El Gobierno sortea el bloqueo de la derecha judicial y aprueba la reforma penal exprés

Si algo positivo tuvo para el PSOE el psicodrama político-judicial vivido este jueves, con el Tribunal Constitucional (TC) convocando un pleno para estudiar si impedía votar al Congreso y después retrasando su decisión, fue que permitió que el foco no estuviera puesto en el malestar que ha despertado en las filas del partido la rebaja del delito de malversación, pactada con ERC. El descenso de las condenas para los responsables públicos que malversen sin ánimo de lucro, que pasarán de los 12 actuales en su tipo más agravado a 4, ha forzado las costuras socialistas más que ninguna otra polémica en los últimos años. Todo eso quedó opacado por el amago de choque institucional. 

El próximo lunes se vivirá un nuevo capítulo, con un pleno del TC para estudiar si estima las medidas cautelarísimas que reclama el PP en su recurso de amparo: paralizar la aprobación de la heterogénea proposición de ley, tramitada a la carrera, sin apenas debate, que entre otros asuntos incluye la reforma penal (derogación de la sedición y rebaja de la malversación) y los cambios en las mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que elija a sus dos candidatos al Constitucional. Está previsto que el Senado apruebe el jueves de forma definitiva la controvertida norma. La impresión generalizada en la Moncloa es que los magistrados no llegarán tan lejos, después de haber pospuesto la decisión debido a la oposición de los miembros progresistas del tribunal y a los escritos del PSOE y Podemos pidiendo que no cedieran a la presión del partido de Alberto Núñez Feijóo. “Pero nunca se sabe. Todo esto es inédito en el Congreso”, señalan fuentes del Gobierno. 

De momento, el Ejecutivo ha logrado sortear la amenaza de bloqueo por parte de la derecha. El Congreso aprobó la proposición de ley con 184 votos a favor, del PSOE, Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios, frente a 64 en contra, de Vox y otros grupos minoritarios. El PP y Cs, en cambio, optaron por no votar, al considerar que el debate no se debería haber celebrado antes de que resolviera el TC. Pocos plenos ha habido en la Cámara baja tan broncos como este, dentro de una legislatura ya marcada desde su arranque por la crispación.  

La vuelta de Tejero

La derecha, y sobre todo la extrema derecha, suele emplear la palabra “golpe” para referirse al Gobierno y sus socios. Esta vez, sin embargo, la expresión también fue usada por los grupos de izquierda, el PSOE incluido. Desde la tribuna, el diputado socialista Felipe Sicilia dijo en referencia al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981: “Hace 41 años, la derecha intentó parar la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido”. Varios cargos del PSOE señalaron después que Sicilia “había ido demasiado lejos”. Su intervención provocó airadas quejas del PP. Pero hubo muchos más discursos en el mismo sentido. 

El 23-F estuvo presente desde el principio. Gabriel Rufián, de ERC: “Hablo con el miedo de que entre [Antonio] Tejero con toga, porque ya no entran con pistolas: entran con togas”. Jaume Asens, de Unidas Podemos: “Aunque no hayan dejado agujeros aquí arriba, ustedes están intentando derrocar la democracia con un golpe silencioso”.

Santiago Abascal, presidente de Vox, que sigue preparando una moción de censura que no tiene ninguna opción de prosperar, prefirió hablar fuera del hemiciclo. “Estamos asistiendo a un golpe institucional, a nuestro Estado de Derecho y a la Constitución”, dijo. Inés Arrimadas, líder de Cs, sostuvo que lo que estaba pasando era “más grave y más dañino” que el ‘procés’, “porque viene del Gobierno de España”. El PP, a través de su portavoz, Cuca Gamarra, fue algo más templado, dentro de las acusaciones cruzadas de golpismo del resto. “Los independentistas se están frotando las manos”, dijo.

El impacto en las urnas

Es algo con lo que concuerdan numerosos dirigentes socialistas. A menos de medio año de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, el partido teme que la excesiva cercanía a ERC, que volvió a plantear un referéndum sobre la independencia de Catalunya el mismo día que acordaba con el PSOE rebajar la malversación, pueda suponer un lastre en las urnas. Pero no solo eso. También anticipan que, tras haber llegado Pedro Sánchez a la Moncloa en una moción de censura motivada por la corrupción del PP, el PSOE se expone a perder la bandera de la limpieza en las instituciones. 

Otros dirigentes, en cambio, recuerdan que los indultos a los líderes soberanistas condenados no han pasado factura y creen que aquí pasará lo mismo. Quedan cinco meses para comprobarlo. De momento, la frustrada maniobra de la derecha para paralizar una votación, algo sin precedentes en el Congreso (sí ocurrió en el Parlament en 2017, con la declaración de independencia), eclipsó por completo todas estas tensiones en el seno del PSOE. 

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