Junts deja de ingresar 40.000 euros mensuales tras salir del Govern

La decisión del 55,73% de los militantes de Junts per Catalunya, el pasado 7 de octubre, de salir del Govern y romper la coalición con ERC ha tenido múltiples consecuencias para el partido. Las más visibles, la división interna, la falta de influencia en la gestión de la Generalitat y el paso a ejercer de segundo partido de la oposición en el Parlament, tras el PSC. Pero dejar el Consell Executiu se puede traducir también en cifras: 40.000 euros mensuales menos para las arcas del partido.

Este dinero es el que ingresaban los aproximadamente 250 altos cargos del partido en concepto de ayudas, según ha podido saber este diario. En la terminología de los partidos, se considera algo así como un "impuesto revolucionario". Una donación prácticamente obligatoria que los sueldos públicos han de hacer, en proporción a sus ingresos, para la maquinaria del partido que los ha situado en ese cargo.

Salir del Govern, pues, ha obligado al partido a intensificar una campaña de donativos, que ya existía y existe en la página web de la formación. Esta cuestión será subrayada en los próximos cónclaves: en el consejo nacional y en la convención municipalista de Junts. El mensaje es claro: se debe hacer un esfuerzo extra para que los militantes, y en especial los que optaron por salir del Govern, arrimen el hombro y logren aportaciones. Según la ley de financiación de los partidos, estas han de proceder siempre de personas a título individual, no de empresas, y no pueden exceder un máximo de 50.000 euros.

Apretarse el cinturón

Junts trabaja también en paralelo con una política de finanzas estricta, sobre todo de cara a las elecciones municipales, donde se va a controlar hasta el último euro, bajo la premisa de una aportación de 0'11 euros por habitante de la población en cuestión. Los candidatos también serán invitados a hacer aportaciones. Todo bajo el objetivo de evitar el déficit y cumplir escrupulosamente con la ley que regula la financiación de las fuerzas y las campañas electorales.

Para el partido, las elecciones municipales de mayo representan, pues, no sólo un reto político, sino también económico: un buen resultado supondrá mayores ingresos por las aportaciones públicas que reciben todos los partidos en función de su representación en las instituciones. Lo mismo sucede en relación a las diputaciones: cuanto mejores sean los resultados, mayor peso tendrá Junts en las organizaciones supramunicipales.

La transparencia con la que los partidos pagan sus gastos (sedes, campañas electorales, reuniones extraordinarias, spots televisivos...) sigue siendo una asignatura pendiente, según ha denunciado recientemente la fiscalía general del Estado. En el informe hecho público en septiembre, el ministerio público advierte de que la forma en que se ha articulado la persecución de las modalidades más graves de financiación irregular de partidos no castiga todas sus fórmulas, porque "únicamente" se centra en "las donaciones y aportaciones que vulneran el artículo 5.1 de la ley orgánica de financiación de partidos políticos (LOFPP)". Además, critica que las penas previstas "resultan inusualmente indulgentes", al ser equiparables a las sanciones previstas para las meras irregularidades.

La memoria de la Fiscalía General explica que el Código Penal "castiga con penas de multa del triplo al quíntuplo de su valor, al que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores". Describe las donaciones prohibidas, pero no incluye referencia alguna sobre las aportaciones, lo que "permite concluir que, en realidad el objeto material del delito de financiación ilegal de partidos políticos únicamente son las donaciones".

Suscríbete para seguir leyendo