Reducción de las penas
División entre los condenados por el 'procés' de ERC y Junts sobre la revisión de sentencia tras la reforma penal
Turull, Rull y Forn evitarán pedir la revisión porque el Supremo actuará de oficio, mientras que Sànchez y Cuixart optan por esperar a la justicia europea
Xabi Barrena
Periodista
Periodista de la sección de Política
Fidel Masreal
Periodista
Licenciado en Ciències de la Comunicació por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), curso de periodismo jurídico-político por la UAM-El País, ha ejercido como periodista político en Onda Cero, diari Menorca, Ràdio Barcelona (cadena SER) -donde fue jefe de la sección de Política- y Els Matins de TV3. Desde septiembre del 2008 es redactor en El Periódico, primero como cronista parlamentario en Madrid y en la actualidad especializado política catalana. Autor de "Conviure amb la depressió" (Mina, Eniclopèdia Catalana, 2007), "Game Over: els partits polítics, corrupció i vicis del sistema" (La Mansarda, 2013), "Cuentos Ex" (Magma Editorial, 2019) y "Contes del procés" (Magma, 2019). Colabora como analista en TVE, Catalunya Ràdio, SER Catalunya y RAC-1, entre otros.
Varios de los líderes del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo por el 1-O pedirán la revisión de su pena a raíz de su entrada en vigor este jueves de la reforma de los delitos de sedición y malversación. En cambio, otros prefieren esperar a que el alto tribunal actúe de oficio o que sea el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) el que tumbe la sentencia. De hecho, el Supremo prevé pedir a las partes que se posicionen sobre cómo afecta la reforma en los próximos días, pero la resolución final puede tardar meses. Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, de Junts, no presentarán escritos pidiendo que se revisen sus condenas, mientras que Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, de ERC, están estudiando si también lo hacen o esperan que el Supremo les pida un posicionamiento. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart esperarán la resolución del TEDH.
Como suele suceder en política, el discurso público transita por unas vías distintas a las soluciones personales que cada uno adopta. Ocurrió con los indultos, pese a que en ese caso no hizo falta que los beneficiados los solicitaran directamente, y ocurre ahora respecto a la sedición. Junts ya ha dejado claro que respetará la decisión personal que tome cada uno de los dirigentes posiblemente beneficiados.
La posición de Junts
La posición pública de Junts con la desaparición de la sedición en el Código Penal y la rebaja del delito de malversación ha sido muy crítica: "Evidentemente, desjudicializar no se desjudicializa", porque los hechos del 1-O pueden seguir siendo objeto de delito, defendió Turull. Además, ha añadido que "una cosa es lo que diga el texto y otra lo que diga el Tribunal Constitucional". "Convertimos el referéndum en otro delito y esto no tiene nuestro aplauso", aseveró en una entrevista en RAC-1 al conocerse el alcance de la reforma.
Junts rechazó la reforma en el Congreso y presentó un texto alternativo. "El delito de sedición sale por la puerta, pero entra por la ventana el de desórdenes públicos agravados y eso es una contrapartida absolutamente inaceptable", adujo la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Junts también ha subrayado que esta reforma persigue en realidad facilitar la extradición del 'expresident' Carles Puigdemont, aunque él la esgrima ante la justicia europea.
La contradicción entre los discursos de Junts y la decisión de sus dirigentes se responde, por parte del partido, afirmando que una cosa son las posiciones personales y otra el hecho de que la reforma no resuelve la "represión" al conjunto de procesados por los hechos de octubre de 2017 y además introduce una mayor persecución de derechos y libertades al tipificar los llamados "desórdenes públicos agravados".
Por su parte, el 'president', Pere Aragonès, ha defendido que esta reforma del Código Penal es el fruto de la política de diálogo y negociación de Esquerra con el Gobierno del PSOE.
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