Puigdemont, Comín y Puig solo prevén volver a Catalunya si la UE garantiza que no podrían ser detenidos

El reciente regreso exprés a Catalunya de la 'exconsellera' Clara Ponsatí, aparte de ser un acto político en sí mismo que se ha producido cuando ya no pesaba sobre ella la amenaza de la prisión, fue también un banco de pruebas para el resto de los dirigentes del 'procés' que siguen en el extranjero. Fue una decisión personal de Ponsatí, pero también una constatación para el 'expresident' Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig. Los tres han comprobado que volver en las actuales circunstancias implicaría su detención (y, en su caso, la cárcel) sin que el Parlamento Europeo lo impidiera, como ha sucedido con la extitular de Ensenyament.

Dicho lo cual, la pregunta del millón sigue siendo en qué condiciones jurídicas volverían Puigdemont, Comín y Puig. Según fuentes cercanas a los dirigentes independentistas, la clave sigue siendo más judicial que política. El objetivo es lograr que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en el contencioso que tienen abierto en defensa de su inmunidad (de la que ahora disponen de forma provisional), recoja claramente en su resolución que no puede existir una orden de detención nacional en el caso de que los eurodiputados y el 'exconseller' regresen a España.

Para las citadas fuentes, esa sentencia europea debería ser explícita, clara y sin margen para interpretaciones restrictivas por parte del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Hasta la fecha, el magistrado ha argumentado que la inmunidad no afecta al territorio español porque Puigdemont ya había sido procesado cuando fue elegido eurodiputado y la autorización del Parlamento Europeo para poder ordenar su detención solo es preceptiva si el escaño lo hubiera obtenido con anterioridad.

La legislación comunitaria sobre la inmunidad remite, a su vez, a lo que establecen los parlamentos de cada estado miembro cuando se trata de regular las condiciones de la inmunidad en ese país. Es decir, las condiciones en las que se puede o no se puede proceder a la detención de un diputado. Es esa regulación la que hace temer a los dirigentes independentistas que la justicia europea no se atreviera, llegado el caso, a invadir competencias del Estado.

Los implicados tienen otros contenciosos paralelos con el Tribunal Supremo, siempre relacionados con los límites de la inmunidad. El entramado de conflictos es complejo, pero siempre remite a una voluntad política de forzar las costuras de la legalidad española y de las decisiones judiciales. El combate se libra en todos los frentes, incluso en el mediático. En este sentido, las palabras del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, asegurando que el 'expresident' regresará a Catalunya este año 2023 se deben enmarcar en el terreno de la esgrima dialéctica y la 'provocación' al magistrado. Todos los pasos de Boye se inscriben en una estrategia (llamada 'dominó') en la que las fichas se relacionan unas con otras a fin de lograr el objetivo: la vuelta de los eurodiputados y el 'exconseller' sin coste penal alguno. Esto es, sin cárcel y sin juicio.

Lo que no controlan, evidentemente, los dirigentes soberanistas son los plazos. La situación personal y anímica de cada uno de ellos no tiene un horizonte concreto en el calendario. Cuando se produzca la decisión de la justicia de la UE (ahora se prevé para antes del verano, pero ya se preveía para marzo), si esta no es favorable para sus intereses, presentarán recurso. Y todo el contencioso, todo el juicio por el que se condenó a los dirigentes que no huyeron, acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ya ha comenzado a recibir escritos de los juzgados e indultados.

El plan b, hoy no

Existe, sin duda, otra posibilidad. Consistiría en regresar con la voluntad clara de provocar un conflicto, un nuevo choque entre el independentismo y la legalidad, en la calle y en las instituciones. Se trataría de sacudir otra vez el tablero político catalán y español mediante un episodio que generase detenciones, encarcelamientos, movilización y desafíos políticos. Pero este escenario, nunca descartado por parte del sector del independentismo que sigue defendiendo la unilateralidad como única vía, no está hoy sobre la mesa.

Los exdirigentes del Govern dudan de que en las actuales condiciones del secesionismo, su regreso generase este efecto. Asumen que el movimiento está hoy más desunido y desmoralizado que nunca desde el 1-O. Lo cual no significa que renuncien a su estrategia, ni que crean necesario modificarla en beneficio de un supuesto mínimo común denominador, que hoy no se vislumbra en ningún sentido.

Las relaciones entre partidos y movimientos independentistas tienden hoy a cero, salvo los contactos y las complicidades personales que se mantienen entre algunos de ellos, los más proclives a hacer de puente, como es el caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El resto son puentes dinamitados y posiciones, hoy por hoy, irreconciliables. Por eso el hipotético regreso de Puigdemont, Comín y Puig tiene mucho de 'unilateral' frente a la estrategia de la actual 'consellera' Meritxell Serret, que volvió y se entregó ante el Supremo. Esta comparecencia voluntaria forma parte del argumentario de Llarena para negar la tesis de Puigdemont y Comín de que su actuación es una "persecución política".

El verdadero plan b

Así las cosas, el verdadero plan b pasaría por otra reforma del delito de malversación en el Código Penal, pero en la línea de lo que inicialmente proponía ERC, para eximir de responsabilidad penal a todos los líderes del 1-O. A falta de ello, solo una resolución europea cristalina que dejase claro al Supremo que no puede cursar una orden de detención en España propiciaría ahora mismo un regreso a Catalunya. Algo que sigue siendo un anhelo profundo a nivel personal, pero que no se pondrá, insisten las fuentes, al servicio de un interés individual, sino como parte del conflicto político que esgrimen y de la estrategia de "confrontación inteligente" que abandera Puigdemont.

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