El Govern tramitará los presupuestos si PSC y Junts dilatan el pacto

O el acuerdo de presupuestos se cierra "en los próximos días" con el PSC y con Junts -o con uno de los dos- o el Govern aprobará igualmente las cuentas sin esperarlos e iniciará la tramitación parlamentaria. Ese es el mensaje que ha lanzado el Ejecutivo catalán a sus potenciales socios, con quienes ha dicho que están "a las puertas" de sellar un pacto y que solo "objetivos partidistas" podría explicar una demora que no tiene "una justificación real". Los socialistas, por su parte, niegan la mayor. Replican que nada está hecho y que un paso en falso del ‘president’ Pere Aragonès podría comportar una enmienda a la totalidad pero, al mismo tiempo, descartan que la negociación descarrile.

Esta es, pues, la historia de una puesta en escena de dos grandes rivales políticos para los que pactar los presupuestos es tanto un imperativo como una incomodidad. Ambas partes buscan vender que se han salido con la suya, pese a que hallar el punto medio implica, por definición, renuncias de todos los actores. “Todos nos tendremos que comer algún sapo por pequeño que sea”, admiten los negociadores. Las próximas 48 horas serán definitivas para vislumbrar el calendario de las cuentas catalanas. El Govern se reunirá este miércoles y este jueves tanto con el PSC como con Junts. 

Con los socialistas, ha precisado la portavoz Patrícia Plaja, ya hay 147 propuestas pactadas, mientras que con los posconvergentes hay más de 50. Ante los micrófonos, los representantes del Govern aseguran que el pacto a cuatro bandas es factible porque el Executiu tiene enhebrada la aguja para evitar incompatibilidades, pero entre bambalinas admiten que el precio a pagar por atar antes un pacto con el PSC puede ser el descuelgue de Junts. Aún así, insisten, los primeros “no pueden permitirse” desentenderse de unos presupuestos acordados previamente con sindicatos y patronales. Y entienden que los segundos también deberían estar en la entente si quieren presumir de arrancar compromisos a Aragonès.

Los puntos de fricción

Cinco son las carpetas candentes que los negociadores tienen entre manos para desbrozar el acuerdo definitivo y en las que se dirimirá también el balance de logros y renuncias de todas las partes. La más vistosa es la de los grandes proyectos como el Hard Rock, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y el cuarto cinturón. El Govern los ha descartado definitivamente del pacto porque los ubica al margen del proyecto económico para este año, pero tanto el PSC como Junts mantienen el pulso por unas infraestructuras que los ‘comuns’ rechazan de plano y que generan incomodidad en ERC.

Aragonès también deja fuera de la discusión algunas medidas que reclama el PSC y que, a pesar de no tener un elevado coste o responder al objetivo de la racionalización, son de alto calibre político. Es el caso de la petición de Salvador Illa de que se frene la expansión de las delegaciones de la Generalitat en el exterior. Esta, ha recalcado Plaja, es "irrenunciable" e "imprescindible". Tampoco está dispuesto el Govern a frenar el plan piloto de la Renta Básica Universal que ERC pactó con la CUP, a abordar en el marco de las cuentas que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) pase a depender del Parlament o que las subvenciones de los medios de comunicación se avalen en comisión parlamentaria.

Los impuestos

Espinosa sigue siendo también la carpeta de impuestos. Tanto el PSC como Junts fruncen el ceño ante los retoques fiscales pactados por el Govern con En Comú Poodem y que incluyen la creación del impuesto sobre los cruceros y a los alimentos ultraprocesados, así como del incremento en un 33% del de los pisos vacíos y la subida de los tramos del impuesto de patrimonio. Si la prioridad de Illa es que no se haga ningún cambio en materia fiscal, Junts mantiene la exigencia de rebajar tramos del IRPF y también del impuesto de sucesiones, una apuesta que supone una auténtica línea roja para los 'comuns'. Incluso ante reclamaciones antagónicas el Executiu mantiene que no hay nada insalvable. Está por ver. 

La recaudación está estrechamente ligada también al techo de gasto, donde también hay que resolver disonancias. Por ahora, el Govern y el PSC han pactado un paquete de medidas que ascienden a 5.386 millones de euros. Sin embargo, para los socialistas esa cifra puede ser mayor, a lo que la Generalitat responde no sería “responsable” dar por descontado que crecerá la recaudación cuando las previsiones económicas para 2023 no son precisamente buenas y, además, el partido de Illa se niega a subir impuestos. 

Y la quinta piedra en el camino, la que más complica la relación de ERC con sus exsocios de Junts, es el rumbo del ‘procés’. Para la formación gobernada por Laura Borràs y Jordi Turull es un imperativo que Aragonès dé por muerta la vía dialogada con el Gobierno y entierre la propuesta de claridad que ondea Aragonès para celebrar un referéndum acordado. El ‘president’ ya ha dejado claro que no renunciará a la senda por la que, precisamente, se rompió la alianza independentista. 

La cuenta atrás para los presupuestos está en marcha y, pase lo que pase, incluso si al final todo descarrilara, lo que el Govern deja claro es que de este episodio no dependerá la fecha de unas elecciones que nadie pide y que todos temen.