Ante las municipales

El Parlament entra en campaña electoral con cuatro 'consellers' en el punto de mira

La sentencia de Laura Borràs y la cumbre del agua amenazan con agravar la pugna entre partidos a las puertas de los comicios del 28 de mayo

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, en el Parlament

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, en el Parlament / ACN

Sara González

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El 3 de abril se entrará, oficialmente, en período electoral, un clima en el que la escalada de decibelios entre los partidos es norma no escrita. En el caso del Parlament, en tan solo una semana se han abierto varios frentes que van desde una lista 'in crescendo' de los 'consellers' que están en el punto de mira a una cumbre sobre la sequía el viernes de la semana que viene que corre el riesgo de ser otro ring entre el Govern y la oposición. Y, por encima de todos, el que más estragos se prevé que provoque y por el que todos contienen la respiración, está la sentencia a la líder de Junts, Laura Borràs, que en caso de ser condenatoria abrirá el melón de la sucesión de la presidencia de la Cámara.

Los 'consellers' en entredicho

La polémica sobre la residencia de Santa Coloma de Gramenet que ERC prometió de la mano del 'conseller' de Drets Socials, Carles Campuzano, es paradigmática de cómo un vídeo de campaña y un tuit a escala municipal pueden acabar encendiendo una mecha que acabe impactando en el Parlament a las puertas de las municipales. La oposición ha forzado la comparecencia de Campuzano el próximo 24 de abril para que dé explicaciones, pero Junts, que ve demasiado lejos esa fecha, ya ha registrado una moción para pedir su reprobación. También el 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, cuya gestión al frente de los Mossos ya fue censurada por la mayoría del hemiciclo en noviembre, vuelve a estar en el ojo del huracán por el decreto de reestructuración del cuerpo.

El titular de Educació, Josep Gonzàlez Cambray, logró el año pasado evitar su reprobación -Junts aún no había roto con ERC y el PSC lo acabó salvando- a pesar de las sucesivas huelgas del sector educativo, aunque sigue siendo uno de los miembros del Govern más cuestionados por la oposición. También la 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha encajado algunas advertencias sobre la posibilidad de pedir su reprobación por el lento despliegue de las renovables que le atribuyen. Además de estos cuatro 'consellers', Juli Fernàndez, al frente de Territori, ha sido señalado por sus "contradicciones" ante infraestructuras acordadas entre ERC y el PSC que deberán concretarse en los próximos meses, empezando por la B-40.

La sentencia de Borràs

Que la sentencia de Laura Borràs es una bomba de relojería, sea cual sea su desenlace, es compartido por todos los grupos. Sea absolutoria o condenatoria, forzará movimientos dentro y fuera de Junts, y, además, el calendario del tribunal podría enlazarse con el de la campaña electoral. "Hay nervios ante la inminencia del veredicto", aseguran desde la cúpula republicana para justificar la beligerancia de sus exsocios en el Parlament en este último pleno. En caso de condena, los partidos deberán acordar cómo afrontar el relevo en términos jurídicos y, después, ponerse de acuerdo para escoger una nueva presidencia. Por ahora no hay ningún pacto para ello y sí vetos cruzados. Ni Junts ni ERC ni el PSC descartan optar al cargo. Y aún otro frente más: PSC, Comuns y Ciutadans mantienen el pulso por retirar las asignaciones y pensiones a los expresidentes, debate que podría afrontarse en el pleno agendado en abril.

La guerra del agua

El Govern pudo convalidar en el Parlament el decreto de medidas para hacer frente a la sequía, pero lo hizo por los pelos, con ERC quedándose sola votando a favor y a costa de ceder ante la oposición y aceptar un nuevo decreto con medidas complementarias. Solo así pudo lograr que el PSC y Junts, que amenazaban con tumbar las directrices aprobadas por el Govern por no haberlas pactado antes, se abstuvieran como hicieron Comuns y CUP y permitieran su validación. La "guerra por el agua" que el 'president' Pere Aragonès reclamó explícitamente que no se abriera, continuará en la cumbre del próximo viernes, una reunión que tiene que servir para que los grupos aporten propuestas. El aviso de la oposición, que acusa al Executiu de no dialogar ni consensuar a pesar de su minoría, es recurrente: Aragonès tiene que pactar antes si no quiere reveses en el Parlament.

El viaje de Aragonès y Pegasus

Otro de los desencuentros que se han vivido en los últimos días ha sido a tenor del viaje de nueve días de Aragonès. Mientras desde el Govern se vende como un "éxito" la agenda de reuniones que tuvo el 'president' a pesar de que no pudo reunirse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde Junts y por boca del diputado Francesc de Dalmases lo calificaron como un "desastre sin paliativos". Por contra, PP, Ciutadans y Vox señalaron el gasto que ese viaje supone para las arcas públicas. A la ofensiva de los posconvergentes se sumó una carta de Borràs enviada a Aragonès en la que lo acusaba de tener un "comportamiento indigno" ante los miembros de la comisión de investigación de la Eurocámara sobre el espionaje con Pegasus que se desplazaron a Madrid. La presidenta de Junts le afeó que no rebatiera los argumentos de dirigentes del PP que afectaban al 'expresident' Carles Puigdemont. La lista de reproches incluye acusaciones por no responder a preguntas parlamentarias o hacerlo fuera de tiempo.

Barcelona, omnipresente

Que se acercan elecciones municipales exuda cada vez más en los debates parlamentarios, en los que aparecen con frecuencia las referencias a Barcelona. Si se vota una comisión de investigación sobre los fondos buitre, la alcaldable de Ciutadans, Anna Grau, carga contra la política de vivienda de Ada Colau. Si se habla sobre sequía y restricciones, los Comuns señalan que no se puede continuar llenando de agua los cruceros que llegan a la ciudad. Si se tumba el plan piloto de la renta básica, Ernest Maragall recupera la propuesta para su campaña. Y, si se aprueban presupuestos, Jaume Collboni se planta en el Parlament para sacar pecho de las inversiones para la capital arrancadas por el PSC.

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