El juez deja a un paso de juicio a 45 policías nacionales por las cargas del 1-O

El juez Francisco Miralles, que investiga las cargas de la Policía Nacional para impedir el referéndum unilateral del 1-O en Barcelona, ha dejado a un paso de juicio a 45 agentes del cuerpo ante los indicios de que su actuación podría constituir delitos de torturas, contra la integridad moral o lesiones. El magistrado, en cambio, ha archivado la causa para otros 20 agentes.

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona da por concluida la investigación y ofrece un plazo de 40 días a las acusaciones y defensas para que presenten sus escritos de calificación o soliciten el archivo de la causa abierta a los agentes, a los que imputa cargas desproporcionadas en 25 escuelas que acogieron urnas en la consulta soberanista.

Para el juez instructor de la investigación llevada a cabo, que se ha prolongado más de cinco años, los policías imputados pudieron incurrir no solo en "delitos leves o menos graves de lesiones", sino también en los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal: torturas y contra la integridad moral. En su extenso escrito, de 73 páginas, relata la intervención policial en cada uno de los colegios, así como las lesiones que sufrieron las personas que se congregaron en las escuelas e institutos utilizados como puntos de votación.

La investigación judicial se ha centrado en los agentes y sus mandos que actuaron sobre el terreno, sin llegar a inculpar a las altas cúpulas policiales o políticas, al no demostrarse durante la instrucción que existiera una orden para cargar contra los votantes. El togado recuerda en su resolución que los uniformados siempre deben actuar de forma bajo los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad" e “impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral". El juez aprecia "déficit" en la actuación con respecto a la normativa y este protocolo.

"Agarres y empujones"

Este protocolo se cumplió en 14 de los 27 colegios de Barcelona, donde el magistrado describe “agarres y empujones”, pero no acciones “desproporcionadas” que fueran más allá de apartar a votantes para retirar las urnas y papeletas, como había ordenado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En cambio, en 13 centros, el instructor sí ve actuaciones de agentes contra votantes donde “se aprecian claros déficits respecto a los protocolos” y un “uso innecesario de la fuerza”. Es el caso, entre otros, del agente que propinó una patada a un votante en el colegio Pau Claris, o del que dio varios golpes de porra a una mujer a las puertas del colegio Mediterrània. El togado centra su relato sobre todo en las imágenes grabadas durante la intervención de la policía, así como en el parte de lesiones y asistencia médica presentado por algunos de los congregados.

Si advertencia previa

El juez precisa cada una de las acciones policiales en diferentes colegios. Por ejemplo, en centro Prosperitat, en la calle Molí de Barcelona, detalla que, como puede verse en las imágenes, nada más llegar los agentes, estos tienen un "breve" encuentro verbal con los congregados y "sin negociación ninguna ni advertencia que pueda ser oída" por el resto de personas que se hallan en el lugar, se procede en pocos segundos al "uso de la fuerza" que, en algunos casos, "resulta claramente innecesaria", teniendo en cuenta, además, que los votantes no tienen una actitud agresiva y varios de ellos son de avanzada edad.

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En el caso de la escuela Mediterrània, el magistrado describe que la policía se dirige de "forma directa" hacia la multitud y, "sin mediar palabra, ni advertencia ni requerimiento alguno", los agentes empiezan a empujar a las personas congregadas, "iniciando una situación violenta de gran confusión que va aumentando". Hasta tal punto, añade, que pueden observarse personas empujadas al suelo, a una con la cara ensangrentada y a un policía golpeando con su porra en la cara a la gente que ya estaba desalojada del lugar.

Por ello, el magistrado destaca que "no puede apreciarse la proporcionalidad exigida en el actuar, en conjunto, de los agentes policiales, al no haber hecho ningún intento de información, advertencia y mediación", como sí consta que se hizo en otros colegios ese día. De entre los lesionados, destaca la presencia de personas de edad avanzada (uno de ellos con 82 años).