La última esperanza: el PSOE fía el pacto con Podemos a la presión de Díaz y los socios parlamentarios

“Tú tampoco eres jurista, Irene”, le dijo hace unos días una ministra socialista a Irene Montero, titular de Igualdad, en pleno choque por la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’. La dirigente del PSOE intentaba convencer a la de Unidas Podemos de que la crisis dentro del Gobierno de coalición se les estaba yendo de las manos, al convertir un problema “técnico” (cómo elevar las penas a los agresores sexuales, después de que más de 500 se hayan visto beneficiados por la aplicación judicial de la norma) en un pulso “político”, uno de los más graves de la legislatura. “Llega un momento en el que explotar todo el tiempo las diferencias deja de resultar creíble”, le insistió a Montero. 

Pero los morados no dan síntomas de estar dispuestos a aceptar la iniciativa que el PSOE registró en solitario en el Congreso dos semanas atrás, que consiste en introducir los subtipos de violencia e intimidación como vía para aumentar las sanciones privativas de libertad, algo que según Igualdad supone dejar en un segundo plano el consentimiento de la mujer. El ministerio que dirige Montero asegura haber transmitido ya al socio mayoritario en la coalición siete propuestas distintas, sin concretar en qué consisten, mientras el propio Pedro Sánchez lo pone en duda y emplaza a Montero a hacerlas públicas. “Sería interesante saber qué propuesta manejan más allá del ruido”, dijo el presidente del Gobierno el pasado jueves durante una conversación informal con periodistas. 

El PSOE asume en privado que su capacidad de persuasión para llegar a un pacto con Unidas Podemos es ahora mismo muy escasa. Los socialistas tienen pocas esperanzas de que se pueda producir un acuerdo, y las que tienen están depositadas en agentes externos. Por un lado, los socios parlamentarios tradicionales del Ejecutivo, si finalmente la mayoría se muestra a favor de la iniciativa para aumentar las penas de cárcel. Por otro, y en menor medida, la presión que pueda ejercer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

La equidistancia de la vicepresidenta

Díaz, que en principio será la candidata de Unidas Podemos a las elecciones generales de finales de año, ha evitado dar en público su apoyo a Montero en todo este conflicto, optando en su lugar por un papel equidistante, casi de mediadora. “Sé muy bien que cuando se quiere llegar a un acuerdo conviene tener cierta discreción, calma y serenidad. Las formas en política son a veces más importantes que el fondo. Sin ruido se trabaja muchísimo mejor”, dijo el pasado martes en la Moncloa cuando le preguntaron por la actitud de Igualdad. Sus palabras se interpretaron como un desmarque respecto a la estrategia de los morados. Sin embargo, fuentes de su entorno explican que no mantendrá una posición diferente a la de Podemos, después de mantener numerosas reuniones con el “espacio político” del que todos ellos forman parte y comprobar que se encuentra en minoría. Así que los socialistas creen que la vicepresidenta segunda tiene poco margen para provocar un cambio de actitud en Igualdad. 

Quedan los socios parlamentarios. Después de tres meses de discretas pero infructuosas conversaciones entre los socios de Gobierno para reformar la ley, la negociación se ha trasladado ahora al Congreso de los Diputados. “Aquí todavía tenemos esperanzas”, señalan en la dirección socialista.

El papel de ERC y EH Bildu

De momento, el PNV y el PDECat ya han mostrado su predisposición a votar a favor de la iniciativa socialista. Otras formaciones más cercanas a Podemos, como ERC y EH Bildu, ponen como condición para el apoyo que haya un acuerdo con Igualdad. Republicanos y aberzales se posicionaron junto a los morados el pasado martes en la Junta de Portavoces de la Cámara baja, impidiendo al PSOE cambiar el orden del día de la semana que viene para abordar lo antes posible la reforma de la ley. Si los socialistas no recurren a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que convoque un pleno extraordinario con el único objetivo de debatir su propuesta para endurecer las penas, algo que de momento aseguran que no harán para “no tensar” más la relación con sus socios en el Ejecutivo, el primer debate tendrá lugar el 7 de marzo, un día antes de la celebración feminista del 8-M. 

En el PSOE restan importancia a esta poco oportuna coincidencia temporal. Al mismo tiempo, anticipan que quizá una enmienda a su iniciativa por parte de ERC o EH Bildu pueda propiciar, en el último momento, que Podemos acabe moviéndose. No es que lo consideren muy probable, pero tampoco tienen muchos más asideros a los que agarrarse para alimentar cierto optimismo sobre un acuerdo. 

Si todo falla, y ahora mismo todo parece encaminarse a que no haya un entendimiento entre los socios de la coalición, siempre está el PP. El partido de Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado, entre continuas críticas a Sánchez, que apoyará la propuesta del PSOE, garantizando así que salga aprobada. Es un escenario que incomoda a los socialistas, quienes admiten que las rebajas de las condenas a los agresores sexuales pueden hacerles “mucho daño” en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Mucho más, por ejemplo, que la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación pactadas con ERC. Pero llegados a este punto, lo importante es acabar con la "alarma social" y “proteger a las mujeres”, dijo Sánchez el pasado jueves.   

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