Por la caja b del Partido Popular

El juez archiva la pieza de los 'papeles de Bárcenas' al no poder relacionar contratos con donaciones al PP

Considera clave el informe de la Intervención General del Estado, que no apreció irregularidades en los contratos analizados

La pieza se reabrió a raíz de las declaraciones de Correa y un constructor en las que asumieron comisiones en el caso Gürtel

Luis Bárcenas a la salida de la cárcel de Soto del Real.

Luis Bárcenas a la salida de la cárcel de Soto del Real. / JOSÉ LUIS ROCA

Ángeles Vázquez

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Una vez que la Intervención General del Estado (IGAE) no apreció indicios de delito en los contratos del caso Gürtel investigados en la pieza relativa a la caja b del PP que se reflejaba en los llamados 'papeles de Bárcenas', era solo cuestión de tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la archivara. El magistrado ha dictado el sobreseimiento provisional de la investigación que tenía entre manos para determinar si hubo relación entre adjudicaciones de obra pública y donaciones de empresarios al PP, al considerar que no queda debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la reapertura de las actuaciones 

En un auto, el magistrado acuerda el archivo a petición de la Fiscalía Anticorrupción debido al resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción, tanto las declaraciones de imputados y de testigos, documentos de sociedades y empresas públicas, así como de otros procedimientos judiciales y, principalmente, del informe pericial del pasado 4 de noviembre de la IGAE, en el que decía que “no encuentra en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa aplicable”, lo que “imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados”.

El juez recuerda que los 'papeles de Bárcenas' se reabrieron el 28 de febrero de 2017 a raíz de las declaraciones del constructor Alfonso García Pozuelo y del líder de la trama Gürtel Francisco Correa en el juicio de la pieza principal del caso Gürtel. Ambos admitieron el pago de donaciones al PP para resultar adjudicatarios de obra pública. Se acordaron diligencias para "comprobar si determinadas anotaciones reflejadas" en la documentación manuscrita del extesorero del PP Luis Bárcenas "constituye el soporte documental contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el Partido Popular y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

La IGAE no acredita delitos

Pedraz señala que del informe de la IGAE no se desprende la comisión de los delitos que se investigaban. “En el mismo se analiza la forma de contratación, las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero en ninguno de ellos se concluye arbitrariedad o irregularidad alguna, y lo que no arrojan es elemento alguno que permita la conexión de dichos contratos con las pretendidas donaciones de los denominados 'papeles de Bárcenas'”, afirma.

Dichas conclusiones se apoyan, además, en que las respectivas Mesas de Contratación en todos y cada uno de los contratos estaba formada por funcionarios públicos y en que la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica en cada contrato (y que firmaron tanto los Proyecto Modificados como los Proyectos complementarios, como las Certificaciones-Liquidaciones) era distinta al resto de contratos.

Y se remite a la decisión de 2015, por la que se acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones de los imputados, "al no resultar posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigadas y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes, la conclusión provisional debe ser a tal respecto la de la ausencia, por el momento, de suficientes indicios para estimar justificada la comisión de los delitos atribuidos a los distintos querellados”, explica el magistrado.

Subraya que pese a la intensa investigación -iniciada en 2013, archivada en 2015 y reabierta en 2017- que hizo que se examinasen los expedientes de contratación de todas las empresas, “no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido aquellos hechos”. Y añade: “No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical… que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, Interventores de la Fiscalía e IGAE”.