En la Audiencia Nacional

Justicia estima que tardará dos meses en comprobar los documentos que los Pujol denuncian no poder abrir

El plazo calculado por el departamento de Justicia supondrá un nuevo retraso para la celebración del juicio

Jordi Pujol en la presentación de una reedición de "Dels turons a l'altra banda del riu"

Jordi Pujol en la presentación de una reedición de "Dels turons a l'altra banda del riu" / LAURA GUERRERO

Ángeles Vázquez

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El juicio del caso Pujol sufrirá un retraso de al menos dos meses más. Es lo que el Ministerio de Justicia estima que necesitará para proceder a comprobar la plataforma digital cloud -a través de la que se ha dado traslado de la causa a las partes- y poder así determinar el motivo del problema que la defensa del expresidente catalán tiene para acceder a ciertas carpetas y proceder, en su caso, a subsanarlo.

La Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales, Ciberseguridad y Operaciones del ministerio ha informado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de que "el plazo estimado de respuesta será de dos meses". El documento de apenas un párrafo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, reproduce el oficio que les remitió el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y señala que calcula que necesitará ese tiempo para determinar el problema denunciado por los Pujol a través de un acta notarial con los documentos incluidos en las actuaciones a los que no puede acceder.

Fuentes personadas en el caso han señalado a este diario que las actuaciones, iniciadas en 2012 y con comisiones rogatorias cursadas (petición de colaboración judicial internacional) a numerosas países, como Andorra, México, Argentina o Bélgica, incluyen carpetas que en ocasiones albergan varias subcarpetas y algunas de ellas no pueden ser abiertas por ninguna de las partes.

Ante la letrada de la Administración

La defensa de los Pujol, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, lleva más de un año expurgando la causa para tratar de apartar del procedimiento la información relativa a terceros y que pueda afectar al derecho a la intimidad de la familia. Su última petición consistía en que la apertura de las carpetas a las que no puede acceder se hiciera en presencia de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado, cuerpo que mantiene una huelga indefinida, lo que retrasaría sine die la celebración de la diligencia. La propuesta fue desoída por el juez Pedraz.

El magistrado se remitió a su anterior providencia en la que acordaba trasladar los problemas denunciados por los Pujol al Ministerio de Justicia para que comprobaran su existencia y procedieran a subsanarlos con la intención de que las labores de expurgo no se retrasaran más y el procedimiento pudiese pasar a la Sala de lo Penal para que esta señalara de una vez fecha para la celebración del juicio.

El expresidente catalán, de 92 años de edad, se enfrenta a una petición fiscal de 9 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Es la misma pena que Anticorrupción pide para todos sus hijos, salvo para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para el que se solicitan 29 años y 14 para Josep. Su esposa, Marta Ferrusola, fue eximida de responsabilidad penal por demencia sobrevenida.