Guerra entre las defensas del 'caso Laura Borràs' por el pacto de la fiscalía con dos acusados

Guerra entre defensas desde el minuto uno del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la presidenta suspendida del Parlament y dirigente de Junts Laura Borrás por presuntamente haber favorecido a un amigo y colaborar, el informático Isaías Herrero, fraccionando contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El pacto, todavía no formalizado, de Herrero y de un tercer acusado, el empresario Andreu Pujol Martín, con la fiscalía levantó ampollas entre la bancada de los abogados de los tres imputados. Y en especial las palabras plasmadas en un escrito remitido a los magistrados por los letrados de la líder independentista, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, en el sentido de que Herrero y Pujol Martín se habían convertido en "coacusadores" y su eventuales incriminaciones están "compensadas, bonificadas o pagadas".

El enfrentamiento se inició al ratificar la defensa de Borràs su petición de intervenir en el último lugar en las cuestiones previas a causa de ese pacto y por la "situación novedosa" que se ha creado. Del acuerdo, no solo se informó por los medios de comunicación, sino que esta parte dio a entender que le fue comunicado por los letrados de los otros dos acusados. En su opinión, con esta acción se vulnera "el derecho de defensa" de la líder soberanista. La fiscala Assumpta Pujol, en cambio, dejó claro en la primera sesión del juicio que "este acuerdo no se ha formalizado". En principio, la idea es que Herrero confiese en su declaración que Borràs le indicó cómo fraccionar los contratos y después la acusación pública rebajara la pena de seis años de prisión que inicialmente se le reclama. Esta modificación, podría evitar el ingreso del informático en un centro penitenciario.

El derecho de defensa

La abogada de Herrero, Marina Roig, rebatió con dureza el argumento esgrimido por la defensa de Borràs y las descalificaciones hacia su representado. Según esta jurista, los letrados de la dirigente independentista "cuestionan el ejercicio de derecho de defensa" al lanzar que las incriminaciones que pueda explicar Herrero en su declaración son "compensadas" o "pagadas". El informático imputado, precisó, "es una acusado y no un coacusador", a la vez que recordó que se le reclama provisionalmente, al igual que a la presidenta de Junts, seis años de prisión. "Cuestionar el derecho de defensa es no entenderlo", subrayó esta letrada. Añadió en otro turno: "Instrumentalizar este tema no creo que sea el enfoque adecuado para esta sala de vista, ignoro si es para que tenga influencia fuera. No hemos de hacer un choque de este asunto". El abogado, Alex Solà, que defiende a Pujol Martín (la fiscalía le pide tres años de cárcel), tildó de "desafortunada" las expresiones de los letrados de Borràs y apuntó que "una retractación sería aconsejable".

El presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, dio la razón a la abogada de Herrero. No aceptó la alteración de orden en la intervención de los letrados y reseñó que no tenía constancia del acuerdo extrajudicial. Aún así, dejó patente que Herrero está imputado y tiene, por lo tanto, el "estatuto de acusado" y "el derecho a defenderse como lo tenga oportuno". Los letrados de Borràs no se reprimieron y continuaron atacando en su informe sobre las cuestiones previas, reclamando la suspensión del juicio para aportar nuevas pruebas para rebatir el pacto. La tensión subió hasta tal nivel que la letrada de Herrero protestó por el reiterado uso por parte de la defensa de la política soberanista de la expresión "coacusado" en referencia a su cliente. El magistrado la respaldó otra vez.

Al entender de los defensores de Borràs, enterarse del acuerdo con la fiscalía con 72 horas de antelación "vulnera flagrantemente su derecho de defensa" porque le obliga a innovar e improvisar su estrategia. Justificó esa vulneración su abogado, subrayando que durante tres años se habían coordinado con los letrados de Herrero y Pujol Martín, intercambiándose documentación y planteando periciales, y esa táctica conjunta ha saltado por los aires con es pacto, "inconfesable ahora mismo". No se trata, incidió, en restar legitimidad al cambio de de una línea de defensa, pero planteó la posibilidad de solicitar la dispensa al colegio de abogados para quebrantar el secreto profesional y "poder aportar todas las pruebas" sobre las gestiones realizadas con los otros letrados antes de romper con ellos. Volvió a pedir la suspensión para solicitar esta despensa al colegio de abogados y que se incorporen nuevos testigos.

Los dardos de la dirigente de Junts buscan boicotear y hacer trizas con todas las armas el acuerdo de Herrero y Pujol Martín con la fiscalía. Sin embargo, sus abogados también reclamaron la anulación de las principales pruebas contra Borràs, como los correos electrónicos cruzados con Herrero, y alegaron que el juicio debería celebrarlo uno tribunal ordinario, ya que fue apartada de su cargo en el Parlament por un "reglamento vulnerador de la presunción de inocencia". El resto de las defensa alegaron otras cuestiones procesales. La fiscalía se opuso a estas peticiones. El tribunal ha habilitado el próximo martes día 14 para que la defensa de la presidenta de Junts pueda hacer sus alegaciones sobre algunas modificaciones introducidas por la fiscalía. El próximo día 20 está previsto que declaren Borrás, Herrero y Pujol Martín.