Choque institucional

El Gobierno acata la decisión del TC pero advierte: "Lo ocurrido es de una gravedad máxima"

Batet subraya que con este precedente un solo diputado podrá “interrumpir la acción legislativa” 

Díaz denuncia que se trata de un hecho "grave" fruto del "deterioro" de las instituciones

Félix Bolaños.

Félix Bolaños.

Juan Ruiz Sierra
Miguel Ángel Rodríguez
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La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impedir la votación el próximo jueves en el Senado de la proposición de ley que regula la renovación de este órgano y la reforma penal ha cristalizado los peores temores del Gobierno. Pero tanto el Ejecutivo como el Parlamento cumplirán con el fallo del TC. Aun así, sus representantes no han ahorrado críticas al alto tribunal, que este lunes, tras una larguísima deliberación y por seis votos a favor y cinco en contra, ha impedido por vez primera la votación de una ley, al estimar un recurso de amparo del PP.

“La resolución debe acatarse, pese a que no compartimos ni el insólito procedimiento ni el fondo de la decisión –ha señalado desde el palacio de la Moncloa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños-. Lo ocurrido hoy es de una gravedad máxima. La decisión más grave ha sido adoptada en un tiempo breve y con la mayoría más exigua”. 

“El TC ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos de los ciudadanos, algo que no ha sucedido nunca en los últimos 44 años, que no ha ocurrido en los países de nuestro entorno y que atenta contra la separación de poderes. El TC ha paralizado su propia renovación, pendiente desde hace seis meses. Algunos magistrados han decidido su propio futuro con su voto”, ha continuado Bolaños.

A partir de aquí, el ministro ha pasado a cargar contra el PP, que desde hace cuatro años, en contra de lo que señala la Carta Magna, impide la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría sigue siendo conservadora porque sus miembros fueron elegidos cuando Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta. “Este no es un conflicto entre partidos o instituciones. Es un conflicto entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen. El PP quiere controlar el Parlamento. Decidir qué se aprueba y qué no. No sabemos adónde nos conducirá la puerta que se ha abierto hoy. Se han traspasado todos los límites”, ha concluido Bolaños. 

Congreso y Senado

Poco antes había hablado, también en una comparecencia sin preguntas, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciando que acatará la decisión del TC y al mismo tiempo advirtiendo de los peligros del actual escenario. “Quiero expresar el acatamiento y el respeto a la decisión del Constitucional. La decisión se produce en un contexto de bloqueo de las instituciones y de frustración del mandato de renovación de las mismas. Existe un peligro de deslegitimación del sistema democrático”, ha señalado Batet, que ha alertado de que a partir de ahora, con este procedente, puede bastar que un solo diputado solicite el amparo del TC para paralizar la acción legislativa.  

“Se ha suspendido un procedimiento legislativo en curso. Se trata de un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional. Con esta decisión, se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder produce una honda preocupación para el correcto funcionamiento del poder legislativo”, ha continuado la presidenta del Congreso, con gesto grave, que aun así ha defendido la “autonomía parlamentaria”.

Resolver las incógnitas

Todavía quedan muchas incógnitas por resolver. A corto plazo, la principal es si con su resolución, el TC ha impedido votar solo las enmiendas que cambiaban las mayorías necesarias para renovar el propio Constitucional o si toda la proposición de ley queda suspendida, incluidas la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación. Según fuentes parlamentarias, la Mesa del Senado se reunirá este martes para tomar una decisión.

Al igual que ha hecho Batet, el presidente del Senado, Ander Gil, ha asegurado que "hoy es un día insólito para la democracia" y que la medida adoptada por el TC "supone un triste punto de inflexión" en la historia de España. A su parecer, con esta decidión queda "comprometida" la inviolabilidad que otorga la Constitución al Congreso y al Senado en su artículo 66.3. 

"Desde la presidencia no podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del TC", ha continuado Gil, reiterando como ha hecho Batet en que respetarán la decisión del alto tribunal. Aun así, ha dicho que esto no será "obstáculo para que se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria". Gil, además, ha cargado contra el PP por bloquear la renovación del CGPJ y del TC y por la "instrumentalización" que han hecho de este último órgano al presentar un recurso para obtener lo que no han conseguido mediante el debate en las Cortes Generales. "Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste", ha advertido. No obstante, ha hecho "un llamamiento a la calma y a la serenidad". "La democracia siempre se abre paso", ha concluído.  

La denuncia morada

Escasas horas antes de que se pronunciase el Constitucional, fuentes de Podemos ya venían avisando que era "muy mala señal" la tardanza a la hora de tomar la decisión y denunciaron que de paralizar la tramitación de la norma se "estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias". 

Tras conocerse la decisión, la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha resaltado que la decisión del TC es un "grave hecho" fruto de "un deterioro" de las instituciones "por la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial y de la resistencia del PP a cumplir con la Constitución". No obstante, ha asegurado que "la democracia prevalecerá" y que trabajarán "del lado de la democracia, del Estado de Derecho y de las instituciones". Fuentes cercanas a la también ministra de Trabajo aseguran que recurrirán la decisión al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Más contundente se ha mostrado la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha denunciado que "la derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia". "Toca demostrar que los demócratas somos más", ha dicho en un mensaje publicado en redes sociales. Fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguraron antes de saber cuál sería la decisión que acatarían lo que marcara el alto tribunal y avanzaron que recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Los socios

Los socios habituales del Gobierno también han mostrado su descontento con el TC. El 'president' de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha denunciado que la "derecha españolista secuestra a las instituciones" como ya lo hizo en Catalunya durante el 'procès' y que, ahora, "envalentonado", lo están aplicando a nivel nacional. A través de un mensaje publicado en Twitter ha apuntado que esto solo se supera "con una agenda valiente y progresista y donde Catalunya sea definitivamente una república soberana".

La portavoz de los republicanos catalanes, Marta Vilalta, ha tildado la decisión de "secuestro del sistema judicial hacia la política" y ha acusado al "conservadurismo" de recurrir a la "judicialización de la política" para proteger el status quo. Por otro lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado la película de Juan Antonio Bayona 'Lo imposible' para referirse a la decisión del Constitucional. "Fin de la credibilidad del TC y otros órganos, utilizados para hacer política. Invasión de la soberanía parlamentaria", ha denunciado.