ministra, hace falta propulsar el parque de vivienda pública, motivo por el que ha recordado que el Gobierno está poniendo herramientas como las viviendas de la Sareb o los terrenos propiedad del ministerio de Defensa a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que "son los que tienen las competencias". El consejo de ministros, ha apuntado, aprobará en dos semanas la cesión de terrenos por parte de Defensa y se facilitarán fechas y datos, una actuación del ejecutivo que irrumpirá en medio de la campaña electoral de las municipales.

Duras críticas a la Generalitat

La ministra también ha lanzado duras críticas contra el Govern a cuenta de la gestión de Rodalies, de la sequía, del convenio de la B-40 o de las cifras del siempre polémico porcentaje de ejecución de inversiones en Catalunya. Sobre el funcionamiento de la red ferroviaria ha sostenido que "es normal" que se produzcan incidencias pero que ahora "se producen menos" por mucho que la Generalitat "haga una lectura sesgada y torticera de los datos".

Ha insistido que es la administración catalana la responsable de fijar los horarios, las frecuencias y las tarifas desde el año 2019 y la ha acusado de no estar "ejerciendo sus competencias" mientras reclama un "traspaso integral" que sostiene que no es viable por motivos legales. Una vez más, ha emplazado al Govern a firmar el contrato-programa: "También tiene responsabilidad en el funcionamiento de Rodalies, no entendemos por qué no podemos avanzar y mejorar el servicio".

La ministra también ha hecho referencia a la reunión que se produjo este jueves entre el ministerio y la Generalitat para el convenio de la B-40, que ha cualificado de "productiva". Aún así, ha dejado caer que es un ejemplo de como el ejecutivo catalán "no soporta la presión del foco mediático" porque se trata de una infraestructura que ya se pactó hace un año con el exvicepresidente del Govern Jordi Puigneró. "Eso nos ha hecho ir tarde, no podemos hacer pagar a los ciudadanos la falta de valentía del Govern", ha espetado.

"Más inversión que nunca"

Raquel Sánchez también ha hurgado en la falta de "inversión" por parte de la Generalitat en las infraestructuras para hacer frente a la sequía mientras pasa por alto "los buenos datos de ejecución" de las inversiones en Catalunya por parte del Gobierno en estos momentos. En el año 2022, ha apuntado, fueron 844 millones, un 32,5% más que en el ejercicio anterior. "Estamos invirtiendo en Catalunya más que nunca. No tiene lógica que el Govern diga que no invertimos y, por otro lado, no diga a qué infraestructuras destinará él los 750 millones de la disposición adicional tercera", ha sentenciado.