El Govern salva por la mínima el decreto de medidas para hacer frente a la sequía

Aunque el 'president' Pere Aragonès reclamó en el pasado pleno a la oposición que no hiciera una "guerra del agua" y convocó a los grupos a una cumbre que se celebrará el 31 de marzo, las medidas contra la sequía forman parte ya del largo historial de reproches al Govern. Tanto es así, que poco ha faltado para que el decreto de restricciones para hacer frente a la situación acabara -permítase la ironía- haciendo agua y rechazado por el Parlament. Finalmente, se ha salvado por la mínima gracias a las abstenciones de PSC y de Junts. Ambos habían amenazado con dejarlo caer y ha sido ante ese riesgo que el Executiu ha cedido comprometiéndose a incorporar medidas complementarias que aporten los grupos en un nuevo decreto, además de tramitarse el actual como proyecto de ley para incorporar cambios.

El resultado de la votación refleja el aprieto en el que estaba el Govern: solo han votado 'sí' los 33 diputados de ERC -además del diputado no adscrito-, se han abstenido los 79 que han sumado PSC, Junts, Comuns y CUP, mientras que han votado en contra 19 diputados de PP, Ciutadans y Vox. Ante el duro golpe que podría haber supuesto un revés en este frente si alguno de los dos grandes grupos hubiera apretado el botón del 'no', el ejecutivo catalán no ha tenido otra salida que recapitular. La 'consellera' de Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha pedido disculpas a los partidos y a los ayuntamientos que acusan al Govern de falta de diálogo para consensuar las medidas, aunque ha asegurado que el director de la Agència Catalana del Aigua ha trabajado y se ha reunido con infinidad de entidades municipalistas. Sin embargo, a la titular del departamento no le ha quedado otra que entonar un 'mea culpa' para evitar que decaiga este decreto y se ha mostrado "abierta" a modificaciones.

La oposición en bloque, en particular, el PSC, Junts y los Comuns, atacaron al 'president' por aprobar decretos, que luego tienen que ser convalidados por el Parlament, sin ninguna negociación previa. La crítica ha sido genérica, pero la actualidad pone el decreto ley sobre la sequía delante de todos. El de restructuración de los Mossos d'Esquadra (que no precisa paso parlamentario) fue merecedor, también, de amplias críticas durante la sesión de control.

Los reproches se centran en señalar que el Executiu ha "gestionado mal" la lucha contra la sequía y le afean que se hayan tomado medidas sin haberlas compartido antes. A su juicio, primero debería haberse dialogado con los grupos en lugar de convocarse una cumbre 'a posteriori'. Antes del discurso de Jordà, el 'president' ha reclamado "responsabilidad" a los grupos y ya había ofrecido, con vocación de salvar la votación, incluir más medidas en un nuevo decreto ley que complemente el actual. "Si no es convalidado, las medidas de emergencia para luchar contra la sequía deberán esperar meses", había advertido Aragonès, que necesitaba más votos a favor que en contra para que su iniciativa prosperara.

El PSC y Junts han dejado en el aire su voto hasta el último momento con el objetivo de visibilizar que el Govern en minoría de ERC estaba arrinconado y no tenía otra salida que dar su brazo a torcer. "No tenemos claro el sentido de nuestro voto", ha llegado a decir el líder del PSC, Salvador Illa, sembrando aún más la incertidumbre, cuando faltaba una hora escasa para la votación. "El sentido de voto de Junts dependerá de la intervención que haga la 'consellera' Jordà", añadían los posconvergentes, que han reclamado explícitamente el nuevo decreto que el Govern ha aceptado.

Los socialistas afean a Aragonès la "falta de planificación" y de "diálogo" con la oposición, además de la "centrifugación de responsabilidades" que, a su juicio, hace el decreto incluyendo un régimen sancionador para los municipios que incumplan. De lo mismo se han quejado desde Junts. El 'president' negó la mayor y, dando incluso fechas de reunión, recordó a Salvador Illa y a Albert Batet que la Conselleria d'Acció Climática se había reunido con los respectivos grupos parlamentarios 15 días antes de la aprobación del decreto de sequía. "Y aun estamos esperando aportaciones, pero lo que no vamos a hacer es esperarlas eternamente", le espetó al posconvergente. 

Demorar un año las sanciones

Según la consellera Jordà, el objetivo de la norma no es sancionar a los municipios, sino que sea "disuasorio". Y, de hecho, ha asegurado que antes de la aprobación de la declaración de emergencia muchos ayuntamientos no habían presentado el plan para hacer frente a la sequía y que ahora ya lo han hecho un 98%. La vocación del PSC es que el nuevo decreto demore un año la aplicación de sanciones, que aporte recursos extraordinarios para que los ayuntamientos puedan ponerse al día y que se estudie las infraestructuras prioritarias para hacer frente a la sequía en los próximos meses.

La abstención de Comuns y CUP

Los Comuns, que también se han abstenido, se unieron al coro crítico para señalar que no era de recibo convocar una cumbre sobre la cuestión, prevista para el 31 de marzo, con el decreto ya aprobado y que lo lógico hubiera sido atender a esa reunión y, después, recogiendo el contenido del cónclave, trazar el decreto. El diputado David Cid ha hurgado en la contradicción que supone, a su juicio, que se rieguen campos de golf o se llenen de agua cruceros mientras los payeses tienen que dejar de regar. El 'president' repuso que no tiene ningún inconveniente de añadir al texto del decreto toda medida que sea consensuada en esa reunión con los grupos.

La CUP también se ha sumado al bloque abstencionista por la "falta de planificación y el retraso de las medidas del Govern". Además, el ‘cupaire’ Dani Cornellà ha lamentado que el ejecutivo pida un esfuerzo a la ciudadanía y a los ayuntamientos, cuando "sigue apostando por los macroproyectos, más aviones, más cruceros y más turismo". En este sentido, ha pedido no una cumbre sobre el agua, sino una "mesa de diálogo" con todos los sectores afectados, no solo las administraciones.

224 municipios afectados

El decreto, aprobado el pasado 28 de febrero por el ejecutivo -y ya en vigor-, y ahora convalidado, restringe el uso del riego agrícola, industrial y urbano en 224 municipios, donde viven casi seis millones de catalanes. Las zonas afectadas son las cuencas de los ríos Ter y Llobregat (abastecen a varias comarcas de Barcelona y Girona) y del acuífero Fluvià-Muga (Empordà), que están en fase de excepcionalidad, el último eslabón antes de la emergencia.