Crisis climática

El clima prelectoral dinamita la cumbre antisequía e impide un acuerdo sobre las multas a municipios

Govern y PSC chocan en la fecha del inicio del régimen sancionador a los entes locales

El pantano de Riudecanyes, tan solo al 9% de capacidad a causa de la sequía.

El pantano de Riudecanyes, tan solo al 9% de capacidad a causa de la sequía. / ARNAU MARTÍNEZ / ACN

Xabi Barrena

Xabi Barrena

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Apenas 58 días para unas elecciones municipales se antojan muy pocos para que los partidos políticos alcancen un acuerdo que incluya sanciones, precisamente, a municipios. Esta parece la moraleja que se extrae de la cumbre antisequía celebrada este viernes en el Palau de la Generalitat, entre el Govern y los partidos políticos. La reunión finalizó con un preacuerdo sobre la mesa que, al final, no fue validado por las diferencias en un solo punto: el de las multas. La 'consellera' de Acció Climática, Teresa Jordà, afirmó a la salida del encuentro que el Govern iba a tirar adelante el resto de puntos de lo que tenía que ser el acuerdo. "Para que haya un pacto debe de haber voluntad de llegar a acuerdos", dijo Jordà, acusando veladamente al PSC del fracaso del cónclave.

El obstáculo se divisaba en la lejanía. Fue el principal punto de desacuerdo con el decreto ley aprobado por el Govern el 28 de febrero, junto con la presunta unilateralidad de la administración catalana, atribuida por PSC y Junts y negada por el propio 'president' Pere Aragonès. Y el Govern, como ya avanzó este diario, se mostró dispuesto a abrir la mano en cuanto al régimen sancionador, precisamente para evitar lo que ha terminado pasando.

Julio, última oferta

Así, la propuesta de Acció Climática en esta cumbre fijaba para junio el inicio de la tramitación de expedientes sancionadores a los municipios que incumplan el decreto. La última oferta fue trasladarla a julio. Sin embargo, según fuentes del Govern, el PSC se ha enrocado en pedir que fuera en septiembre, es decir, después de la temporada estival. Algo que el Executiu ha considerado inaceptable por cuanto sin el elemento disuasorio de las multas, la prevista llegada al estado de emergencia, es decir, a las restricciones en el consumo doméstico, ahora previstas para septiembre, podría adelantarse.

La portavoz socialista, Sílvia Paneque, señaló en rueda de prensa, sin embargo, que su partido reclamaba retirar del decreto el régimen sancionador en su integridad. "Es un error sacar adelante este decreto de espaldas a los municipios y, además, señalarlos", apuntó.

Antes de la intervención de la socialista, la ‘consellera’ había señalado que era obvio que el Govern no creía que a golpe de multa se iba a solucionar la garantía de consumo de agua. “Ni tan solo fijamos una fecha de inicio para la incoación de expedientes”, alegó Jordà. Pero, al mismo tiempo, apostó de nuevo por la necesidad de un régimen sancionador, que actúe como agente disuasorio. “A la industria y la agricultura se les ha recortado el consumo. Es lógico que los ayuntamientos tienen que ser los primeros que tienen que cumplir con los criterios del decreto”, insistió.

Vigilancia mutua

¿Por qué si solo ha saltado un punto no se ha firmado el resto? Porque los partidos se miran de reojo, como los ciclistas en un esprint. El Govern quería que todos los partidos suscribieran el paquete completo de medidas, para evitar que, en plena campaña para las elecciones, pudiera haber desmarques interesados de las medidas, en caso de empeoramiento acelerado de las reservas de agua. Nadie se fía de nadie.

También Junts acudió a la reunión con la intención de acabar con el régimen sancionador. Sin embargo, en la reunión, “por responsabilidad”, acabó por aceptar la moratoria hasta julio. El posconvergente Albert Batet, con todo, se ancló en la falta de acuerdo para clamar que el fracaso era atribuible, únicamente, al Govern, un Executiu “que no lidera”.

Para la líder parlamentaria de los Comuns, Jéssica Albiach, el Govern es “poco ambicioso” y, como Batet, no pilota. Eso sí, en el sentido opuesto. Si el posconvergente se quejaba de las multas, la común lamentó la “barra libre que tienen los cruceros y la oposición del Executiu a limitar al 50% la presencia de estos buques. Ahora bien, también denunció el “chantaje de la pinza PSC-Junts con trasfondo electoralista”. El último de los partidos con quien el Govern había mantenido contactos, la CUP, por su parte, señaló también tanto a socialistas como a Junts por haberse “enrocado en acabar con las posibles sanciones”.

Floridos vergeles

Albiach dibujó ante los micrófonos lo que otros portavoces repitieron en conversación informal. "Según el decreto que querrían el PSC y Junts, la agricultura tendría problemas en forma de restricciones para regar los campos, mientras los ayuntamientos podrían verter agua sin limite sobre sus jardines".

El componente electoral ("tienen en la cabeza poder tener todo verde y bonito cara a las elecciones", señaló otro asistente a la reunión) estaba en boca de todos.