Un juzgado de Barcelona pide al Gobierno que desclasifique los documentos secretos sobre Pegasus

El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha pedido al Gobierno la desclasificación de documentos secretos sobre el uso del programa espía 'Pegasus' en la causa del presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y de la portavoz del partido en la Eurocámara, Diana Riba. Para cuando esté hecha la desclasificación, la jueza cita a declarar a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y a una de las empresas del grupo tecnológico israelí NSO, OSY Technologies, creadora del 'software' de vigilancia. 

La solicitud del juzgado, que responde a una petición del abogado de los republicanos y sigue las indicaciones de la Audiencia de Barcelona, está ahora en manos del Consejo de Ministros, que tiene la competencia sobre la desclasificación de documentos oficiales relacionados con la actividad del CNI.

El periplo judicial

La Audiencia de Barcelona ordenó en marzo al juzgado que tomara declaración a Casteleiro, citara como investigada la empresa israelí creadora de Pegasus y encargara un informe pericial independiente sobre los móviles de los dos políticos. El 24 de octubre pasado el juzgado de instrucción número 20 admitió a trámite la querella contra la israelí NSO Group, pero en vez de citar los querellados cómo marca la ley, la jueza de instrucción preguntó a la fiscalía qué diligencias quería practicar.

A raíz de la respuesta de la fiscalía, el 15 de diciembre el juzgado denegó las diligencias propuestas en la querella de Jové y Riba, rechazó la investigación de la empresa OSY Technologies SARL, propietaria de NSO, y acordó la práctica de algunas diligencias pedidas por la fiscalía. Jové y Riba recorrieron la decisión, y la Audiencia les dio parcialmente la razón.

El tribunal, por unanimidad, consideraba "incoherente" la decisión de la magistrada instructora y no daba la razón a la fiscalía, que se opuso al interrogatorio de los representantes de NSO alegando que no constaba que hubieran operado en territorio español. La Audiencia le recordaba al juzgado y a la fiscalía que la querella es para investigar si los móviles españoles de Jové y Orilla fueron espiados mientras se encontraban en España.

Teniendo en cuenta la investigación hecha por el Defensor del Pueblo, la Audiencia ve pertinente que se pida información al CNI sobre la compra del software espía y su uso sobre Jové y Riba. "Por lo tanto, la declaración no sería prospectiva, como denuncia el fiscal, sino necesaria para determinar si la actuación que en su caso se hizo con el 'spyware' se hizo conforme a la legalidad vigente, conforme a los límites legales y con autorización judicial, a pesar de que, dado el carácter secreto de estas actuaciones no se puede dar más información que la confirmación de haber utilizado este programa".

Satisfacción en ERC

Los republicanos se muestran satisfechos por la decisión judicial y aseguran que esto "aumenta la presión" al Estado para "dar explicaciones sobre el Catalangate". En este sentido, ERC recuerda que representantes del Gobierno han reiterado su "disposición total" a colaborar con la justicia en la desclasificación de documentos.

Por su parte, el abogado de Jové y Riba, Andreu Van den Eynde, asegura que esta resolución apunta "en la buena dirección" y resalta la "falta de precedentes recientes" en la desclasificación de documentos. "Por ahora, hemos conseguido nuestros objetivos", dice el abogado, "imputar una de las ramas de NSO" y "que un juez solicite el levantamiento del secreto oficial". "Estamos poniendo al Estado y a sus estructuras en jaque", ha aseverado Van den Eynde.