La larga tradición del PP y el PSOE de politizar la elección del CGPJ

“La independencia de la Justicia es la garantía de toda libertad. Pero la reforma socialista del Poder Judicial trata de politizarlo e intervenirlo”. La cantinela suena familiar, pero tiene ya 36 años, y sus autores de entonces son los mismos que continúan entonándola ahora. Aparecía en el programa electoral de Alianza Popular en 1986, un año después de que el PSOE reformara por primera vez la ley del órgano de gobierno de los jueces para dejar en manos de las Cortes la elección de sus veinte miembros. El TC avaló el sistema pero apuntó al riesgo e incluso la probabilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se viera arrastrado por la lucha de partidos.

Han pasado 36 años y once programas electorales de los populares, en los que no han faltado alusiones a garantizar “la absoluta independencia política” de los jueces y “devolver la independencia al Poder Judicial”. La insistencia parecería coherente, salvo porque en 15 de esos 36 años era el Partido Popular el que ocupaba el Gobierno. Tocó la ley en dos ocasiones, pero solo para introducir matices y sin alterar la esencia del modo de elección.

Manual para no perderse con el bloqueo del Poder Judicial

Desde aquella reforma socialista de 1985, rojos y azules se han turnado en La Moncloa sin que ninguno haya hecho nada por cambiar un sistema que, con más o menos retraso y bronca política, los siguió poniendo de acuerdo para repartirse los nombramientos. Hasta que, en diciembre de 2018, cuando los dos grandes ya ultimaban los nombres para el pacto, la filtración de unos mensajes de WhatsApp en los que el senador popular Ignacio Cosidó se jactaba de que controlarían “por detrás" la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo fueron demasiado sonrojantes como para mantener el acuerdo. Desde entonces, la cúpula judicial sigue en funciones mientras continúa un bloqueo de cuatro años en los que se han sucedido episodios de exigencias, vetos y dos reformas exprés; aunque una de ellas se quedó en amenaza cuando hasta Europa tuvo que dar la señal de alarma. 

La reforma de 1985

La primera ley orgánica del CGPJ llegó en 1980, de la mano de la UCD. En lo que a la elección de los jueces se refiere, siguió a pies juntillas el mandato constitucional: de los 20 vocales, Congreso y Senado nombrarían solo a los ocho cuya elección se atribuye explícitamente a las Cámaras por mayoría cualificada en la Carta Magna. Los otros 12 debían ser elegidos por todos los jueces y magistrados en activo.

La reforma del 85 supuso que esa docena, de la que la Constitución no decía nada expresamente, fuera también nombrada por las Cortes, de manera que los 20 miembros se elegirían a partes iguales, diez y diez, por las mayorías cualificadas de Congreso y Senado. La iniciativa partió de la enmienda del diputado vasco de Euskadiko Ezkerra (EE) Juan María Bandrés, y el Gobierno socialista la aceptó de buen agrado, con el convencimiento de que había que darle un giro a la carrera judicial, de estructura conservadora. Desde la minoría catalana, Josep María Trías de Bes lo verbalizó en su crítica a la reforma: “Contraponen la soberanía a una magistratura que hoy tildan de conservadora; pero, citando a Max Weber, la parlamentarización y la democratización no están en modo alguno en relación de reciprocidad necesaria. En esto se equivocan los señores de la mayoría”. 

El portavoz de Alianza Popular, José María Ruiz-Gallardón, protagonizó uno de los momentos más tensos del pleno que votaba las enmiendas: “Si ustedes, señores socialistas, lo que pretenden hacer a través de esta ley es lo que Lenin quería para el Soviet en 1917…”. Su partido llevó la norma al Constitucional, que la avaló. Y desde entonces, la alusión a reformar el sistema empezó a tener su sitio asegurado en sus programas electorales. 

La batalla del PP… hasta que gobernó

El PP llegó al Gobierno en 1996, con José María Aznar al frente y un programa electoral que mantenía esa reivindicación histórica de elegir a los vocales “de entre y por Jueces y Magistrados de todas las categorías”. En sus propuestas para los comicios del año 2000, el PP insistía en esta medida y se comprometía a llegar a un consenso con el resto de partidos, mientras que el PSOE seguía defendiendo la elección parlamentaria de los vocales. Fue así como, en 2001, los populares aprobaron su primera reforma de la ley de los jueces, pero solo matizaron el sistema incluyendo que los elegidos lo serían de un listado elaborado por las asociaciones profesionales de jueces: los nombramientos seguían estando en manos del poder político.

En el programa electoral de 2004, ya con Mariano Rajoy como candidato, el PP sacó pecho de aquella reforma: “Hemos aprobado un nuevo procedimiento de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, basado en la doble legitimación que otorga la elección por Jueces y Magistrados de carrera y por las Cortes Generales”. Pero esa doble legitimación seguía dejando a los diputados la última palabra, a lo que el PP se había negado desde hacía décadas.

Vetos, bloqueos y la reforma de 2013

Cuando, en 2004, el PP volvió a la oposición, el reparto de nombres se complicó. Los portavoces de PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV y el grupo Mixto pactaron un documento en el que acusaban al PP de una conducta "sectaria" y "antidemocrática" por bloquear la renovación de “una presidencia y una mayoría que le es afín" y que cumplía ya un año en funciones. 

Así, en el programa electoral de 2008, el PP retomó la promesa de consagrar “la independencia del Consejo General del Poder Judicial, promoviendo la elección de doce de sus miembros por y entre jueces y magistrados”, mientras que el PSOE aprovechó para reivindicar que “sería muchísimo mejor” haber tenido “una oposición que no hubiera bloqueado las instituciones allí donde ha tenido posibilidad de hacerlo, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial”. Pese a todo, tras las elecciones, hubo pacto y reparto de sillones.

En 2011, el PP volvió a La Moncloa con una victoria abrumadora. Cuando en 2013 decidió cambiar la ley, lejos de incluir que sus miembros fueran elegidos por los propios jueces, usó su mayoría absoluta para aprobar la reforma con el único apoyo de su grupo parlamentario e incluyó la posibilidad de constituir el CGPJ con los vocales elegidos por una sola Cámara. Así se protegía ante un posible bloqueo, puesto que le daban los números en el Senado. Sin embargo, no hizo falta activar el mecanismo: PP y PSOE volvieron a repartirse los asientos y haciendo uso de la fórmula que tantas veces habían criticado.

Las promesas de Sánchez

Los de 2011 fueron los últimos comicios de la era del bipartidismo. En la larga precampaña electoral de 2014, cuando Pablo Iglesias y Albert Rivera apretaban a PSOE y PP con discursos de renovación y atacando a los repartos de instituciones como el CGPJ que históricamente habían acordado los dos grandes, la promesa de despolitizar la Justicia llenó los mítines y encuentros electorales.  

“Hay que despolitizar el CGPJ. Que los partidos dejen de proponer candidatos”, decía el entonces candidato socialista y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Estoy dispuesto a que el PSOE no sea quien proponga a los miembros del CGPJ, porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo a quienes han hecho peor es al PSOE”. Es Pedro Sánchez quien estuvo a punto de cerrar el acuerdo que saltó por los aires con los mensajes en los que Cosidó se jactaba del control de la Justicia. También es quien amagó con una reforma exprés que le hubiera permitido designar vocales por una mayoría incluso inferior a los tres quintos. 

Ahora, tras cuatro años de bloqueo, el PP de Alberto Núñez Feijóo vuelve a instalarse en su antigua promesa de que sean los jueces los que elijan registrando una propuesta de reforma en el Congreso y negándose a cualquier pacto, pese a las llamadas insistentes de los socialistas a que “cumplan con sus obligaciones constitucionales”. Mientras tanto, despolitizar la Justicia sigue como asignatura pendiente y quizás resurja de nuevo cuando haya que redactar el programa electoral.

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