El juez deja en libertad a Clara Ponsatí tras ser detenida al volver a Catalunya

Crónica de una detención anunciada. Así podría titularse un relato narrativo sobre el regreso de la 'exconsellera' de Educació, Clara Ponsatí, a Catalunya, a sabiendas de que pesaba sobre ella una orden de detención por su participación en el referéndum del 1-O. Un arresto de cuatro horas para notificarle que tiene que comparecer ante el Supremo y que, si bien el Govern y el independentismo consideran que vulnera su inmunidad como parlamentaria en la Eurocámara, ha servido también para reabrir la pugna entre Junts y Esquerra.

La eurodiputada de los posconvergentes ha aparecido en Barcelona por sorpresa y ha combinado sus habituales palabras gruesas contra el Estado, contra el Ejecutivo republicano y contra el Parlamento Europeo, con un reconocimiento: vuelve tras la reforma del Código Penal porque la beneficia penalmente ya que, aunque fuera detenida, como ha sucedido después, sabía que no entraría en ningún caso en prisión preventiva. El juez la ha dejado en libertad tras más de cuatro horas detenida y una breve comparecencia ante el juez en la que le ha señalado que deberá comparecer el 24 de abril ante el Tribunal Supremo. A tenor del tono de Ponsatí parece improbable que lo haga con lo cual se abrirá otro momento de tensión.

Ponsatí está acusada de un delito de desobediencia, un delito menor teniendo en cuenta que inicialmente estaba procesada en rebeldía por sedición, que no conlleva penas de prisión y, además, se cubre con la inmunidad parlamentaria concedida de forma cautelar por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La vuelta de Ponsatí ha sido interpretado por la dirección de Junts como un pulso al Estado, en su plan de "confrontación inteligente", porque al tener escaño en la Eurocámara opinan que se pone en jaque a la Unión Europea. De hecho, la fecha elegida no es casual, ya que este miércoles debe acudir al pleno en el ejercicio de sus funciones, y fuentes del Europarlamento han confirmado a EL PERIÓDICO haber recibido una solicitud de amparo de Ponsatí que están examinando, así como "todas las cuestiones legales que rodean este caso". "Cualquier actuación solo se guiará por esta consideración y nada más", han añadido las citadas fuentes.

En cambio, otras fuentes de Junts admiten en privado que se ha tratado de una actuación muy calculada y en clave victimista. Uno de los miembros de su defensa, el abogado y novelista Jordi Cabré, ha sostenido en RAC1 que el regreso de Ponsatí es un "banco de pruebas para la vuelta de Puigdemont" antes de que finalice este 2023.

En ERC celebran que Ponsatí esté en Catalunya porque a su juicio evidencia que la mesa de diálogo ha dado sus frutos, mientras Moncloa considera que el viaje de la 'exconsellera' ha sido un "espectáculo" porque tendrá las mismas consecuencias que el de la 'consellera' Meritxell Serret y el de la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel: su comparecencia ante el Tribunal Supremo. "Con el Gobierno del PP se saltaban la ley y se iban, con el Gobierno actual regresan y comparecen ante la justicia", remachan desde el Ejecutivo central.

Detenida en la Catedral

Antes de la detención en la plaza de la Catedral de Barcelona, Ponsatí ha sido clara sobre sus intenciones en una rueda prensa en el Col·legi de Periodistes: "No he venido a hacer ningún pacto con el Estado, sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos, la pasividad de las instituciones catalanas y la necesidad de que las instituciones europeas dejen de mirar hacia otro lado ante la violación sistemática del estado de Derecho en Catalunya". Bajo este planteamiento, Ponsatí ha mostrado su habitual retórica combativa, ha cuestionado la democracia española y ha afirmado que no ha acudido al Supremo porque no reconoce al juez Llarena "la competencia" para procesarla.

Tras la conferencia de prensa, la 'exconsellera' ha paseado junto a una nube de periodistas hasta la plaza de la Catedral, acompañada por su abogado, Gonzalo Boye, cuando un agente de paisano la ha parado para identificarla y proceder a su detención. Ponsatí le ha enseñado el carné de parlamentaria europea que llevaba colgado del cuello para defender su inmunidad y ha preguntado si estaban seguros de su arresto. Sin embargo, ha accedido finalmente a subir al coche policial. Ponsatí, en un mensaje en las redes sociales, ha tachado de "ilegal" su detención, al igual que lo ha hecho el 'expresident' Carles Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comín en una rueda de prensa: "Ha dejado en evidencia las carencias democráticas del Estado español. A una persona que goza de inmunidad, no se le puede detener salvo delito flagrante, que no era el caso", han defendido.

El 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, en una comparecencia posterior, ha sostenido que los uniformados "han actuado por órdenes del juez como es su deber legal como policía judicial" y ha recordado a Ponsatí que no entrará en la cárcel gracias a la reciente supresión del delito de sedición que ERC pactó con el Gobierno.

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Contra ERC y el pacto penal

"Es evidente que mi regreso va relacionado con el hecho de que la persecución a la que estoy sometida es por desobediencia, que no conlleva cárcel. Desde el primer instante he declarado que no tengo ganas de ser encarcelada. Efectivamente, hay una relación con el posible beneficio que pueda gozar de esta reforma del Código Penal, es un coste colateral que el Gobierno parece que tiene que pagar para lavarse un poco la cara”, ha argumentado Ponsatí antes del arresto. "No veo ninguna contradicción", ha inquirido.

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La 'exconsellera' ha sido muy dura con el Govern de ERC, al que ha llegado a acusar, textualmente, de ser "una herramienta de la ocupación española" y ha arremetido contra Serret, citada este miércoles y que sí se presentó ante el Supremo al regresar de Bruselas por ir "por el mundo y poner la bandera española tres veces más grande que la catalana".

Poco después, el líder de ERC Oriol Junqueras ha metido el dedo en el ojo de Ponsatí, con buenas palabras, al recordar que si ella regresa a Catalunya es "gracias a la supresión del delito de sedición". En cambio el 'president' Pere Aragonès, en un comunicado, ha evitado entrar en la refriega partidista y ha denunciado la detención de Ponsatí, que demuestra que "estamos muy lejos de resolver el conflicto" y una prueba de que España "vulnera" derechos democráticos por su condición de europarlamentaria.

Las declaraciones de los dirigentes de Junts y ERC han evidenciado que se mantiene la batalla partidista en relación a los dirigentes del 'procés' y que sus estrategias judiciales son diametralmente opuestas aunque en casos como el de Serret y Ponsatí el resultado final sea no pisar la prisión.

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