Reforma de la Carta Magna
Los partidos reclaman más cambios en la Constitución: de eliminar el 155 a cambiar el sistema electoral
PNV, Junts o Ciudadanos registraron una veintena de enmiendas que PSOE y PP ya han acordado dejar fuera de la futura reforma
Miguel Ángel Rodríguez
Periodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
La Constitución Española carga a sus espaldas ya 44 años y apenas ha sufrido modificaciones. Tan solo en dos ocasiones se ha retocado mínimamente la Carta Magna desde 1978. Así, cada vez que se abre un mínimo resquicio a cambiar el texto, las formaciones políticas ven una oportunidad para introducir sus exigencias. Incluso, cuando saben que estas no saldrán adelante. Esto ha ocurrido con la reforma presentada por el PSOE para modificar el artículo 49 y sustituir la palabra "disminuidos" por "personas con discapacidad". PNV, Junts y Ciudadanos han aprovechado para tratar de colar otros cambios, aunque estas iniciativas vayan a caer en saco roto.
La propuesta de reforma para retocar el artículo 49 de la Constitución, sobre el que PP y PSOE ya llegaron a un acuerdo en 2018, ha recibido una veintena de enmiendas que nada tienen que ver con la palabra "disminuidos", que resulta discriminadora. Entre las iniciativas registradas hay de todo. Desde introducir en la Carta Magna el derecho a la autodeterminación de Euskadi hasta una modificación sustancial del sistema electoral español.
Ninguna de estas propuestas saldrá adelante. PSOE y PP han acordado este miércoles que la reforma de la Constitución se ciña al artículo 49 y que no se entre en debates de ningún otro tipo. Aún así, tres partidos han querido dejar claras cuáles son sus intenciones, mostrar qué cambiarían de la Constitución, qué artículos eliminarían...
Cambios substanciales
El PNV es la formación más ambiciosa de todas. Su portavoz, Aitor Esteban, registró más de una decena de enmiendas, la gran mayoría con un profundo trasfondo independentista. El partido jetzale quiere modificar el artículo 2 para eliminar la referencia sobre que la Constitución se fundamenta "en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". También suprimir del artículo 8 la mención a que las Fuerzas Armadas defienden la "integridad territorial y el ordenamiento constitucional" español.
También quieren limitar la inviolabilidad del rey, recogida en el artículo 56, a "cuando sus actos tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado". Los tres cambios requerirían del procedimiento agravado: dos tercios del Congreso y del Senado deberían aprobarlo, después habría que convocar elecciones y, otra vez, dos tercios de ambas Cámaras deberían refrendarlo. Por último, debería celebrarse un referéndum en el que la ciudadanía diera su visto bueno.
La supresión del artículo 155 es otra de las propuesta del PNV, junto a la creación de un nuevo artículo en el que se reconozca el derecho del País Vasco a la autodeterminación.
Competencias y Poder Judicial
Ciudadanos también registró media decena de enmiendas. La más sencilla y estética es introducir en el preámbulo de la Constitución que España tiene la voluntad de colaborar "en el proyecto de integración europea". Sin embargo, las demás sí son de calado. Por un lado, pretende modificar el sistema electoral de tal forma que en las elecciones generales cada partido presente una única lista a nivel nacional y no una en cada provincia. Por otro lado, plantean recentralizar las competencias en Sanidad y Educación en el Estado central.
El tercer partido que ha intentado aprovechar esta ventana de oportunidad es Junts. Los posconvergentes quieren, sobre todo, modificar ciertos aspectos relacionados con la Justicia: que el derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía quede regulado por una ley orgánica; que el Tribunal Constitucional no pueda interferir en la actividad de los Parlamentos hasta que no se termine el proceso legislativo; cesar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando caduque su mandato; o que los informes del Tribunal de Cuentas sean estudiados por los juzgados.
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