El TSJC avala juzgar a la 'consellera' Garriga y a dos exaltos cargos del Govern por la preparación del 1-0

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la decisión de la jueza instructora de enviar a juicio a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, y a los exaltos cargos del Govern Josep María Jové y Lluís Salvadó por los preparativos del referéndum del 1-O.

En un auto, el TSJC desestima los recursos presentados por los investigados y envía a juicio a Garriga, acusada por un delito de desobediencia grave, y a Jové y Salvadó, en su caso por prevaricación, malversación y revelación de secretos. Se trata de un trámite previo a que la Fiscalía presente su escrito de calificación.

El TSJC envía a juicio a Jové, Salvadó y Garriga por el 1-O

Jové, ahora diputado autonómico de ERC, y Salvadó, presidente del Puerto de Barcelona, son dos de los cargos republicanos que podrían beneficiarse de la reforma del delito de malversación que su partido ha planteado ante el Congreso.

La sala ha rechazado la petición de la defensa de Jové para que se reabra la instrucción del caso con el fin de practicar varias diligencias de investigación que en su día ya fueron desestimadas. Tampoco ha aceptado la sala la petición de la abogada de Natàlia Garriga contra el auto que la envió a juicio, al entender que existen "indicios suficientes" de que la consellera de Cultura pudo cometer un delito de desobediencia grave a la autoridad, por organizar presuntamente el 1-O desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.

"Desatender los mandatos"

Garriga, Jové y Salvadó fueron detenidos el 20 de septiembre de 2017, en la operación ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para abortar la logística del 1-O que dio pie al registro de la sede del Departamento de Vicepresidencia y Economía.

Tras las últimas elecciones catalanas, Garriga fue nombrada consellera de Cultura y la causa contra ella, que estaba ya ultimada, pasó del juzgado de instrucción 13 de Barcelona al TSJC, que la incorporó al proceso contra los diputados de ERC y ex altos cargos de Economía Josep Maria Jové, quien era su superior en el Departamento, y Lluís Salvadó.

La Fiscalía sostiene que Garriga incurrió en un delito de desobediencia grave, por "desatender los mandatos" del Tribunal Constitucional y colaborar en la organización del 1-O desde su cargo de directora de servicios de la secretaría general de Vicepresidenta, pero no de malversación.

En concreto, la Fiscalía acusa a la consellera de ejercer de "enlace" entre Jové y una de las procesadas no aforadas por el 1-O para obtener un local donde almacenar el material electoral del referéndum y de "transmitir instrucciones" para la cesión de unas naves de Bigues i Riells (Barcelona).

Según el ministerio público, también hizo gestiones para que la web del referéndum pudiera ser accesible para cualquier persona y asistió a un acto en abril de 2017, organizado por el Departamento de Vicepresidencia, "con el que se pretendía transmitir a la ciudadanía el compromiso de los miembros y demás altos cargos del Govern con el referéndum ilegal que se iba a convocar en breve".

Por su parte, según el auto de procesamiento, Jové, miembro de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, tuvo una "participación activa" en la preparación del 1-O y, por su cargo como exsecretario general de Vicepresiencia, "conoció y autorizó" gastos superiores a los 2,1 millones de euros para el referéndum ilegal.

En cuanto a Salvadó, el auto de procesamiento resalta su implicación en la elaboración de las denominadas estructuras de Estado y, en concreto, de la Agencia Tributaria de una eventual Catalunya independiente que pudiera recaudar todos los impuestos de los catalanes.