La fiscalía archiva la investigación de la tragedia en la valla de Melilla

Para la Fiscalía, en la tragedia de la valla de Melilla del pasado 24 de junio a este lado de la frontera no hubo omisión de socorro, ni uso desproporcionado de la fuerza, ni contribución a homicidios ni devoluciones ilegales de migrantes. "No existen elementos que determinen que el día de los hechos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuantes incurriesen en infracción penal alguna", concluye la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado en un decreto comunicado este viernes, con el que pone fin a las diligencias 1/2022, la investigación por la masacre de al menos 23 migrantes en un intento de pasar la frontera.

La fiscal de sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, añade que tampoco aprecia delito "posteriormente, en el momento de la materialización de los rechazos en frontera". Son conclusiones establecidas tras casi seis meses de pesquisas sobre lo ocurrido en el puesto fronterizo del barrio chino entre Melilla y la localidad marroquí de Nador, la visión de todos los vídeos, la lectura de varios informes y la toma de testimonios a tres policías, 14 guardias y cuatro testigos civiles.

Cumpliendo las previsiones que en privado reconocían tener fuentes de Interior, el ministerio público exime al operativo de la Guardia Civil de los delitos que le atribuían varias oenegés y que insinuaban algunos reportajes publicados este otoño, que reavivaron considerablemente la polémica entre partidos.

No obstante, la fiscal -como también hizo el Defensor del Pueblo en su informe final- reconviene a algunos guardias civiles antidisturbios "que se encontraban en el entrevallado colindante con el patio del lado marroquí, que arrojaron piedras hacia los migrantes que se hallaban encaramados sobre los peines invertidos", dando traslado de esa observación al director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Salas, "por si fueran constitutivos de infracción disciplinaria".

La decisión de la fiscal no parece apagar la hoguera política. Esquerra Republicana ha deplorado el archivo. "No queremos impunidad. Las vidas migrantes importan. Las vidas negras importan. Queremos justicia", ha declarado la portavoz de la formación sobre esta materia, María Carvalho, a Europa Press. Diciendo que sigue sin esclarecerse a fondo los hechos se ha manifestado también el portavoz parlamentario de Unidas-Podemos para temas de Interior, Enrique de Santiago: "No se conoce ni el nombre de los fallecidos".

Asfixia mecánica

La fiscalía recoge la versión marroquí elevada a la ONU para relatar que la causa de las muertes de los 23 migrantes fue en todos los casos "asfixia mecánica compatible con una presión torácica extrema, siendo ello coherente con la estampida y el aglutinamiento de un número importante de personas en un espacio recudido, combinado con el movimiento de una multitud en pánico".

Es el resumen de la trágica avalancha que se dio en el lado marroquí de un puesto fronterizo que catastralmente está en territorio español, pero que desde hace más de 20 años es operado de la valla hacia Nador por los gendarmes marroquís.

El escrito, basándose en uno de los vídeos tomados por el helicóptero de la Guardia Civil, y que sirven como prueba, señala una causa previa: "La impaciencia y desesperación de los numerosos migrantes congregados en el patio marroquí por entrar en España sumado al hecho de que las fuerzas de seguridad marroquís estaban comenzando a entrar en la parte posterior del recinto, provocó una enorme presión en la zona de las puertas recién fracturadas, produciéndose una avalancha de cientos de personas que intentaban traspasarlas a la vez, quedando amontonados y atrapados un número indeterminado de migrantes que fueron aplastados y pisoteados por otros que consiguieron pasar, saltando sobre los cuerpos apilados en las puertas".

La fiscal exime a los guardias de no prestar auxilio, pues "ninguna posibilidad existía de que pudieran tener visión de lo que estaba aconteciendo en el interior del paso fronterizo".

Rechazos en frontera

Cerca de 400 migrantes fueron devueltos aquella mañana a Marruecos, y 133 adultos y un menor consiguieron pasar a territorio español. Los migrantes devueltos habían sido previamente retenidos al bajar del tejado del puesto fronterizo y de la valla. La Guardia Civil los concentró entre el quitamiedos de una circunvalación de Melilla y el vallado, y fue llevando a cada migrante hasta un punto acordado del perímetro con los gendarmes marroquís, que los recogían y los volvían a meter en Marruecos. Estas devoluciones -para las fuerzas policiales técnicamente son "rechazos en frontera"- han sido también piedra de toque de la actuación de las autoridades españolas aquel día, por si no se les hubiera dado derecho a los migrantes a expresar su estado de vulnerabilidad o su intención de pedir asilo.

Pero la fiscalía asume en su práctica totalidad la argumentación que también hizo Interior ante el Defensor del Pueblo: fueron rechazos con arreglo a lo establecido por la Ley de Extranjería, que establece que "podrán ser rechazados" los migrantes "detectados en la línea fronteriza de la demarcación de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente".

Interior argumentó en su día que los guardias civiles hicieron un examen del grupo de migrantes, sin ver a ningún en situación de vulnerabilidad por la que tuviera que ser evacuado y acogido en España. Tras examinar los vídeos tomados por la Guardia Civil y las cámaras de la valla, la fiscal Sánchez indica: "no se visualizan mujeres, personas de edad avanzada, evidentemente menores de edad, con algún tipo de discapacidad o cualquier otra circunstancia que determinara un estado de especial fragilidad".

En el punto de contacto con los gendarmes marroquíes, un comandante de la Guardia Civil "comprobaba el número, circunstancias y estado de cada uno de los extranjeros rechazados". En su declaración ante la fiscal, el comandante desgranó los factores del examen: "que el sujeto estuviera despierto, consciente, orientado, que fuera varón y aparentara ser mayor de edad, así como que no se encontraba afectado por serios motivos de incapacidad..."

Reducir los asaltos a la valla

El recuento de heridos en territorio de Melilla es de 55 guardias civiles y 57 migrantes. Todos esos extranjeros fueron atendidos en España, nueve de ellos evacuados al hospital. La Fiscalía no aprecia que sus heridas fueran consecuencia de forcejeo con los antidisturbios de la Guardia Civil. "No existen elemento que permitan afirmar que las lesiones de algunos de los migrantes fueran producto de la actuación policial española", dice también el escrito de la fiscal, atribuyendo las lesiones de ese grupo a que "para pasar a territorio español tuvieron que trepar y saltar desde una altura incluso de seis metros".

La fiscalía apunta varias veces "la gran virulencia en la acción protagonizada por los migrantes" y añade que "los testimonios prestados por los migrantes en estas diligencias tampoco reflejan una actuación especialmente violenta o desproporcionada de los agentes españoles".

Pero el escrito de la fiscalía se detiene en el detalle de que una parte de la multitud que aquel día asaltó el puesto fronterizo estaba formada por personas procedentes de Sudán y Chad, países cuyos migrantes "en la mayor parte de los casos son merecedores de protección internacional" por estar en guerra. La fiscal hace una reflexión sobre la conveniencia de que se examine el procedimiento de los rechazos en las fronteras españolas en África, en la línea de que "se posibilitara el acceso de una manera real a la oficina de asilo instalada en el puesto fronterizo de Beni Enzar en Melilla". Así, cree la fiscal Sánchez, "podrían reducirse estos saltos o el número de participantes en los mismos".