Retirada de símbolos franquistas y celebración de la República: las claves de la nueva ley de memoria democrática de Catalunya

Retirada de la simbología franquista en toda Catalunya en dos años, actos de conmemoración de la República el 14 de abril, sanciones contra el enaltecimiento de la dictadura e inclusión de la formación en memoria democrática desde la educación primaria. Estas son las principales novedades que prevé la nueva ley de memoria democrática que el Govern de la Generalitat prevé aprobar el próximo martes para aterrizar después en el Parlament, donde los grupos iniciarán el proceso de enmiendas.

La 'consellera' de Justícia, Gemma Ubasart, ha defendido que se trata de una ley "ambiciosa" que pivota en los principios de "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". El proyecto nació durante el mandato de Ester Capella, se desarrolló con Lourdes Ciuró al frente y ahora lo culmina el gabinete de Ubasart. "Creemos que es una propuesta que puede salir adelante con un amplio consenso, y que nos volverá a situar como país a la vanguardia en políticas de memoria", ha defendido.

La ley de memoria democrática catalana convivirá con la estatal que se aprobó el año pasado. De hecho, la 'conselleria' ha explicado que se han centrado en maximizar las competencias que tiene la Generalitat y en ampliar preceptos que no incluye la ley española, así como en agrupar la ley del memorial democrático del 2007, la de fosas del 2009 y la de reparación de víctimas del franquismo del 2017. Aunque la norma no servirá, por ejemplo, para reclamar el traspaso de la comisaría de Via Laietana para convertirlo en espacio de memoria -pulso que mantiene la Generalitat con la Moncloa-, incluye novedades que no estarán exentas de polémica política. A continuación, las principales claves.

Retirar en dos años los símbolos franquistas

La nueva ley plantea por primera vez la retirada de todos los símbolos franquistas del espacio público en tan solo dos años. Eso obligará a actualizar el censo de simbología, que en 2010 contabilizaba cerca de 4.000. "Es intolerable que una democracia avanzada mantenga en el espacio público monumentos de exaltación de una dictadura", ha afirmado Ubasart. Esta medida, que incluirá sanciones ante la no retirada, incluye el polémico monumento franquista de Tortosa, un caso judicializado en estos momentos. "Con la ley, el juez tendrá más fuerza para que se quite", ha defendido la 'consellera'.

Celebración del 14 de abril

Otra de las novedades es la incorporación en la ley de actos de conmemoración de la República el 14 de abril y de la constitución de la Assemblea de Catalunya el 7 de noviembre. Se sumarán al día nacional en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la represión de la dictadura el 15 de octubre y al día internacional de conmemoración de las víctimas del Holocausto el 27 de enero. "La conmemoración del día de la República es importante porque la consideramos antecedente del marco democrático actual. Nos consideramos herederos", ha argumentado Ubasart, que también ha destacado la "unidad en la lucha antifranquista" que representó la Assemblea.

Memoria democrática desde la educación primaria

La vocación del Govern es que se incluya la memoria democrática en los currículums formativos desde la educación primaria, así como en la secundaria, bachillerato y Formación Profesional, como "refuerzo de las garantías de no repetición". Se ofrecerá herramientas pedagógicas y formación a los docentes para esta finalidad. Y es que la 'conselleria' destaca que hay que transitar hacia un "nuevo paradigma" en las leyes de memoria que tenga en cuenta el momento de cambio generacional, de muchas personas que no han vivido la Guerra Civil, la dictadura, la transición o las primeras décadas de la democracia.

Medidas contra el enaltecimiento del franquismo

La norma incorpora medidas contra el enaltecimiento del franquismo con el objetivo de prevenir y evitar actuaciones que supongan un "descrédito, menosprecio o humillación" de las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura franquista e incorpora sanciones administrativas para quienes los promuevan. El director de memoria democrática, Alfons Aragoneses, ha precisado que esas sanciones, que pueden alcanzar los 150.000 euros en los casos considerados muy graves -como el daño a fosas- se pueden imponer siempre y cuando se trate de situaciones que no ampare ya el código penal, como es el caso del delito de odio. La horquilla de las graves alcanza los 10.000 euros y de las leves los 2.000. Sin embargo, hay dudas sobre si estas multas podrían ser aplicables en actos que la ultraderecha celebra, por ejemplo, el Día de la Hispanidad el 12 de octubre en Montjuïc o en el monumento a Colón. Si hay menosprecio a víctimas, han subrayado desde Justícia, se podría intervenir.

La Generalitat ante la justicia

La ley faculta a la Generalitat a ejercer la acción popular ante la justicia en procedimientos penales por delitos de lesa humanidad, delitos contra la vida y contra la integridad física o moral cometidos durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. Además de no reconocer la legitimidad de los tribunales franquistas -el Parlament ya anuló en 2017 los juicios del franquismo en Catalunya-, el Govern manifiesta su voluntad de "participar de forma activa en la persecución de ilícitos penales" en casos como el del sindicalista antifranquista Carles Vallejo, que tiene en marcha una querella por crímenes de lesa humanidad por las torturas sufridas en la comisaría de Via Laietana.

Más tipos de víctimas y memoria esclavista y colonialista

La nueva ley de memoria también posibilita el abordaje del esclavismo y el colonialismo, pensando especialmente, ha dicho Ubasart, en la "memoria de las diásporas y en los catalanes de origen foráneo". Se pretende erradicar el racismo institucional y la discriminación por motivos étnicos, raciales o culturales. Se amplía, a su vez, los colectivos que son considerados como víctimas, como los niños que fueron separados de sus familias por motivos ideológicos, el colectivo LGTBI+, las minorías étnicas, las personas psiquiatrizadas por alejarse del modelo de "normalidad" impuesto por el poder, las que sufrieron privación de libertad o torturas por su oposición al régimen o las personas afectadas por enfermedades evitables como la polio.

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