La Audiencia de Barcelona ordena investigar a exsecretario de Diplocat por el 9-N

La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir una investigación al exsecretario general del Diplocat Albert Royo por los gastos del viaje a Catalunya de ocho parlamentarios europeos como observadores del 9-N y por la producción de 20 vídeos para promocionar la consulta de 2014. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección octava de la Audiencia de Barcelona estima un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ordena a la jueza instructora investigar a Royo por esas partidas, además de por los gastos de la promoción exterior del 'procés' que ya motivaron su imputación. Royo está investigado en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona junto a una decena de cargos del Govern -entre ellos el 'exconseller' Raül Romeva-, por malversar casi un millón de euros para internacionalizar el 'procés' mediante contratos y subvenciones otorgados a dedo y arbitrarios.

El Diplocat es un consorcio publico privado que se dedica a promocionar Catalunya en el mundo. Creado formalmente en 2012, es heredero del Patronat Catalunya Món (2007) y anteriormente del Patronat Català Pro Europa (1982).

La causa contra Royo se deriva de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción en los juzgados de Barcelona y en la que acusaba a Royo por malversación por los gastos del 9-N, pero la jueza instructora descartó investigarle por esas partidas al entender que los hechos habrían prescrito. También entendía la instructora que no se podía imputar malversación a Royo por los gastos de la consulta, cuando los organizadores del 9-N, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, no fueron condenados por ese delito sino únicamente por desobediencia.

La Fiscalía, con el apoyo de la Abogacía del Estado, han recurrido la decisión de la instructora y han logrado que la Audiencia de Barcelona les dé la razón: el tribunal considera que los gastos del viaje de los ocho parlamentarios europeos por el 9-N, que ascendieron a 10.000 euros, no han prescrito dado que la partida presupuestaria se aprobó el 3 de noviembre de 2014.

Respecto del coste de producción de 20 vídeos que promocionaban internacionalmente la consulta del 9-N y el derecho a decidir -cuyo importe ascendía a 58.358 euros-, la Audiencia coincide con la Fiscalía en que lo relevante no es la finalidad de esas partidas sino que fueron contratadas eludiendo "los mecanismos de control de la contratación pública".