El abogado de Puigdemont defiende en la Eurocámara que el espionaje con 'Pegasus' es un "ataque a la minoría catalana"

Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este jueves en una comparecencia en la comisión de investigación del espionaje de 'Pegasus' en el Parlamento Europeo que el espionaje con el software Pegasus, que ha atribuido a España, es "un ataque a la minoría catalana".

 En una comparecencia con presuntas víctimas de ciberespionaje, el letrado ha asegurado ser objeto de espionaje "ilegal" del Estado español durante dos años, en los que la intromisión en su dispositivo personal ha afectado la defensa de los líderes independentistas y la propia integridad del Tribunal de Justicia de la UE y el Parlamento Europeo, donde se sustanció el proceso de retirada de inmunidad a Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsati.

 "La razón por la que he estado bajo espionaje este tiempo es solo una: mi lista de clientes y, en concreto, Puigdemont y otros políticos independentistas catalanes", ha subrayado ante la comisión de investigación del Parlamento Europeo.

El Gobierno, en entredicho

Boye ha recalcado que el espionaje con el programa Pegasus afecta no solo a líderes independentistas, sino a sus abogados. "No hay base legal para eso", ha insistido, para reforzar la idea de que se trata de "un ataque a la minoría nacional catalana".

 Asimismo, el abogado de Puigdemont ha sembrado dudas sobre si el Gobierno está detrás del espionaje o se trata solo de agentes del Estado. "A veces el Gobierno no tiene control del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene el derecho a demostrar que no tiene nada que ver, pero intentar proteger a los que hicieron esto, no ayuda en esa dirección", ha señalado.

En el turno de preguntas, solo el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar ha defendido el procedimiento legal en España para espiar con autorización judicial, mientras que Diana Riba, de ERC, y el propio Carles Puigdemont, han preguntado por las implicaciones del espionaje en los procesos judiciales contra independentistas catalanes y la rendición de cuentas del CNI por estos casos.

 En anteriores ocasiones, Boye ha anunciado que llevará al TJUE el informe de conclusiones de la comisión de investigación, que ya en un texto preeliminar ve "lagunas" en el marco legal de España para autorizar el seguimiento de personas.

Informe sobre la visita a España

Este mismo jueves la comisión de investigación del espionaje de Pegasus ha aprobado el informe sobre la visita a España, que tuvo lugar a finales de marzo y en la que los eurodiputados pudieron investigar en el terreno el uso de este programa de cibervigilancia Pegasus y escuchar a víctimas como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El documento toma nota del informe del Defensor del Pueblo que señala que el CNI actuó "de acuerdo a las provisiones legales sobre autorización judicial para intervenir comunicaciones" de 18 personas relacionadas con el referéndum de independencia del 1 de octubre, siguiendo los protocolos y aportando un alto nivel de detalle al Tribunal Supremo.

Sobre el funcionamiento del CNI, el informe resalta la existencia de regulación para obtener información y de reglamentos internos en el CNI para evaluar el funcionamiento del procedimiento que requiere de autorizaciones judiciales.