Vocales progresistas del CGPJ se plantean una dimisión en bloque para forzar la renovación del órgano

La renuncia conocida este miércoles de la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez, perteneciente al sector progresista de la institución, podría convertirse en un revulsivo ante la grave situación que arrastra un órgano que está a punto de cumplir cuatro años y medio en funciones sin que el PSOE y el PP logren renovarlo. Ante esta tesitura, voces del sector minoritario plantean una dimisión colectiva que, aunque no arrastre a todos los vocales, logre que una pérdida del quorum necesario que paralice el Consejo y obligue a los políticos a actuar.

Fuentes del sector progresista señalan que en los próximos días -algunos pretenden que sea este mismo viernes- está prevista una reunión de los vocales que integran este grupo para tratar la cuestión.

La renuncia de la vocal Sáez acrecienta la descomposición del CGPJ

Uno de ellos, el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, ha planteado personalmente en la Comisión Permanente celebrada este jueves su "disposición y voluntad" de dimitir por compartir la indignación tanto de Sáez como del expresidente Carlos Lesmes, quien renunció al cargo el pasado mes de octubre, y pretende llevar esta cuestión al Pleno que se celebrará el próximo día 30. "Creo que ya hemos cumplido", ha señalado en un mesaje a sus compañeros.

Según el articulo 600.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Pleno se constituye válidamente con diez vocales y el presidente, por lo que además de la renuncia de Sáez -que debe ser validada por el presidente suplente, Rafael Mozo, en el próximo Pleno-, para forzar una pérdida de quorum se precisaría que también dimitieran, al menos, los otros siete vocales que conforman el sector minoritario. "Si nos vamos ocho o nueve, el Consejo no podría funcionar", admiten desde este sector.

Así, Cuesta pedirá formalmente que la próxima sesión plenaria valore la actual situación del Consejo y la "posible dimision de sus vocales". Su postura, que se atribuye a un "sondeo" iniciado por el propio Mozo, no es compartida por el momento por la totalidad del grupo minoritario, algunos de cuyos miembros tildan este movimiento de "ruido". Otros no descartan de plano la posiblidad de renunciar, aunque advierten que "aún no hay nada definitivo" y discrepan de las formas empleadas por el exdiputado del PSOE.

Una idea descartada en otras ocasiones

Pese al tiempo que llevan fuera de mandato y con parte de sus funciones limitadas por ley, como es la capacidad de hacer nombramientos en la cúpula judicial, los vocales se preguntan qué ha ocurrido en las últimas horas para acelerar el debate sobre la dimisión conjunta, algo que ya se había planteado -y descartado- en varias ocasiones.

Sobre la renuncia de Sáez, algunos reconocen que que, en todo caso, la vocal designada por IU siempre ha actuado "por libre", y su actuación no tiene por qué forzar ninguna actuación de esta naturaleza.

En su día, concretamente con ocasión de su último discurso formal como presidente del Consejo en la Apertura del Año Judicial, Lesmes defendió la posibilidad de dimitir de forma individual y ser él el primero en hacerlo, ante su pérdida de esperanza en un acuerdo de renovación del órgano.

En este momento rechazó que la renuncia se produjera en bloque, porque eso supondría dejar desatendidas las funciones propias del Consejo y consideraba que no se entendería en situaciones similares por parte de otras instituciones, como el Gobierno, por ejemplo. La posibilidad de una dimisión colectiva ha sido desde entonces una idea latente, pero que nunca ha recibido apoyos suficientes para ser una realidad.

Por otra parte, el Consejo se ha visto sacudido también esta semana por otro asunto, la decisión del presidente suplente Mozo de renunciar al sueldo que corresponde a quien encabeza este órgano y el Tribunal Supremo (TS), quedándose con el de vocal, para evitar "cualquier menoscabo" a su "honorabilidad" y a la "imagen" del gobierno de los jueces. Lo hizo tras publicarse en El Español que estaba cobrando 151.000 euros al año presidente del Consejo pero también del Supremo, un cargo que ejerce en funciones el magistrado Francisco Marín sin cobrar por ello.