Choque institucional

El Gobierno renovará el Constitucional a través de una ley específica

La nueva iniciativa del PSOE y sus socios se registrará esta semana en el Congreso

Feijóo exige a Sánchez que renuncie a la reforma penal para volver a negociar el Poder Judicial

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez / ALBERT CADANET / ACN

Juan Ruiz Sierra
Miguel Ángel Rodríguez
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Cuando el Tribunal Constitucional (TC) se preparaba para analizar el recurso de amparo del PP, hace unos días, el Gobierno advirtió de las "consecuencias imprevisibles" que tendría para la "democracia española" que los magistrados impidieran la aprobación en el Senado de la proposición de ley impugnada. Ahora que ese temido momento ya ha llegado, el Ejecutivo ya sabe cómo hacerle frente: una nueva ley específica que permita superar el bloqueo. Después de que el alto tribunal diera la razón al partido de Alberto Núñez Feijóo, bloqueando la votación en la Cámara alta de las partes de la norma que afectaban a la propia renovación del máximo intérprete de la Carta Magna por haberse tramitado a la carrera y sin conexión con el resto del texto, que incluye la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación pactadas con ERC, el Ejecutivo ya tiene perfilado qué pasos dar para hacer frente a este bloqueo.

Según fuentes parlamentarias, el PSOE y sus socios de investidura (Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Más País y Compromís) registrarán esta semana, la intención es que sea el jueves, una proposición de ley que incluya el contenido de las dos enmiendas suspendidas por el TC, que contenían un nuevo mecanismo para facilitar la renovación del alto tribunal. La iniciativa, explicaron este martes, se tramitará de forma urgente.  

El Ejecutivo ha estudiado otras vías como recuperar la propuesta que rebajaba las mayorías para renovar el CGPJ

A media mañana de este martes, recién acabado el Consejo de Ministros, el presidente hizo una breve declaración sin preguntas desde el palacio de la Moncloa, algo que solo lleva a cabo en las grandes ocasiones. "España dispone de mecanismos para superar esta situación. El Gobierno acata la resolución y adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo judicial. En momentos de incertidumbre, serenidad y firmeza", dijo.

Sánchez no aclaró qué camino pensaba tomar, y tampoco lo hizo después la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, pero la decisión ya está clara. Consiste en recuperar en una nueva proposición de ley los apartados bloqueados por el TC, donde cuatro de sus miembros tienen el mandato agotado desde hace seis meses.

Las otras vías

El Gobierno tenía ante sí otras opciones. La falta de renovación del Constitucional no es una excepción. Hay un caso aún más flagrante: el mandato del actual Consejo General Poder Judicial (CGPJ) expiró hace cuatro años. La falta de renovación obedece a la negativa de un PP al que beneficia la actual composición del organismo de gobierno de los jueces, mayoritariamente conservadora, ya que proviene de cuando gobernaba Mariano Rajoy y la derecha tenía más votos. En este sentido, la Moncloa llegó a analizar la posibilidad de retomar una aparcada propuesta para rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para sustituir a los miembros actuales del CGPJ, de forma que el concurso del partido de Feijóo ya no sería necesario.

Otra alternativa hubiera consistido en dotarse de un sistema similar al italiano, donde los magistrados deben abandonar automáticamente su puesto una vez ha vencido su mandato. Y por último, quedaba la opción que defiende Unidas Podemos: llevar la polémica resolución del TC, que por vez primera impidió a las Cortes Generales votar una ley (durante el ‘procés’ tomó alguna decisión similar respecto al Parlament catalán, pero no se trababa de leyes), al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero ese paso, señalaron fuentes socialistas, lanzaría el mensaje de que la democracia española no es capaz de resolver sus propios problemas. Y la Comisión Europea, hasta ahora, no ha querido inmiscuirse en este conflicto interno, aunque empieza a lanzar tímidos reproches al Ejecutivo. 

El PP aplaude al TC

Mientras tanto, la derecha sacó pecho de la decisión del Constitucional. Con rostro satisfecho, Feijóo propuso una "salida a la crisis constitucional": que Sánchez reniegue de sus últimos pasos y "pare la escalada de cesiones al independentismo". Si el presidente renuncia a la reforma penal, el líder del PP estaría dispuesto a volver a sentarse para renovar el Poder Judicial.

Abascal anuncia una querella contra el jefe del Ejecutivo por "conspiración para delinquir"

El mensaje de Feijóo es contrario a la Constitución, que impone a los partidos el deber incondicional de ponerse de acuerdo en este asunto, y en cualquier caso no tiene visos de prosperar. El Senado aprobará el jueves, mientras se celebra el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. Un día antes, el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, que no han hablado estos días para intentar desatascar este choque institucional, tendrán un cara a cara de alto voltaje en el Senado, durante la última sesión de control al Gobierno. 

Y Vox, por último, fue como siempre un paso más allá. Su máximo dirigente, Santiago Abascal, anunció una querella contra Sánchez por una presunta "conspiración para delinquir" a través de su "asalto a la separación de poderes y pacto con criminales", en referencia a ERC. El líder de la fuerza ultraderechista todavía tiene que presentarla, igual que la moción de censura al presidente, abocada al fracaso y para la que, de momento, no encuentra candidato.