El Ministerio de Igualdad no ha tenido voz en la nueva ley de paridad

La ley de paridad para que la representación entre hombres y mujeres sea igualitaria en gobiernos y grandes empresas es la principal nueva iniciativa con la que el Gobierno acude al 8-M. Se trata de una medida de corte claramente feminista, que atañe a las materias competencia del Ministerio de Igualdad. Sin embargo, la titular del departamento, Irene Montero, no ha tenido ningún papel en la nueva norma, cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. 

En pleno choque dentro de la coalición por la reforma socialista de la ley del ‘solo sí es sí’, cuya toma en consideración sale adelante este martes en el Congreso, Pedro Sánchez decidió anunciar el pasado sábado la nueva ley de paridad. El Ministerio de Igualdad conoció la iniciativa muy poco antes de hacerla pública, y Montero no ha estado presente en la comparecencia para explicar los asuntos aprobados por el Ejecutivo. Allí, la vicepresidenta económica y encargada de explicar el contenido del anteproyecto, Nadia Calviño, ha confirmado que Igualdad ha estado al margen de la ley de paridad, cuya entrada en vigor antes de que termine la legislatura no está garantizada. 

Toda la coordinación, ha explicado Calviño, ha corrido a cargo del Ministerio de la Presidencia, dirigido por el socialista Félix Bolaños. “Las propuestas son de los ministerios que tenían competencia con arreglo a las modificaciones legislativas que recoge el anteproyecto. En mi caso, la ley de sociedades de capital y la ley de mercados de valores”, ha añadido. 

La votación en el Congreso

El socio mayoritario en la coalición intenta rebajar el enfrentamiento para que la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, que eleva las penas para que no haya nuevos agresores sexuales que se vean beneficiados (las condenas de más de 700 se han reducido hasta ahora), pase lo antes posible. Los socialistas evitan contestar a Unidas Podemos, que votará en contra. Los morados les acusan de “traicionar” al movimiento feminista con una propuesta que apoyan PP y Vox y que, a su juicio, deja sin efecto la piedra angular de toda la norma original: el consentimiento de la víctima.

“Esta es una buena ley, pero ha tenido efectos que no deseábamos, unos efectos que agravan el dolor de las víctimas y generan alarma social. No los deseaba el Gobierno ni los grupos parlamentarios que la apoyaron. El Gobierno ha de ser sensible. De lo que se trata esta tarde es de solucionar un problema y en esos términos ha de valorarse esta votación. La mejor forma de defender la ley es su reforma en lo que ha significado un problema”, ha dicho la portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, ciñendo las divergencias con el socio minoritario a una mera “discrepancia técnico-jurídica” que no debe empañar la “intensa agenda feminista y de progreso” de una coalición que no se va a romper por este choque.

Los colaboradores de Sánchez se esfuerzan en hacer “pedagogía” sobre lo que se vota este martes en el Congreso. Se trata de la toma en consideración, el paso previo para que empiece la tramitación parlamentaria, en la que los distintos grupos podrán plantear cambios. Pero los socialistas descartan que el voto en contra de Podemos este martes vaya a cambiar durante el proceso legislativo. Asumen que el ‘no’ de sus socios es inamovible. 

“Lo que se verá ahora en el Congreso es una fotografía de quién levanta la mano y está a favor de reformar la ley”, explican fuentes de la Moncloa. Lo cual, en el fondo, es una forma de decir que en Unidas Podemos no están dispuestos a cambiar la norma para atajar la "alarma social" e impedir que más agresores sexuales se vean beneficiados.