El PSOE reajusta a la baja su petición de penas para Fernández Díaz por la Kitchen

Los audios y documentos incorporados a la operación Kitchen después de que el instructor Manuel García Castellón diera por concluida la investigación del espionaje al que presuntamente se sometió desde el Ministerio del Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas han obligado a las acusaciones personadas a presentar nuevos escritos de acusación. El PSOE ha aprovechado el trámite para rebajar su petición de penas, mientras que Podemos ha optado por mantenerlas en su integridad, según ambos textos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

De esta forma, la acusación del PSOE baja la pena que pide para el principal acusado, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, de 48 años y cuatro meses de prisión pasa a solicitar 41 y 10 meses. En concreto en su último escrito de acusación solicita 9 años de prisión por el delito de organización criminal, en grado de director; 5 años, por encubrimiento; 4 por obstrucción a la justicia; 9 por dos delitos de cohecho por el pago con dinero de los fondos reservados (seis por uno y tres por otro); 6 por malversación; 10 meses por allanamiento de morada o despacho; 6 años por revelación de secretos, y 2 por tráfico de influencias.

Tres años menos

Los socialistas plantean que este último delito pueda ser condenado de forma subsidiaria como un delito de prevaricación, penado con 10 de inhabilitación. Además, le acusa de otro de certificación falsa por el que propone su suspensión por seis meses. Para su mano derecha en el Ministerio del Interior, Francisco Martínez, también plantea una rebaja de pena, pero menor. En su caso la propuesta inicial de pena de 34 años y medio de cárcel a 33 años y tres meses.

El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, que fue captado como confidente por el clan policial, que le pagó 2.000 euros mensuales de los fondos reservados del Ministerio del Interior a cambio de información del extesorero del PP, pasa de 36 años y un mes de cárcel a 28 años y 7 meses.

También ven rebajada la petición de pena por parte del PSOE los demás policías acusados. En el caso del excomisario José Manuel Villarejo, para el que en el primer escrito pedía 38 años de prisión, ahora solicita 33 y 3 meses. El ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, que ya fue condenado a un año de cárcel por manipular documentación del caso Pujol, pasa de 34 años y 9 meses a 27 años y tres meses.

José Luis Olivera

Los socialistas, en el mismo sentido, han bajado las peticiones de cárcel para los otros presuntos implicados en la causa. Así José Luis Olivera, Marcelino Martín-Blas y Andrés Gómez Gordo, a los que les pedían a cada uno de ellos 34 años y 9 meses de condena, pasan a tener una importante rebaja. Olivera, al que la Fiscalía no ha acusado, pasa a 19 años y seis meses.

A Martín-Blas, a quien Anticorrupción reclama dos años y seis meses de prisión, también ha recibido una menor petición por parte del PSOE, pues baja hasta los 17 años. El comisario Gómez Gordo, que también está procesado en el caso del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, pasa de los mencionados 34 años y 9 meses a 29 años y 9 meses.

García Castaño

El que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, uno de los pocos que confesó los hechos, también se beneficia de una rebaja en la pena reclamada por los socialistas, al pasar de 35 años y 9 meses de prisión a 30 años y 9 meses.

El nuevo escrito de acusación de los socialistas sobre José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, que tenían una petición de pena de 32 años y 4 meses pasan a 13 años y seis meses.

No cambia, sin embargo, la reclamación de que se considere al PP como partícipe a título lucrativo para que responda "hasta un importe equivalente al total de fondos reservados empleados en la Operación Kitchen".

Podemos las mantiene

Por su parte, Podemos mantiene inamovible su petición de penas de 41 años de cárcel para Fernández Díaz, Martínez y el que era número dos de la Policía Eugenio Pino. Para Villarejo y el resto de policías imputados solicita 39 años, al no pedir dos años que para los anteriores por el delito de organización criminal, ya que no les considera dirigentes. El que era chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, se enfrenta a 26 años de cárcel.

Las dos peticiones de las acusaciones populares son muy superiores a las planteadas por la fiscalía, cuya propuesta de condena máxima es de 15 años para los considerados principales responsables: el que era ministro, su secretario de Estado de Seguridad y el director adjunto operativo. Para Villarejo eleva esta petición a 19 años de prisión.