UP amenaza con denunciar al Gobierno de CyL por el delito de coacciones creado en la reforma del Código Penal

Unidas Podemos advierte a PP y Vox de que el protocolo anunciado por el vicepresidente de Castilla y León puede constituir un delito de coacciones, según la reforma del Código Penal impulsada en abril por los partidos de Gobierno, que iba encaminada a prohibir la presencia de organizaciones antiabortistas en las puertas de las clínicas destinadas a este fin.

La reforma del Código Penal introducía un nuevo tipo delictivo en el artículo 172 quater, que se establece que se castigará a cualquiera que, con el fin de "obstaculizar" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, "acose" a una mujer mediante "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad". Un delito que conlleva penas de prisión de tres meses a un año.

"Este protocolo nos parece ilegal, no solo porque vulnera las competencias [estatales] sino porque vulnera la libertad de las mujeres", ha destacado en rueda de prensa el presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens, que ha destacado que el anuncio hecho por el vicepresidente de Vox, Juan Gallardo, "persigue culpabilizar" a las mujeres.

En este sentido, ha advertido de que estarán atentos a cómo se refleja legalmente el anuncio y que están dispuestos a "emprender las acciones legales oportunas a nuestro alcance". Ha apuntado además que "esto no sólo incumbe al Tribunal Constitucional, sino a los tribunales ordinarios, y podemos estar, en función del contenido concreto, ante un posible delito de coacciones".

Aunque ha admitido que deben esperar a ver los acuerdos concretos alcanzados, puesto que "hay mucha confusión sobre qué es exactamente este protocolo", pero sí ha adelantado que "hay elementos que pueden hacer pensar que hay por lo menos actos molestos, si no intimidatorios".

Asens ha enfriado la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Castilla y León, advirtiendo de que es un "recurso de última instancia, y no de primera instancia". "Hay que ser cautos, porque su aplicación afecta al Gobierno de una comunidad autónoma y es de una gran lesividad".