Ley de vivienda

El Gobierno y sus socios se conjuran para aprobar la Ley de Vivienda en el Congreso antes del 28-M

Después de Semana Santa, el Gobierno y los dos aliados principales intentarán cerrar la ley de vivienda en el Congreso y enviar un mensaje de ilusión a su electorado tras el fiasco de la derogación de la "ley mordaza"

Viviendas en la ciudad de Barcelona.

Viviendas en la ciudad de Barcelona.

Ángel Alonso Giménez

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El Congreso de los Diputados cerró una semana de apenas dos días que, sin embargo, ha paralizado completamente la agenda legislativa. La moción de censura de Vox con Ramón Tamames de candidato sumió a la Cámara en un debate estéril de instantes delirantes durante el martes y el miércoles. No es habitual comprobar que el principal orador, la persona con la responsabilidad de desgranar un proyecto alternativo al del presidente del Gobierno, está como loco por acabar pronto.

Si no fuera por la entrega de Pedro Sánchez el martes, primer día del pleno del Congreso, la moción de censura habría sido un cómico visto y no visto. La semana, sin embargo, ya estaba perdida. El jueves fue un día de lo más plácido en la Cámara. Las comparecencias de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la vicepresidenta primera no rompieron el letargo. 

Los diputados/as aprovecharon la placidez, sin embargo, para actualizar las agendas y refrescar la lista de tareas pendientes. Desde este lunes, la rutina y la secuencia habitual de hechos parlamentarios reconquistarán la escena. Martes: sesión plenaria con, como plato fuerte, una proposición de ley del PP para reformar nuevamente el Código Penal, en concreto los delitos de hurto y estafa. Miércoles: control al Gobierno. Jueves: el hito de la semana: la convalidación del decreto que reforma el sistema de pensiones

Es el decreto que pone sobre la mesa dos periodos de cotización para el cobro de la pensión; es el decreto que el ministro José Luis Escrivá acordó con Unidas Podemos y con la UE, y después, a falta de algunos flecos, con aliados como ERC y EH Bildu. Es el hito de la semana por la enjundia de lo que se reforma, no por la batalla política que se intuye. Los tambores de guerra vendrán de la bancada del PP y de las filas de Vox y de Cs, pero sobre ninguno de estos partidos se apoya la mayoría parlamentaria actual. 

Los problemas políticos, en la semana parlamentaria que empieza, no provendrán por tanto de las pensiones. En todo caso vendrán de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicar el envío a Ucrania de los carros de combate “Leopard”. A Unidas Podemos no le gusta que el Gobierno contribuya a una posible escalada bélica. Tampoco le gusta a Esquerra. Ni a EH Bildu. Los principales aliados del PSOE en el Parlamento van a desmarcarse, pero como no hay nada que votar, no hay nada que temer.

Algunas leyes pendientes

En la enumeración parlamentaria de cosas que hacer más pronto que tarde figuran algunos asuntos relevantes. La negociación para constituir la Comisión de Investigación de la “Operación Cataluña” se retomó a finales de semana con el objetivo de empezar a trabajar ya la semana que viene. Asimismo, el desbloqueo de la ley por la que se crea una nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero se produjo el martes. Los grupos han registrado las enmiendas y en breve se reunirá la ponencia. 

La ley de mecenazgo, procedente de una proposición de ley del PDeCAT, afronta el “sprint” final del recorrido y comienza a vislumbrarse como la primera propuesta legislativa de un grupo diferente del PSOE que verá la luz. La ley de movilidad sostenible está más retrasada, así como la norma contra el desperdicio alimentario. Las urgencias no asoman aquí, por el momento. 

Atascada está la tramitación de la nueva ley de organización del servicio público de justicia, alojada en la Comisión de Justicia, que no se ha abstraído de la situación peliaguda que envuelve a la administración por la huelga de los letrados. Esta norma, por cierto, debe vencer algunas reticencias de ERC, que no comparte la desaparición de los llamados jueces de paz en los ayuntamientos. 

No son las únicas normas sobre la mesa de los grupos; hay muchas más, pero la presión política no afecta a ninguna de estas. La presión política cerca una regulación que hasta ahora no ha aparecido en el texto: la ley de vivienda. La madre del cordero.

Símbolos

Las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo han impregnado ya la atmósfera parlamentaria. Decía el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una emisora de radio que la moción de censura ha dado el pistoletazo de salida a la carrera de las urnas. Que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, irrumpiera en el debate, el martes pasado, ilustra con claridad las pulsiones electoralistas en las que se mueve ahora la política.

Precisamente Díaz tiene previsto anunciar su candidatura el 2 de abril, en un acto al que, por lo que apuntan personas de su entorno, se le dará la máxima solera. Más allá de las rencillas que atosigan ese espacio de Unidas Podemos y de “Sumar”, más allá de cómo puede favorecer la recomposición a Sánchez, más allá de todo eso y de la salud con la que llega la derecha del PP y de Vox, el Parlamento ya mira a los sondeos de la demoscopia casi tanto como a las leyes, lo que ralentizará la agenda legislativa.

Está sucediendo. La reanudación de la actividad parlamentaria no será un ajetreo incesante y agobiante, como en el que se quedó atrapado el Parlamento a finales del año pasado, una época de excesiva velocidad legislativa.

Síntoma de que conviene ahora atemperar los impulsos es la proposición del PSOE para reformar la ley del “sólo sí es sí”. De la premura de la que hablaron los dirigentes socialistas cuando registraron la proposición al enfriamiento actual. Para empezar, se ha alargado una semana el plazo de enmiendas. Consultadas fuentes de los socios del Gobierno, ni PSOE ni Unidas Podemos están hablando de momento sobre cómo cicatrizar las heridas mediante propuestas conjuntas.

Calma, por tanto, que además las elecciones se acercan. Conviene la velocidad, pero no la precipitación, en las leyes identificadas como cruciales, y actualmente una alcanza esa categoría, indican las fuentes parlamentarias consultadas.

La ponencia para tramitar la norma se creó en febrero y no se ha reunido aún. Ni PSOE, ni Unidas Podemos, ni ERC ni EH Bildu han logrado unificar la posición sobre cómo contener la subida de los precios de los alquileres en zonas tensionadas. De esto dependen cuestiones como la confección de los índices de referencia, las definiciones de grandes tenedores o el respeto a los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas.

Cuando las cuatro formaciones logren el pacto, lo llevarán a la ponencia, y posteriormente, a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y luego, al pleno, en donde esperan la adhesión de formaciones como Más País, Compromís o Teruel Existe, plataforma que, por cierto, ha logrado incluir en la redacción la idiosincrasia de la España vaciada.

La ley de vivienda se ha convertido en un símbolo político. Lo era también la derogación de la “ley mordaza” hasta que las discrepancias de ERC y EH Bildu con la ambición de la norma que sujetaban PSOE, Unidas Podemos y PNV trastocaron los planes. La regulación del Gobierno de Mariano Rajoy, que la izquierda se conjuró para erradicar en cuanto formaran mayoría parlamentaria, sigue vigente. Seguirá vigente.

Desmoronado ese símbolo político, queda sólo la ley de vivienda. Asumen las fuentes parlamentarias que el margen de error se ha estrechado muchísimo. La idea es intentar aprobar el texto en el Congreso antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Después de Semana Santa, máxima prioridad, no habrá otro reto más importante. El Gobierno y los socios coinciden en que hay que enviar un mensaje de ilusión al electorado progresista, tendente a la desmovilización y a la apatía. Un mensaje que podría resumirse en un “sí, se puede” de libro