Justicia
El Constitucional no cuestiona la imparcialidad de Campo, que no se apartará en el recurso contra el impuesto a los ricos
El Gobierno andaluz siembra sospechas sobre su imparcialidad, pero elude recusar al ex ministro de Justicia
Cristina Gallardo
Periodista
Isabel Morillo
Cristina Gallardo / Isabel Morillo
Pese a las dudas sobre su imparcialidad vertidas durante los últimos días por el Gobierno andaluz, el ex titular de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo no tiene previsto apartarse del recurso admitido a trámite este martes contra uno de los artículos de la ley sobre el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, aprobada a finales del pasado año, y que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a tres millones de euros.
Desde el órgano de garantías se recuerda que la demanda planteada por la Junta de Andalucía no plantea recusación o motivo de abstención alguno respecto del ex ministro de Sánchez, una cuestión que, por lo tanto, se ha renunciado a plantear de forma explícita. Las mismas fuentes añaden que en la sesión que estudió su admisión a trámite -y rechazó dejar la norma en suspenso mientras se estudia este asunto-, no se ha cuestionado en momento alguno la posible imparcialidad del magistrado progresista.
El Gobierno andaluz, que ha venido sembrando sospechas y dudas sobre la imparcialidad de Campo por su pasado como diputado socialista, su cargos en la Junta de Andalucía y su proximidad a Sánchez, admitió que no ha planteado su recusación ni va a hacerlo, según la consejera de Economía, Carolina España, pese a que podría hacerlo como promotora del recurso elevado al Constitucional.
Desde que accedió al tribunal, en el turno de magistrados que corresponde designar al Gobierno, Campo ha sido recusado en la práctica totalidad de asuntos en los que son parte los partidos en la oposición. De muchos de ellos ha tenido que apartarse, por tratarse de normas de las que conoció cuando formaba parte del Consejo de Ministros --asuntos como los referidos a la ley del 'solo sí es sí', reforma laboral o el 25% del castellano en las aulas catalanas-- mientras que en otros temas, como en el recurso contra la vigente ley del aborto, las peticiones para que se echara a un lado no han sido aceptadas.
Rechaza dejar en suspenso la medida
El rechazo a dejar en suspenso la vigencia de la ley se explica, según las mismas fuentes, en que la Constitución permite al Gobierno central solicitar esta medida en relación con las normas autonómicas, "pero no permite a las autonomías solicitar la suspensión de las normas del Estado".
Los recurrentes alegan que la citada ley podría suponer una vulneración de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y del bloque de la constitucionalidad en materia de tributos cedidos, así como la infracción del derecho de representación política. Plantean, concretamente, vulneraciones del principio de lealtad constitucional y del principio de seguridad jurídica que podría contener el artículo 3 de la Ley
Según la Junta de Andalucía, el gravamen a las grandes fortunas se concibe como un tributo "complementario" al Impuesto sobre el Patrimonio (para contribuyentes con un patrimonio neto superior a los 700.000 euros), que está bonificado al cien por cien en esta región.
El Gobierno andaluz confío en que, ya que no se ha admitido la suspensión del tributo como medida cautelar, el fondo del recurso se resuelva rápido. La consejera de Economía confío en "una resolución rápida" para propiciar "seguridad jurídica". Pese a admitir que no han recusado al magistrado Campo, el Gobierno andaluz volvió a retratarlo como "persona que ha sido de la máxima confianza del presidente del Gobierno" en varios turnos de sus intervenciones, poniéndolo en duda. "En otros temas el ministro se ha inhibido, se podría haber inhibido en éste como en otros temas", sostuvo España, que consideró que si no se hubiera admitido a trámite el recurso de la Junta al impuesto hubiera sido "un escándalo".
La responsable de Hacienda del Gobierno andaluz aseguró que el gravamen a las grandes fortunas es "un impuesto inconstitucional que corta las alas a Andalucía, ahuyenta la inversión y que no existe en otro país de la Unión Europea". La Junta además dejó claro que Patrimonio seguirá suprimido y que hay muchos andaluces que no tendrán que pagarlo. "Eso es importante que lo sepan", señaló la consejera de Hacienda. Entre los 700.000 euros y los 3 millones de patrimonio neto "hay una diferencia importante" para que sean beneficiarios de la bonificación del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía. A partir de 3 millones se paga el otro impuesto estatal, que afectará alrededor de un millar de andaluces de los cuatro millones y medio de contribuyentes. La consejera de Economía insistió en que la presentación del recurso de inconstitucionalidad descansa en que "entendíamos que era un ataque a la autonomía financiera y había vulneración de principios constitucionales".
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