Juicio en Barcelona
Dos exregidores del PSC aceptan un año de prisión por coacciones a hoteles del 1-O
El fiscal pacta con la defensa de dos acusados y la vista se celebra solo contra el que era jefe de la policía local de Pineda de Mar
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Los exregidores del PSC en el Ayuntamiento de Pineda de Mar, Carmen Aragones y Jordi Masnou, del PSC, han aceptado este martes la pena de un año de prisión e inhabilitación por las coacciones ejercidas ante los dueños de dos hoteles de esta localidad en la que dormían miembros de las fuerzas del orden público desplazado a Catalunya con motivo del referéndum unilateral del 1-0. La defensa de estos de estos dos imputados han llegado antes del juicio, que se celebra en la Audiencia de Barcelona, a un acuerdo con el fiscal contra los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, que les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y rebajó la petición de condena, que inicialmente era de tres años de cárcel. La vista, por lo tanto, solo continuara contra el que en el 2017 era jefe de la policía municipal, Carles Santacreu, que no ha pactado con el ministerio público.
La fiscalía sostiene que en dos hotel de la localidad, Checkin Pineda y el Checkin Montpalau, fueron alojados a finales de septiembre del 2017 un total de 486 miembros de la Policía Nacional desplazados a Catalunya por la consulta soberanista. Durante los primeros días no hubieron problemas y el hospedaje, hasta al día siguiente del referéndum unilateral, el 2 de octubre. Esa noche los entonces regidores acusados se presentaron en uno de los establecimientos con el propósito de conminar a los propietarios de la cadena hotelera, "prevaliéndose de la autoridad que representaban", a que expulsaran a los agentes que se alojaban en sus locales.
Máxima autoridad
La acusación sostiene que Carmen Aragonés, como máxima autoridad municipal, por cuanto el alcalde se hallaba ausente, se dirigió directamente hacia el director del hotel Checkin Pineda y le conminó para que desalojara al contingente de policías nacionales de los dos establecimientos. Ante dicha exigencia, el director le puso al teléfono con el gerente de la cadena, que le manifestó su negativa a cumplir con su petición, pues no había ningún problema con los agentes. El director de unos de los hoteles afirmó que Aragonés le pidió "amablemente" que cerraran en hotel, aunque después calificó el tono de "subido y amenazador".
La acusada, "para incrementar su apremio" sobre el directivo, subraya el fiscal, le pasó el teléfono al otro imputado, Jordi Masnou, "quien en su calidad de responsable del urbanismo municipal", dijo al gerente, "en todo desafiante y conminatorio", que tenía que echar a "esos clientes sí o sí". Al recibir un no por respuesta, el imputado, "dando gritos", le aseguró que "él era el que mandaba allí, que si él decía blanco es blanco"", amenazando que si no desalojaba a los policías "le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba estar cerrado cinco años". El gente de la cadena hotelera admitió que el diálogo "fue subiendo de tomo". Posteriormente, en la calle se convocó una manifestación en la que participaron unas 800 personas. Tras ello, el hotel comunicó a los policías nacional que se fueran de los dos hoteles.
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