Los conservadores del CGPJ fuerzan otro Pleno para nombramientos del TC, cambiando a uno de sus candidatos

El grupo de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cambiado este jueves su estrategia para sacar adelante los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde antes de que el Gobierno de

Pedro Sánchez

logre aprobar su reforma legal, que pretende cambiar las reglas para conseguir estas designaciones rebajando la mayoría necesaria para hacerlo.

Tras el fracaso del Pleno del Consejo del pasado martes, cuando ambas partes evidenciaron su incapacidad para llegar a un consenso sobre los nombres de los candidatos que se habían puesto sobre sobre la mesa, siete vocales de este sector ha forzado la convocataria de una nueva reunión extraordinaria para abodar este asunto, que se celebrará el próximo 27 de diciembre.

La propuesta, lanzada 'in voce' durante la celebración del Pleno ordinario de este jueves, supone cambiar a uno de los candidatos propuestos por esta parte, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, por otro nombre que desde este sector presumen que los progresistas no podrán rechazar. Se trata de la expresidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano.

Segoviano nunca ha pertenecido a una asociación judicial, pero fue la primera en romper el techo de cristal de Tribunal Supremo y presidir una de sus cinco Salas, la de lo Social, la jurisdicción a la que ha dedicado su carrera profesional desde que se enamoró del derecho laboral en cuarto de carrera. Recién jubilada en el Supremo, su designación cuenta con más ventajas. Primero por ser mujer, pero también porque figuraba entre los nueve nombres presentados por los vocales progresistas cuando intentaron forzar la designación de los magistrados que le corresponden al CGPJ. Además, está ya jubilada en el Supremo, con lo que su marcha al Constitucional no genera una vacante en el alto tribunal, cuya situación empieza a ser muy grave al acumular ya un cuarto de sus plazas de magistrados sin cubrir.

Los conservadores suman a Guilarte

Los proponentes del nuevo Pleno extraordinario han son José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte. Este último no había participado hasta este momento en el denominado bloque conservador que desde el pasado mes de septiembre -antes de que el Ejecutivo moviera ficha para cambiar las reglas del juego- venía bloqueando el acuerdo para designar a los magistrados del tribunal de garantías.

Ello hace pensar que su incorporación en este momento acrecienta las posibilidades de que el acuerdo salga adelante, siempre que al menos un progresista acepte la nueva propuesta de los conservadores, que mantiene junto a Segoviano al presidente de lo Contencioso del alto tribunal César Tolosa como segundo nombre para renovar su cuota del Tribunal Constitucional.

La incógnita pasa ahora por saber si los ocho vocales de sensibilidad progresista acogen la propuesta y renuncian a su candidato inicial, el también miembro del alto triubal José Manuel Bandrés, que la mayoría conservadora veta por considerarle cercano al Gobierno. Los votos necesarios para que se alcance el consenso son 11 del total de 18 vocales que conforman hoy el órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes progresistas señalan a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que no es probable que este sector renuncie a Bandrés, mientras que consideran que el grupo conservador podría no ser tan monolítico como parece. Por ello, aventuran que el próximo martes pueda superarse el bloqueo si algunos de los vocales designados por el Partido Popular se avienen finalmente a llegar un consenso con la minoría.

Desde el inicio de la democracia, el CGPJ venía consensuando, a la hora de realizar estos nombramientos, que uno fuera propuesto por la parte conservadora y el otro por la progresista. Es decir, nunca hasta ahora se había había producido que el sector mayoritario del órgano quisiera hacer todas las designaciones sin ponerse de acuerdo con el resto del Pleno, y en esta esta nueva forma de hacer las cosas pivota la situación de bloqueo y el retraso que viene arrastrando el cumplimiento de esta obligación constitucional.

La reforma del Gobierno pasa ahora por cambiar la ley tras la polémica intervención del propio Tribunal Constitucional, que paralizó la introducción de enmiendas en la reforma penal que se está discutiendo este jueves en el Senado. Las enmiendas que han sido descartadas tenían como objetivo rebajar a una mayoría simple la proporción necesaria de votos para lograr estas designaciones en el CGPJ. La segunda enmienda suponía suprimir el plácet que el tribunal de garantías debe dar a los nuevos magistrados que entran a formar parte de este órgano.

Seguir adelante

El Gobierno pretende recuperar ambas iniciativas a través de una proposición de ley específica, después del veto del Constitucional a que fueran votadas en la misma norma que recoge la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, aprobada definitivamente este jueves en el Senado. Incluso en el caso de que el CGPJ alcance un acuerdo el próximo martes y dé luz verde a los nombramientos para el TC, el Ejecutivo seguirá adelante y registrará la proposición en el Congreso, explican fuentes de la Moncloa, informa Juan Ruiz Sierra. 

El Ejecutivo espera, en principio, a conocer el auto en el que el Constitucional motive por qué decidió, por seis votos a favor y cinco en contra, impedir la votación en el Senado. Pero tampoco está dispuesto a aguardar demasiado. La intención es registrar la nueva proposición de ley, a más tardar, la semana que viene. Lo que no admite ninguna duda, como ha dejado claro el PSOE varias veces desde que comenzó el choque institucional, es que la nueva norma evitará rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para nombrar a los nuevos miembros del CGPJ, algo que reclama Unidas Podemos y que haría que la participación del PP ya no fuera necesaria a la hora de renovar el órgano de gobierno de los jueces.