Los alcaldes exigen al Govern que consensúe con ellos las medidas antisequía

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon (PSC), considera que la situación actual de sequía es "dramática" y "merece acciones decididas". Acciones, eso sí, remarca Parlon, que "han de ser consensuadas con todos los agentes implicados". La edil socialista lamenta que el decreto antisequía aprobado por el Govern no prevé destinar recursos extraordinarios para que los municipios afronten la sequía, y que tampoco "detalla cuales son las infraestructuras prioritarias para afrontar el problema". 

Ante las posibles sanciones que podrían recaer sobre los ayuntamientos que incumplan los planes de alerta, Parlon acusa a la Generalitat de "no haber tomado ninguna medida eficaz en una década", y advierte: "Si se trata de endosar el problema a los ayuntamientos, se vuelven a equivocar". Para la alcaldesa, "aprobar un decreto con estos ejes y hablar de sanciones a los ayuntamientos es un grave error". Parlon recuerda que Santa Coloma es el municipio que "menos litros de agua por habitante consume de los 23 abastecidos por Agbar".

El alcalde de Badalona, Rubén Guijarro (PSC), coincide con Parlon. Critica que la cumbre se convocara "sin avisar al resto de partidos". Guijarro, de hecho, va más allá y asegura que se enteraron "por los medios de comunicación". En Badalona, explica el alcalde, se están aplicando las medidas establecidas por la Generalitat y el AMB. Aún así, el Gobierno municipal muestra preocupación por algunas zonas verdes, "que ya no se pueden regar y que costará devolver a la normalidad cuando pase la sequía".

Guijarro ve bien que la Generalitat sancione a los ayuntamientos que incumplan con las restricciones, pero también manda un dardo al ente público de abastecimiento de agua Ter-Llobregat (ATLL): "ATLL tiene pendiente, desde hace 17 años, resolver una fuga de agua en el barrio de Canyet de Badalona". Se trata de una fuga que pierde 180.000 litros de agua al día: "En tiempos de sequía, nos parece un despropósito que no se haya arreglado aún".

En el Baix Llobregat, los agricultores son los principales afectados. Lluïsa Moret(PSC), alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, se muestra crítica con las medidas aprobadas por la Generalitat: "Es un decreto hecho a espaldas de los ayuntamientos y que los penaliza". "Las sanciones nos preocupan y no nos gustan porque es un decreto que se ha realizado sin coordinación con los diferentes sectores de las realidades locales", añade la alcaldesa. Así, reivindica que la solución no debe ser sancionar a las administraciones locales, sino "acompañarlas e ir de la mano mediante una coordinación interinstitucional".

Pese a las críticas, Moret explica que desde el consistorio "evidentemente" cumplirán con las restricciones ya que "hay que hacer frente" a la situación de sequía, aunque matiza: "Podría haberse hecho de otra manera".

Moret recuerda que las restricciones afectan de forma muy explícita al sector agrario, "un sector económico muy importante para la ciudad". Así, comenta que ya trabajan al al respecto con la Cooperativa Agraria Santboiana y que les acompañarán en su interlocución con la Generalitat.

El alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler (El Prat en Comú), mantiene que en situaciones de emergencia hay que estar al lado del Govern: "Es algo que ya nos demostró la pandemia". Aun así, reivindica la voz propia de los ayuntamientos que, según considera, deberían participar en el debate.

"Queremos hacer pedagogía a la población y les pedimos que reduzcan el consumo de agua, pero hay municipios que no han hecho los deberes ni lo tienen previsto", añade. "Por suerte, en el Prat tenemos un sistema de agua, a través de la empresa pública, que nos evita pérdidas", destaca Mijoler.

La ciudad está conectada directamente al sistema Ter-Llobregat. Pero de todas formas, ya aplican restricciones como la prohibición del uso de fuentes ornamentales. También recupera una cuestión muy urgente: "Se tiene que devolver al río el agua regenerada de la depuradora a la altura de Sant Vicenç dels Horts para facilitar el trabajo a los agricultores".

En Girona, la alcaldesa Marta Madrenas (Junts per Catalunya) considera que la sequía ha puesto en evidencia un problema por resolver: "Han quedado muchos deberes para hacer y ahora nos toca preservar las existencias que quedan". No está de acuerdo con la actitud de la Generalitat: "Lo que no se puede hacer es centrifugar las responsabilidades hacia los ayuntamientos".

"No puede haber sanciones ni se deben aprobar decretos que no estén consensuados", lamenta. Según asegura, muchos municipios de los alrededores de Girona opinan de forma similar: "Nos quedamos estupefactos con la forma de actuar. Esperemos que la cumbre del viernes sirva para trabajar conjuntamente y mejorar el actual decreto".

En Girona, que se abastece con agua del Ter (que también llega a lugares de la provincia de Barcelona), ya hace meses que están reactivando pozos y que fomentan el ahorro.

En Blanes también se abastecen con el agua del Ter, con la singularidad del extra de turismo de cada verano. El alcalde, Àngel Canosa(ERC), muestra preocupación por lo que pueda pasar en los próximos días. Este miércoles han convocado una comisión de sequía municipal. Estarán receptivos a todo lo que pida la ACA, pero sí que creen que hay que trabajar conjuntamente con municipios.

Espera que en la cumbre del viernes el Govern tenga claras las necesidades de cada municipio y que quede todo bien ajustado. "Se nos dan responsabilidades difíciles de cumplir, pero pasará como con la pandemia, poco a poco iremos sacándolo adelante", confía Canosa.

En su municipio ya han parado el riego y las plantaciones previstas. Cuando llegue el turismo, los habitantes momentáneos de Blanes aumentarán, hecho que dificultará el cumplimiento de las restricciones: "Los establecimientos se tendrán que ajustar al consumo de agua".

“Ante esta situación de extrema gravedad se tienen que tomar medidas drásticas", asegura de forma contundente la edil de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla (ERC). “Cualquier sanción que pueda interponer la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) tiene como objetivo revertir la situación actual", remarca.

Exige que las administraciones trabajen conjuntamente. Ingla explica que Sant Cugat es una ciudad “muy verde” y que se necesita “concienciación”. De momento, no llegan a los 240 litros permitidos por habitante, pero están muy por encima de la media de Catalunya (gastan 203 l/ persona). Manifiesta que antes de que la Generalitat interpusiera medidas, desde el consistorio ya se había impulsado un plan de sequía para ahorrar.

La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), ha reprochado al Govern la gestión de la crisis del agua, acusándole de actuar de forma "desordenada". En una entrevista en el programa 'Café de ideas' de RTVE, Marín ha asegurado que "no es correcto que primero se haya hecho un decreto que pretende sancionar y culpar a los municipios".

"Aquí cada uno tiene su responsabilidad", ha espetado, recriminando a la Generalitat no haber tomado medidas con más antelación. Al mismo tiempo, Marín ha criticado que el Govern llevara al Parlament la convalidación del decreto la semana pasada mientras la cumbre del agua está convocada este viernes: “Hay que intentar escuchar y, en función de lo que escuchas, tomar decisiones”.