La cita del viernes

Cumbre contra la sequía | La oposición reclama recursos para que los municipios puedan arreglar fugas de agua

Una mayor inversión en desalinizadoras y la recuperación de pozos en desuso forman parte del paquete de exigencias al Govern

El pleno del Parlament, en una votación este miércoles

El pleno del Parlament, en una votación este miércoles / TONI ALBIR / EFE

Sara González
Carlota Camps
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Los grupos de la oposición se han reunido por segunda vez esta semana con el Govern para intentar consensuar las nuevas propuestas para hacer frente a la sequía que debe aprobar la cumbre de este viernes, una cita de la que el 'president' Pere Aragonès quiere salir luciendo acuerdos y evitar así que la guerra del agua sea un frente más de conflicto en plena campaña de las elecciones del 28 de mayo. Los partidos han puesto ya encima de la mesa las medidas y, pese a que cada cual lo hace con sello propio, hay una reclamación común: recursos inmediatos para que los municipios puedan arreglar fugas de la red de subministro, así como recuperar pozos en desuso o instalar sistemas de control de la presión. También que, más allá de la urgencia y de las intervenciones a corto plazo, se planifiquen las infraestructuras clave ante episodios graves de sequía para evitar que en un futuro se repita la situación actual.

Aplazar las sanciones y crear un fondo de 85 millones

El principal objetivo con el que acude el PSC a la cumbre es que se elimine o se fije un período transitorio de por lo mínimo un año para las sanciones a los ayuntamientos que prevé el decreto aprobado por el Govern en caso de incumplir con los planes de emergencia. Consideran que esa lógica supone "hacer pagar los platos rotos" a los municipios en lugar de poner el foco en la planificación que ha faltado en la última década por parte de la Generalitat o la falta de ejecución de las inversiones previstas de la Agència Catalana de l’Aigua.

En lugar de multas inmediatas, los socialistas proponen que haya 85 millones en ayudas extraordinarias a los municipios para detectar puntos de fuga de agua -se estima que un 22% de media se pierde- y mejorar la red de distribución y también para instalar sistemas de control de la presión por si se acaban imponiendo horarios de restricción del agua de boca. Y es que los cortes repentinos, así como el restablecimiento del servicio tras el fallo, pueden provocar averías en las tuberías. Los gastos de estas intervenciones consideran que tendrían que asumirse desde la Agència Catalana de l'Aigua y serían recursos adicionales a los 760 millones que ya incluyen los presupuestos para mejoras del subministro. Los socialistas apuntan, en todo caso, que podrían financiarse esas actuaciones con fondos europeos.

El PSC también quiere que quede por escrito las infraestructuras que se consideren urgentes y prioritarias en los próximos dos años para intentar evitar situaciones como la actual. Eso es la ampliación de la desalinizadora de Tordera -para la que los presupuestos de 2023 ya incluyen 165 millones de los 760 previstos para hacer frente a la sequía- y de la mejora tanto de la depuradora como de la estación de agua regenerada vinculada al río Besòs

Más allá de las medidas para paliar la escasez de agua, los socialistas sí que han insistido en la reivindicación que han hecho los alcaldes metropolitanos para poder llenas las piscinas públicas el próximo verano "por motivos de salud".

Ayudas al mundo local y coordinación

Los republicanos piden al resto de partidos del arco parlamentario que "no hagan guerra con el agua" y que actúen "con responsabilidad". "No solo hay que cambiar el decreto, porque es una pieza más de las medidas y acciones que hay que hacer, y que se han hecho y que se harán", indican fuentes de ERC. "Obsesionarse con el decreto o querer ponerlo todo en él cuando no hace falta es un error", remachan. De ahí que su propuesta sea dar apoyo y ayudas al mundo local y una mayor coordinación entre todas las instituciones.

Derogar sanciones y poder contratar de emergencia

Junts acude a la cita con dos peticiones: derogar el régimen sancionador contra los ayuntamientos y permitir la contratación por trámite de emergencia, un sistema que se usó durante la pandemia y que, de hecho, ya se habilitó durante la sequía de 2008. Quieren que se habilite para todas las administraciones competentes, ya sea Govern o ayuntamientos. Esto permitiría hacer contrataciones e inversiones por la vía rápida, eliminando plazos, concursos públicos y parte de la burocracia que conlleva.

Además, reclaman destinar los 500 millones de euros del remanente del ACA a varias inversiones. En el documento que los posconvergentes han enviado al Govern, hay 250 millones de euros en la ampliación de la desalinizadora de la Tordera, 100 millones más para licitar una nueva desalinizadora en Cubellas, 50 millones para la recuperación de pozos existentes o 50 más para invertir en la red de Aigües Ter Llobregat para "mejorar su funcionamiento y eficiencia" y evitar fugas. También piden más campañas de sensibilización, compensaciones para agricultores y ganaderos afectados y recursos para la modernización del riego. Fuentes de Junts aseguran tener voluntad de "consensuar" con el Govern, pero piden una "rectificación" a la política llevada a cabo hasta ahora.

Municipalización del agua

La CUP considera que todas la medidas planteadas hasta ahora por el Govern son "parches" y pide un "debate en profundidad sobre el modelo económico y productivo para afrontar la situación de crisis climática". Los anticapitalistas creen que la cumbre "no servirá", pero aún así han mandado sus propuestas a la Generalitat. Entre ellas, destaca que el agua no sea un "negocio" y que se puedan "municipalizar" los servicios, que en los planes contra la sequía de los municipios turísticos se haga una previsión de consumo de agua y medidas de ahorro, así como que en los edificios unifamiliares y plurifamiliares se adopten medidas para la "reutilización de las aguas grises".

Reducir a la mitad los cruceros y hacer un mapa de consumo territorial

Además del fondo extraordinario para que, especialmente los municipios pequeños, puedan recuperar pozos en desuso, conectarse a la red de aguas de Catalunya o reducir fugas, los Comuns reclaman también dos decretos: uno de medidas urgentes para reducir pérdidas en la red de subministro y alcantarillado y otro en materia de restricciones. Este último considera que debería incluir que se limite a la mitad el número de cruceros que este verano llegarán a Barcelona por ser "grandes consumidores de agua", además de elaborar un mapa de consumo municipal para radiografiar en qué municipios está disparado y saber dónde hay que intervenir. También vuelven a reclamar la suspensión de obras y proyectos que supongan un "alto consumo de agua", como el Hard Rock.

Otros de los planteamientos de En Comú Podem pasa por tener una vía administrativa clara para que los municipios puedan remunicipalizar la gestión del agua cuando finalicen las concesiones y que se avance hacia un Pacto Nacional por el Agua en el que participe el sector agrícola, económico, social y sindicatos y se planteen las infraestructuras de desalinización y regeneración de agua que deben llevarse a cabo en los próximos años. También apuntan la necesidad de fijar un plan de aprovechamiento de recursos hídricos alternativos, como los del freático o la recuperación de acuíferos contaminados por purines (siete de cada 10 están contaminados por nitratos), así como de reaprovechamiento de aguas pluviales.

Simplificación de los procedimientos administrativos

También Ciutadans pide una “simplificación de los procedimientos administrativos” para la contratación, incluyendo la posibilidad de habilitar la “tramitación de emergencia”, con una “fiscalización posterior”. Además, los naranjas piden mejorar la ejecución de inversiones, con la posibilidad de hacer más “colaboración público-privada” para poder mejorar la “celeridad”. Como el resto de formaciones, Cs también pide mejorar la red de subministro y reducir las pérdidas, pero no sancionando a los ayuntamientos -porque consideran que "acaba repercutiendo a los ciudadanos que cumplen"-, sino con "ayudas a la financiación y también con colaboración en la propia ejecución de las obras".

Sin medidas concretas

El PP no ha querido concretar aún las medidas que llevarán a la reunión del viernes con el Govern, aunque sí dejan claro que sus diputados Lorena Roldán y Daniel Serrano asistirán a la cumbre.

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