Los exmiembros de la Mesa del Parlament alegan que ya han cumplido la condena "con creces"

De vuelta a los mismos argumentos, solo variados por el paso de tiempo y, como alegó la abogada defensora Judit Gené, los acusados ya han cumplido de sobras la condena de 20 meses de inhabilitación que se les impuso en octubre de 2020, con gravamen de que la ley electoral no les ha permitido presentarse a ninguna de las elecciones que se han convocado desde entonces. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) vuelve a juzgar esta semana a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament en la etapa de Carme Forcadell por tramitar leyes a favor del proceso independentista, pese a que el Tribunal Constitucional les había advertido de su obligación de impedir iniciativas que supusieran eludir su mandato. Dos de ellas, la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, fueron aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el alto tribunal. El juicio se ha reeditado después de que el Tribunal Supremo anulase su condena al apreciar falta de imparcialidad de dos magistrados y los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament en 2017 presidida por Forcadell; Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, se han sentado de nuevo en el banquillo en una sesión casi calcada a de hace dos años y medio.

La inviolabilidad parlamentaria, las funciones de la Mesa del Parlament, la libertad de expresión de los diputados y la aprobación de resoluciones vinculadas al 'procés' se han erigido en el campo de batalla en la primera sesión del nuevo juicio contra los que fueran dirigentes independentista y que ahora ya no son diputados. Lo único que ha variado en los argumentos de la defensa es el paso del tiempo y, de ello, ha dado cuenta la abogada Judit Gené: "La anulación del juicio ha perjudicado a las personas que se sientan en el banquillo, porque fueron condenados a inhabilitación y la ley electoral no les permite presentarse a las elecciones".

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La letrada ha subrayado: "El Supremo ha tardado dos años y un mes en anular el anterior juicio y la pena de 20 meses de inhabilitación ya estaría cumplida con creces". Por ello, solicita no solo la absolución, sino también la aplicación de dilaciones indebidas. El fiscal no ha tardado en responder e indicar que la tardanza del Supremo no fue gratuita, pues en el alto tribunal hubieron incidentes procesales, como la recusación de magistrados por parte de las defensas. La Abogacía del Estado ha sido clara: "La sentencia que dictó el TSJC en octubre de 2020 no era firme y, por lo tanto, no se podía ejecutar", rechazando el perjuicio hacia los acusados.

La repetición del juicio

El nuevo tribunal que juzgará de nuevo a los miembros soberanistas de la Mesa está integrado por los magistrados Fernando Lacaba, Francesc Segura y María Jesús Manzano. Barrientos y Ramos sí que fueron recusados por falta de imparcialidad en el juicio que el TSJC acabó absolviendo al expresidente del Parlament y actual 'conseller' de Empresa, Roger Torrent, y los miembros independentistas de su Mesa -Adriana Delgado, de ERC, y Eusebi Campdepadrós y Josep Costa, de Junts-, tras descartar que desobedecieran al Constitucional al tramitar en 2019 resoluciones soberanistas y de reprobación de la monarquía. La sala sostuvo entonces que las actuaciones de los encusados fueron "absolutamente diferentes" a las de la Mesa de la etapa de Forcadell, porque las resoluciones que tramitaron no tenían "continuidad" respecto el proceso "unilateral" de independencia iniciado en 2015.

En la sesión de este martes, la defensa, la fiscalía, la acusación y la abogacía del Estado volvieron a repetir sus tesis sin salirse ni un ápice del guion que desarrollaron en octubre del 2020. El fuego lo abrió la abogada Gené, defensora de Corominas, Barrufet y Guinó, que ha esgrimido la "inviolabilidad parlamentaria" de los encausados. A su entender, "lo único" que hicieron estos políticos fue "garantizar la libertad de expresión" de los diputados, la "autonomía parlamentaria" y la "separación de poderes". La abogada ha insistido que se quiere "criminalizar unos hechos que tienen una naturaleza política". El letrado de Anna Simó, Ramon Tomas, ha subrayado que "la inviolabilidad parlamentaria está consagrada en las principales normas" legales" y es "una garantía" de la representación política. 

Los acusados, por su parte, han defendido su labor en la Mesa. Corominas han declarado que este órgano parlamentario únicamente hace un "análisis formal" de las iniciativas y propuestas de los diputados y si cumplen con el reglamento de la cámara, no entrando en el contenido de las mismas, rechazando que hayan desobedecido al Constitucional, calificando sus requerimientos de "genéricos". Simó ha explicado que la Mesa no hacía un "control de constitucionalidad porque no era su competencia" y que su misión es "siempre, siempre, siempre" la defensa de los derechos de los diputados". Barrufet ha ido más allá y ha afirmado que si la Mesa sería "grave" que este órgano "actuara como censores", porque sería "romper el sistema de derecho Guinó se ha expresado en el mismo sentido.