Caso Cuarteles
La Justicia investiga el patrimonio de dos altos oficiales de la Guardia Civil y un empresario vinculado a 'Mediador'
Los tres auditados son el teniente general Pedro Vázquez Jarava, el teniente coronel Carlos Alonso y el empresario Ángel Ramón Tejera | El caso Cuarteles investiga las presuntas reformas irregulares en 13 comandancias de la Guardia Civil
Alberto Muñoz / Juan José Fernández / Cristina Gallardo
La Justicia, apoyándose en el trabajo previo de Asuntos Internos de la Guardia Civil, investiga el
patrimonio de dos altos oficiales del Instituto Armado
y de un empresario vinculado al caso Mediador. Lo hace en el marco del caso Cuarteles, un
procedimiento abierto
actualmente en los tribunales de Madrid, Valencia y Canarias para intentar esclarecer si hubo adjudicaciones irregulares de presupuesto para las reformas en 13 comandancias españolas entre 2008 y 2019.
Según ha podido saber este periódico, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, uno de los cuatro hombres con más poder de la Guardia Civil en ese momento; Carlos Alonso, teniente coronel y exjefe de la Comandancia en Ávila; y Ángel Ramón Tejera de León, empresario canario que recibió 3,3 millones de euros en adjudicaciones para tal propósito, han tenido sus cuentas bajo la lupa de la Justicia.
En el caso del teniente coronel Carlos Alonso, y según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio, la investigación realizada tanto a él como a su esposa concluyó que "no se desprende la existencia de enriquecimiento o beneficio ilícito alguno en estos años".
Alonso estuvo al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre mayo de 2015 y noviembre de 2017. Durante ese tiempo, el constructor investigado en el caso Cuarteles, y que también aparece citado en los sumarios de los casos Mediador y Unión, consiguió allí 27 contratos por valor de 170.000 euros por obras que, en algunos casos, o bien no se realizaron o estaban inconclusas en el momento en que se pagó por ellas. Actualmente, el cargo fundamental en el que se apoya la instrucción contra él para el caso Cuarteles es el de falsedad documental, es decir, en si se validaron facturas falsas para justificar pagos por trabajos no realizados.
Por ese motivo, Alonso está imputado ahora mismo en la causa al igual que lo está el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que actualmente está en la reserva pero que durante esos años era uno de los cuatro mandos más importantes de la Benemérita. De hecho, la investigación de Asuntos Internos que más tarde se extendió a otras
13 comandancias por varias provincias de España
empezó, precisamente, en Ávila gracias a un
chivatazo anónimo
y a que el teniente coronel Alonso apuntó directamente a Jarava como el responsable de sugerirle que contratase a las empresas de Tejera.
Según ha podido saber este diario, la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Justicia también investigan el patrimonio y los movimientos bancarios de Jarava en busca de indicios de sus supuestas irregularidades. A diferencia de en el caso de Alonso, en su caso sí que hallaron indicios de varios delitos de cohecho.
Piden tres años de cárcel para 'Mon'
El beneficiario de esas facturas, Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon en el sumario del caso Mediador, en el que también aparece citado, llegó a facturar 3,3 millones de euros por reparaciones en cuarteles de la Guardia Civil entre 2008 y 2019.
Presuntamente lo hizo, además, a través de contratos inferiores a 50.000 euros que 'troceasen' el importe final en cantidades más pequeñas. En algunos casos, reconoce el informe de Asuntos Internos al que ha tenido acceso este periódico, las adjudicaciones tenían una "proximidad temporal" que podría resultar sospechosa.
En su caso, y como citado, aunque no imputado, del
caso Mediador
, que también está abierto en estos momentos en los tribunales, es la Fiscalía quien anda tras sus pasos. El próximo 12 de abril Mon comparecerá ante el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife acusado de un delito contra la Hacienda Pública por el que la Fiscalía pide para él tres años de cárcel y una multa que ronda el medio millón de euros. Considera que en 2016, precisamente el año en el que se produce un aumento exponencial de sus ingresos por las obras en cuarteles, defraudó alrededor de 162.000 euros del Impuesto de Sociedades.
La de Arrecife no se trata, por tanto, de una investigación del caso Cuarteles aunque las facturas, todas giradas a la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, sí formen parte de él, sino para dirimir si ocultó ingresos y si incluyó gastos no deducibles en su declaración. En contraposición a los 68.000 euros que pagó una de sus empresas por Impuesto de Sociedades, Hacienda considera que debió haber pagado más del doble, alrededor de 162.000 euros.
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